Nueva ofensiva del gobierno de Mariano Rajoy contra los dirigentes catalanes. Ahora es el turno del Ministerio de Cristóbal Montoro, que quiere expedientar a Carles Puigdemont sea como sea para poder inhabilitarlo durante cuatro años. ¿El motivo? Según Hacienda, el president habría incumplido la Ley del Régimen de Incompatibilidades de los Altos Cargos al servicio de la Generalitat porque, según informa El Confidencial citando fuentes del ejecutivo estatal, Puigdemont habría ocultado parte de sus bienes.
Si el departamento de Montoro se coge a eso, podría aplicarle una inhabilitación de cuatro años ya que el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece que "las infracciones graves se sancionan con la destitución inmediata del alto cargo infractor por el órgano competente y con la publicación al Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de la declaración de incumplimiento de la presente ley" y, además, sostiene que "los altos cargos destituídos por haber incurrido en una infracción grave tipificada por la presente ley no pueden ser nombrados para ocupar ningún alto cargo durante un periodo de hasta cuatro años".
Además, y siempre según la información publicada por el diario citado, los altos cargos están obligados a presentar una presentación de actividades, una declaración patrimonial y de intereses y una declaración complementaria delante de la Conselleria correspondiente, tutelada ahora por Montoro, pero, según dicen, Puigdemont y algunas otras personalidades no lo habrían hecho.
Sin pruebas
Sin pruebas visibles que puedan presentar —a pesar del Confidencial asegure que sí que las tiene, pero no las aporte—, el ministro de Hacienda busca ahora la manera de presentar una prueba que certifique eso y también que el president fue notificado en Bélgica en febrero que tenía 15 días adicionales para enviar la información. Si consiguen demostrarlo, el Consejo de Ministros oficializaría la incoación de la causa contra Puigdemont y se lo podría acabar inhabilitando hasta cuatro años.
Ahora bien. El rotativo mencionado también apunta que si el gobierno del PP no consigue inhabilitarlo por esta vía, acabará haciéndolo el Tribunal Supremo amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso sí. Siempre que Alemania acceda a su extradición, cosa que no está nada clara porque el magistrado Pablo Llarena no ha conseguido presentar ninguna prueba que demuestre que el Govern utilizó dinero público para celebrar el referéndum.
Ya en noviembre, y después de renunciar al sueldo que corresponde a los expresidents de la Generalitat, Puigdemont emplazó a Montoro a "dedicar su tiempo a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario". Ahora, el ministro español vuelve a la carga.