Ya lo había admitido el presidente español, Mariano Rajoy, en el Congreso y ahora el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo ratifica. El referéndum del 1-O no se pagó con dinero público. Así lo ha asegurado en una entrevista en El Mundo, donde ha soltado que "yo no sé con qué dinero se pagaron estas urnas de los chinos del 1-O, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público".

Montoro, que lo justifica bajo el argumento "que" desde septiembre de 2017 tienen "el control de los 35.000 millones de euros que arregla a la Generalitat intervenida", sostiene también que el sistema finalista de pagos funciona.

Ahora bien. Después de ser preguntado y repreguntado por esta cuestión, el ministro español acaba poniendo encima de la mesa que la única opción que daría a entender que se ha hecho uso de fondo públicos para los gastos del referéndum sería en caso de que un funcionario hubiera cometido un "delito de falsificación", motivo por el cual ha recordado que, precisamente por eso, se está investigando, aunque se ha querido cuidar en salud afirmando que la interventora se arriesga a penas de prisión en caso de que se demostrara que eso ha sido así.

El gobierno español, sin embargo, no lo pone tan fácil. Montoro no tiene ningún problema a la hora de decir que "la malversación no requiere sólo un desvío de fondo: es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo".

Impedir la independencia

"Vivimos en un estado que puede impedir la independencia presupuestariamente". Convencido de que la voluntad de parte de los catalanes no prosperará, el ministro de Hacienda ha presumido de que el gobierno del PP ya lo ha hecho así y que, gracias a eso, por ejemplo, las ventas vuelven a subir y "se están recuperando".

Eso sí. Montoro se empuje a transmitir el mensaje que los independentistas "no quieren que Catalunya progrese dentro de España porque se quedan sin argumento más allá del sentimental", al mismo tiempo que asegura que todavía "hay tiempo para desbloquear Catalunya".

La justicia alemana rechazó extraditar al president Carles Puigdemont por rebelión y sólo contempla ahora la posibilidad de hacerlo por malversación de fondos públicos. Ahora bien. Por una parte, fuentes del Tribunal Supremo ya avanzaron ayer en ABC que rechazarán su entrega si no es por el delito de rebelión, castigado con penas de hasta 30 años de prisión y, de la otra, presumiblemente será difícil que, además, el tribunal de Schleswig-Holstein vuelva a Espanya Puigdemont después de que tanto el presidente español como el titular de Hacienda hayan negado públicamente que el Govern destinara un solo euro público a la organización del referéndum.