El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha hecho gala del paternalismo que el Estado considera que tiene que ejercer con la Generalitat asegurando este jueves durante su comparecencia extraordinaria en el Congreso que el FLA condicionado era necesario porque el contexto político catalán, es decir, "las políticas secesionistas", serían el factor que estaría "hundiendo" la economía en Catalunya. Montoro se ha felicitado que el Govern había enviado todas las comunicaciones que acreditan que no ha hecho gastos relativos al 1 de octubre, pero ha matizado que en caso contrario el Estado no suspendería el FLA, aunque sí preveía "medidas coercitivas".
"Que la comunidad que más aporta al PIB nacional, por encima de la media, sea la comunidad con peor calificación en las agencias de rating no se explica si no es causa de su situación interna", ha expuesto el ministro como el principal argumento por el que se había aplicado la medida. En segundo lugar, el representante ministerial ha asegurado que Catalunya era de las comunidades que no había salido de la crisis económica por su "complicado" escenario político, aunque era una de las comunidades que "más dinero ha recibido" y más se habría ahorrado en intereses.
Montoro ha justificado la tutela de la Moncloa porque existía un "riesgo para la estabilidad económica" catalana y española generando "repercusiones" para los usuarios de la educación, la sanidad... así como las administraciones públicas, o los mismos funcionarios. "No podemos estar de brazos cruzados, porque si no lo vigilamos se puede agravar la situación", ha dicho. Eso supone una diferencia con la anterior aplicación del Fondo de Liquidez Autonómica, en 2012, que entonces respondía a la crisis económica, y no a una coyuntura política.
Usted es el ministro del sí, cada vez que usted interviene tenemos un voto más a favor del sí", ha dicho Esther Capella (ERC)
El ministro ha aclarado entonces que la Generalitat estaba cumpliendo el acuerdo, de manera que el FLA se mantenía. "Los mismos que dicen que harán el referéndum son los que cada semana acreditan que no se ha invertido ningún euro", se ha jactado. Los funcionarios firmantes son los interventores de las conselleries, con el apoyo certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financieros de las entidades en que no hay intervenciones delegadas, el director general de Presupuestos y el director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Todo ello hace pensar al ministro que no habrá referéndum. "Carecen de presupuesto", ha afirmado. Ahora bien, en caso de incumplimiento, ha aclarado que en ningún caso se retirará el FLA, sino que el Estado garantizaría los servicios públicos. Lo que entraría en vigor son las "medidas coercitivas" de la Ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. Es decir, los coloquialmente llamados 'hombres de negro'. Estos generarían una comisión de expertos que llevarían a la corrección del plan de ajuste –lo que podría derivar en que se intervengan de forma efectiva las finanzas catalanas.
Las palabras del ministro no han sentado bien a los grupos independentistas, quienes han señalado el paternalismo del Estado como una de las causas del proceso soberanista. "Usted es el ministro del sí, cada vez que usted interviene tenemos un voto más a favor del sí", ha dicho la diputada de ERC, Esther Capella. Esta le ha rebatido que los catalanes "sabían cómo hacer un referéndum" y el diputado del PDeCAT, Antoni Postius, ha dudado de que con estas medidas se consiguiera frenar el 1-O. "Ustedes tienen miedo y por eso no quieren jugar esta partida", le ha desafiado.
"No es sostenible que una quiebra en Catalunya no afecte al Estado", ha expuesto Xavier Domènech (En Comú Podem)
La medida tampoco ha caído bien a la diputada del PSC, Meritxell Batet, quien ha acusado a Montoro de sacar rédito del enfrentamiento con Catalunya. "Alimenta su victimismo", ha denunciado. Batet ha puesto énfasis en el hecho que el FLA era fruto de un sistema de financiación que no favorecería las comunidades autónomas, pues estaban infrafinanciadas. La cuestión es que este es un préstamo que el Estado hace para el pago de los servicios, que más tarde se tiene que devolver y parte de dinero que las autonomías envían al Estado. "No es caridad", le había recordado Capella.
El diputado de En Comú Podem, Xavier Domènech, ha criticado "la forma de hacer política" del Partido Popular, considerando que partía de una pulsión recentralizadora de los autogobiernos por parte del Estado. Primero ha acusado el alarmismo del acuerdo que condicionaba el FLA, donde se hablaba de una "situación de gravedad para el interés general". "Como si se tratara de un terremoto", ha ironizado Domènech. En segundo término, ha recordado que la economía catalana y española estaban conectadas. "No es sostenible que una quiebra en Catalunya no afecte al Estado", ha zanjado.
Desde Ciudadanos, Miguel Gutiérrez ha dudado de que realmente la Generalitat estuviera aportando información verdadera sobre que no se destinaban partidas para el referéndum. "Si lo acredita el señor Junqueras...", ha dudado. Eso llega después de que hace unos días el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegurara que el Govern ya disponía de 6.000 urnas para el referéndum. Ester Capella ha tachado a Cs del "sector más duro de la derecha", porque se intuía en el fondo una demanda para endurecer el control a Catalunya, y le ha reprochado a Montoro que tratara de "acontentarles".