Montserrat Raga entró en la carrera judicial el año 2005 y actualmente es magistrada del juzgado contencioso-administrativo 5 de Barcelona y delegada del decanato en los diecisiete juzgados de lo contencioso, que atienden pleitos contra las administraciones en la demarcación. En esta entrevista, Raga, que también es miembro de la asociación Ágora Judicial, explica que trabajar en catalán en los juzgados todavía es un trabajo de "voluntariado" de los jueces y pide a la Generalitat más herramientas y empeño para defender la lengua propia. Empezó ejercer en un juzgado mixto y de violencia de género de Rubí, después en Vilafranca del Penedès, y en Granollers, en la jurisdicción Social. Además, Raga es pionera, junto con la letrada de la Administración de Justicia, Ascensió Capel, de aplicar la mediación en esta jurisdicción. Ahorrar tiempo y la satisfacción de las parte es la clave de la mediación, y la ha propuesto a conflictos sorprendentes. Su visión de la justicia es moderna y de servicio al ciudadano, que cierta vieja escuela todavía olvida.
Foto: La magistrada Montserrat Raga, en un momento de la entrevista / Sergi Alcàzar
Es de las pocas magistradas que escribe las resoluciones en catalán. ¿Qué se tiene que hacer para que aumente el actual 7% de sentencias redactadas en lengua propia?
Sí, yo lo hago todo en catalán. Pero el primer inconveniente que tengo es encontrar las leyes actualizadas en catalán. No hay. Además, el BOE decidió hace una semana que no haría más ediciones en catalán. Y si vas a consultar en el Portal Jurídic de la Generalitat, en nuestro ordenador siempre está colapsado. Y ahora encontrar una ley en catalán actualizada es casi imposible. Hasta el punto, que yo redacto las sentencias en catalán y cuando hago referencia a una ley la pongo en castellano. ¡Y estoy hablando de leyes aprobadas por el Parlamento de Catalunya! He llegado a este absurdo.
De verdad?
Sí. Los libritos del Parlament no están actualizados ni se pueden copiar. El primer handicap que tenemos es poder acceder a leyes catalanas actualizadas y redactadas en catalán. Nos tienen que poner instrumentos para poder hacer las sentencias en catalán. Y cuando puedes entrar en el portal jurídico de la Generalitat encontrar la normativa no es nada ágil. Nos faltan herramientas.
¿Qué más?
Falta que las universidades tengan los manuales en catalán. Si los universitarios no se empapan las leyes en catalán, no aprenden los conceptos jurídicos en catalán y entonces es más difícil que después lo utilicen.
¿En qué idioma estudió?
Los manuales eran todos en castellano y los exámenes los hacía en catalán, y profesores había unos que hablaban en catalán y otros en castellano. La oposición a la carrera judicial se hace en castellano y tienes interiorizado todos los conceptos jurídicos en castellano. Por eso, al principio tienes que hacer un esfuerzo para pensar en catalán jurídico. Y cuando llegaba a un juzgado, le pasaba todos los modelos al normalizador lingüístico. Es un trabajo tuyo, de voluntariado. Es un plus que tenemos los que queremos redactar en catalán. Sí que es verdad que está el servicio de traducción, donde puedes enviarlo todo, pero lo que yo quiero es escribir yo las resoluciones. En la escuela judicial pedí presentar algunas resoluciones en catalán y me dijeron qué sí pero qué también las presentara en castellano. Empecé a hacer el trabajo a la escuela judicial. A preparar, los modelos.
¿Qué año era?
En el 2005. La Escuela Judicial quizás ya te tendría que preparar y dar herramientas, si el catalán y el castellano son dos idiomas oficiales. Allí te tendrían que preguntar en qué idioma quiere ejercer y darte las herramientas. Todo son una serie de obstáculos... Y cuando una parte te pide que sea en castellano se lleva a traducir. En este sentido no hay ningun problema. Pero por ejemplo, buscar doctrina y opiniones de un tema, todo está en castellano. Y cuando lo buscas ya lo haces en castellano en Internet. Es cierto, que cada vez hay más manuales en catalán. El otra día fui a una presentación de un manual de Juli Ponce, de derecho administrativo en catalán y pensé: ¡Muy bien, un señor manual! Hace falta que los universitarios puedan estudiar los términos jurídicos en catalán sino es muy difícil que cambien el idioma. En los juicios lo ves, hay abogados que son catalanes y cuando hacen la exposición te dicen que cambian al castellano.
¿Qué se tiene que hacer? ¿Se tienen que exigir cuotas de catalán en los juzgados como el TSJC impone a las escuelas con el castellano?
Hace años se hicieron los planes pilotos de los juzgados que querían trabajar en catalán y se les pagaba un plus, y con esta medida se llegó a tener un 20% de las sentencias en catalán. Y si hay que ir por aquí, pues que se haga. Cuando fui al juzgado de Mollet pedí hacerlo todo en catalán y ya estaban preparados, sin embargo, después este dinero se destinó a hacer cursos a funcionarios y jueces. Sí que hay medidas que están bien como dan puntos para el curso si se practica el catalán en el juzgado. El curso está bien, sin embargo, hace más falta. Hay funcionarios que tienen el nivel C de catalán y no lo utilizan porque no están acostumbrados.
Cuando hay una causa en que interviene la Generalitat, esta presenta al juzgado el acuerdo de gobierno que indica que se tiene que tramitar en catalán, pero no hace el seguimiento. Y no protesta si al final se hace en castellano. Lo tendría que hacer. Ahora, la sala de gobierno del TSJC ha indicado que es el magistrado quien ha de garantizar la opción lingüística. Ha costado, sin embargo.
Montserrat Raga en su despacho de la ciudad de la Justicia / Foto: Sergi Alcàzar
¿Y los jueces?
Ya sabemos que es difícil que el conocimiento del catalán sea un requisito para ejercer en Catalunya. Creo, que no se conseguirá nunca. Es conciencia de cada persona. Si yo fuera al País Vasco, sé que el euskera es muy difícil pero intentaría aprenderlo, como el gallego. Es por respeto al lugar donde ejerces y a las personas que viven allí. Y también hay que decir que la Generalitat tiene que defender y hacer seguimiento que sus causas se tramiten en catalán, como fija el acuerdo de gobierno de la Generalitat de Catalunya. Normalmente, lo pide pero si después la tramitación es en castellano no se queja. No hace nada. Y hay que exigirlo. Es cierto, que tenemos recientes acuerdos de la sala de gobierno del TSJC que obliga a respetarlo y que indica que son los magistrados a quienes corresponde garantizar la opción lingüística. En muchos juzgados costó, la verdad. El criterio que ahora domina es que si la demanda se presenta en catalán se tiene que hacer en esta lengua. Ha costado.
Ágora Judicial, como todas las asociaciones judiciales, esta vez sí que ha dado apoyo a la petición de la sala de gobierno del TSJC y del CGPJ para que el Ministerio de Justicia apruebe que se dé un complemento específico para que los jueces no se marchen de Catalunya.
Sí. Aprobamos el complemento que pide la sala de gobierno del TSJC y el CGPJ. La marcha de jueces de Catalunya es un problema estructural que tenemos de hace años. Aquí no hay tradición a opositar, el coste de la vida es más alto en Catalunya y lo que queremos es una planta judicial que funcione y si se tiene que ir por aquí, pues que se haga. Es un problema que hemos tenido siempre. Se dan becas para preparar las oposiciones en el Centre de Estudis Jurídics, pero en Catalunya no hay tradición de opositar. Además, es muy duro. Aquí somos más comerciantes. Cuando tienen un destino tiene que estar dos años y su marcha crea inestabilidad a los juzgados. Un juzgado lo peor que le puede pasar es que entren muchos jueces y son juzgados que se colapsan. Si sabes que sólo vas por un año, no te pones. Y si estás por tiempo haces limpieza y mantienes bien tu juzgado. El complemento económico es una medida que tiene que repercutir en el ciudadano, al darle mejor servicio, y por eso le dimos nuestro apoyo. Pasa también con los funcionarios y con los letrados de la Administración de Justicia.
¿El idioma es uno de los motivos de que los jueces se marchen de Catalunya?
Sí. Los jueces cuando llegan a pequeños juzgados por ejemplo reciben los atestados de los Mossos en catalán. Una buena medida es que la Escuela Judicial esté en Barcelona, ayuda y mucho para que nos conozcan realmente y nuestra cultura. Hay a quien hace el curso de catalán en la Escuela Judicial porque da puntos para quedarse aquí. Y ciertamente, en un año que estás en la Escuela Judicial se acaba entendiendo el catalán. En la Escuela Judicial, tenía una compañera, Amaya Olivas, que te pedía que le hablaras en catalán a la semana de estar ahí. Y otroseran reticentes. ¡El Amaya era excepcional!
¿Los jueces catalanes se sienten excluidos, después del proceso fallido de independencia de Catalunya?
No. En la jurisdicción contenciosa, todos los compañeros son muy respetuosos.
¿Y en el 2017?
En el punto álgido sí que había cierta tensión. En algunos casos sí que hubo un ambiente enrarecido. Había más tensión. Ahora estamos tranquilos. Y lo que intentas siempre es que a nivel profesional no te afecte hacer bien a tu trabajo. Tú puedes tener tu ideología y tus ideas políticas, pero que en ningún momento interfieren en tu trabajo.
La sociedad catalana que es partidaria del procés independentista ha identificado la justicia como del otro bando. Y es erróneo. Sobre todo de los jueces que venimos cada día a trabajar a los juzgados unipersonales. La carrera judicial tiene un sentir mayoritario conservador, sin embargo, hay jueces que defienden derechos y su vulneración en todos los ámbitos
¿El conflicto político Catalunya-Espanya ha dañado la imagen de los jueces?
Lo ha dañado en el sentido que la sociedad catalana que es partidaria del procés independentista ha identificado la justicia como de la del otro bando. Y es erróneo. Sobre todo de los jueces que venimos cada día a trabajar, en los juzgados unipersonales. Habrá excepciones. Hay mucha diversidad. Y sí que es verdad que el sentir mayoritario de la carrera judicial es conservador, tema que va ligado al sistema de acceso a la carrera judicial. Y si no cambiamos este sistema, es difícil. Hay muy poca gente que después de hacer la carrera pueda estar cuatro o cinco años estudiando unas oposiciones. Yo lo pregunté en casa, y mi padre que es abogado me dijo: De acuerdo, pero vienes al despacho a hacer de secretaría. És mucho dinero, aunque gastamos muy poco los opositores. Y a pesar de este sentir mayoritario, hay magistrados que defienden derechos o su vulneración y que son críticos en todos los ámbitos.
¿Y el Consejo General del Poder Judicial?
Todos los jueces estamos diciendo que se renueve ya el Consejo. Es una imagen de mercadeo que nos perjudica en todos. Habría que designar a quien tocara por sus méritos, y no por un intercambio de cromos. O como el actual Tribunal Constitucional.
La carrera judicial se ha feminizado. Las mujeres representan a un 55% de total de 5.320 jueces y magistrados en ejercicio, según el CGPJ. Sólo son mayoría los hombres en la franja de más de 61 años. ¿Faltan más mujeres en los altos cargos de la judicatura?
Sí, somos mayoría. Cuando aprobé la oposición ya éramos muchas. Y sí falta que lleguen más arriba, todo no que no soy partidaria de las cuotas. Aunque sí se tendría que tener en cuenta. Cuando tuve mis hijas hubo unos años que no hacía cursos de formación, y que los hombres no dejan de hacer. No quiere decir que pensara que mi marido no pudiera cuidárlas, sino que yo como madre quería estar con ellas. Todavía hay gente que tiene perjuicios hacia las mujeres. Sin embargo, a nivel de oposiciones se demuestra que aprueban más las mujeres porque son más constante. Además, es un tipo de carrera donde la maternidad no es un obstáculo. No es como en los grandes despachos de abogados o cuando eres autónoma que son madres y a las semanas se tienen que incorporar al trabajo. Las juezas tenemos la suerte de que tenemos la baja, las excedencias, que tendrían que tener todas las mujeres. Eso no lo tienes en cuenta cuando estás estudiando la oposición, pero cuando estás, lo valoras. Y es un trabajo donde te puedes organizar tú misma, aunque tienes control del servicio de inspección del Consejo.Tienes que ser una persona responsable.
Foto: La magistrada, en las instalaciones judiciales/ Sergi Alcàzar
¿En estos dieciséis años de ejercer, ha cambiado su opinión de porqué quería ser jueza?
Primero lo escogí porque pensaba que el juez era a quien decide al final de todo. Aunque creo que gracias al trabajo que hacen los abogados cambian muchas cosas. Es un gran trabajo. El abogado tiene el difícil trabajo de que el ciudadano le viene con un hecho y él lo tiene que situar o encajar en una norma o una ley. El abogado te sitúa en el parámetro jurídico. Después he visto que a través de la justicia puedes cambiar y puedes ayudar a mucha gente. Primero no te lo planteas cuándo estás estudiando, al menos yo no. Primero escogí la carrera porque me gusta mucho el derecho y porque era quien decidía, y ahora sobre todo es de hacer justicia, no tanto la formal sino también la material.
Usted y la letrada de la Administración de Justicia del juzgado contencioso administrativo 17 de Barcelona, Ascensió Capel, fueron pioneras al proponer la mediación en los litigios de su jurisdicción, en el 2017. Y son autoras de una guía, aprobada por el CGPJ en el 2020. ¿Funciona la mediación en esta jurisdicción, donde el ciudadano se enfrenta a la administración?
Sí está funcionando. Se llegan a acuerdos. De las mediaciones que empiezan, las posibilidades de acuerdo llegan a un 40%, que está muy bien. El handicap que nos estamos encontrando ahora está en el pago de los mediadores. Inicialmente, en el plan piloto la mediación era gratuita, los pagaba el Departamento de Justicia. Primero era gratuito, después el Departamento de Justicia designó una partida, unos 40 euros por sesión y se ha incrementado, pero sigue siendo una aportación muy simbólica. Hay casos de Urbanismo complejos y que además se mueven cantidades ingentes de dinero, y el mediador tiene uno gran trabajo. Una opción sería que el mediador presentara un presupuesto en la sesión informativa. Pero como la mediación es con la administración, esta no lo puede admitir así, se tendría que hacer una licitación, es un procedimiento administrativo. Es complicado. Por eso, desde un principio acudimos al Centre de Mediació de Catalunya porque tenía que ser una mediación pública para que la administración no tuviera que pagar nada porque no hay un procedimiento reglado. Los mediadores tienen que cobrar como toca. Y ahora tenemos que encontrar la posibilidad, a nivel de reforma legislativa, de salvar este escollo, que es complicado.
La Generalitat es de las administraciones que menos entra a hacer mediación, aunque el Departamento de Justicia la promueve. Hay que informar a los Serveis Jurídics de la Generalitat. Y hay que felicitar al Ayuntamiento de Barcelona porque acepta hacer mediaciones
¿En qué ámbitos funciona más la mediación?
Las materias son muy diversas. Tenemos acuerdos en el ámbito urbanístico, de ruidos, con procedimientos sancionadores, también de ejecución de sentencias. En partes de los acuerdos de mediación, una vez les dices la posibilidad de ir a mediación, las partes llegan a un acuerdo. Es igual que sea un acuerdo entre ellas solas, o con un mediador. También hay temas muy técnicos, de discusión muy técnica, como la limpieza de unos terrenos donde hay residuos y como se tiene que limpiar y quien lo tiene que hacer. Los técnicos de cada parte se entienden más y pueden llegar a un acuerdo.
¿Y dónde no funciona?
Pues, en el tema de las responsabilidades patrimoniales porque las compañías aseguradoras no quieren la mediación, supongo que es porque se mueven por motivos económicos y tienen sus tablas hechas. Es otro handicap. Hemos visto que las leyes de responsabilidad patrimonial preven acuerdos, sin embargo, hay compañías que no las quieren. Y ya no derivo casos. Quizás también haría falta una reforma legislativa o una cláusula en los contratos que si la administración admite ir a mediación, pues, la compañía lo tendría que aceptar.
¿Y con respecto a las administraciones, todas aceptan la mediación para resolver pleitos?
Pues, la Generalitat cuesta que entre en la mediación. Por una parte, el Departamento de Justicia la promueve, con el plan piloto y la guía, y por la otra lado no la quieren.
¿Por qué?
Quizás falta conocimiento o información por parte de los Serveis Jurídics de la Generalitat. La Generalitat de Catalunya se cierra mucho a la mediación, mientras el Ayuntamiento de Barcelona es de las administraciones más abiertas a la mediación, y en este sentido hay que felicitarlo. Y también hay ayuntamientos que entran en la mediación, y especialmente ayuntamientos pequeños porque la mayoría son conflictos entre vecinos y se conocen.
¿Y en el ámbito de Extranjería ha propuesto alguna mediación?
No. En Extranjería no hemos hecho ninguna mediación porque Extranjería es difícil que encaje la figura de la mediación. Es verdad que propusimos la mediación para Extranjería y nos reunimos con la Abogacía del Estado y ellos estuvieron abiertos, no se negaron, pero la hemos descartado. El mediador se encarga de hacer mediación y no es el problema de Extranjería, donde lo que hace falta es que se actualicen determinadas actuaciones. Es decir, la Subdelegación del Gobierno en Catalunya lo tendría que revisar, como en el caso de las circunstancias sobrevenidas: que sean padres de un progenitor que tiene la nacionalidad, o que la persona ahora esté trabajando. Hace más falta la revisión de las situaciones nuevas que de una mediación, y que podrían dar soluciones diferentes. Y también a la inversa, situaciones de la persona extranjera que se preocupa con una autorización y hay que explicarle que hace falta que la deje porque tiene los requisitos de otra. Quizás es falta de información entre las dos partes y se discuten. En el juzgado decidimos las resoluciones administrativas dos años más tarde, y en este tiempo han podido pasar muchas cosas. La persona se puede haber casado con una persona española, puede tener trabajo...hay una jurisprudencia que entiende que se tiene que resolver en el momento del expediente, pero también otra que dice que hay que valorar las circunstancias sobrevenidas, que son las más recientes y actuales a la situación de la persona. Tienes que decidir sobre una realidad existente. También cuando en el expediente consta que tenía antecedentes penales, pero cuando revisamos el caso ya los ha cumplido y están cancelados. Hay que solucionarlo. Tenemos que ser más prácticos y evitar burocracia.
¿Explíqueme un caso de mediación?
Hay un caso de una señora que le pusieron una multa de 30.000 euros porque tenía muchos gatos en su casa, y tenía el síndrome del arca de Noé. Era una señora mayor. Lo que no tiene sentido es imponerle una multa, lo que hace falta es hacerle entender que no puede tener tantos animales en su casa por cuestiones de salud. Y se llegó a un acuerdo con lo Ayuntamiento de Barcelona y con la intervención de Servicios Sociales. Los abogados de las dos partes entendieron que hacía falta la mediación, que la solución no era sancionar a esta persona, que seguramente el Ayuntamiento ni podría cobrar la multa. Era una medida cautelar y al final lo resolvimos a través de la mediación con Servicios Sociales ya que vimos que esta persona tenía una patología, y que hacía falta tratarla y no sancionarla.
Hemos derivado a mediación casos de bullying en escuelas públicas que no tendrían que llegar a los juzgados. Los padres denuncian la expulsión porque sigue un protocolo de la Generalitat. ¿Quieren que hagamos un juicio y citamos toda una clase? Se tiene que resolver de otra forma
Foto: La magistrada Raga, delante del edificio judicial, en Barcelona /Sergi Alcàzar
¿Otro caso?
También estamos derivando a mediación, que ya no tendrían que llegar al juzgado, los temas de bullying en las escuelas públicas. Ante un caso de bullying hay un protocolo de la Generalitat que fija que si se evidencia que un alumno tiene esta conducta se la expulsa o se lo cambia de centro. Y la solución no es esta porque los padres vienen y recurren la decisión del centro en el sentido de que no era verdad la conducta...Y eso lo derivamos a mediación. El otra día hicimos una reunión en el ámbito de Educación para resolverlo. ¿Porque qué pretenden que hagamos un juicio y citemos a los alumnos de una clase? Se tiene que hacer un trabajo entre el presunto asediador y el que se ha visto afectado y un trabajo de integración. La expulsión no soluciona el problema y se puede derivar a otro centro. El agresor tiene que entender que no lo puede hacer, y la víctima recuperar su autoestima. Los psicólogos tienen que decidir como hacerlo, y si primero de todo hace falta separarlos. Sin embargo, en estos casos, también nos encontramos con que a la Generalitat le cuesta, y mucho, entrar a hacer una mediación.
Se indica que la jurisdicción contenciosa-administrativa es la más colapsada. ¿Es así?
Sí, aunque hemos mejorado. El año 2020 tenemos un colapso en los juzgados, que viene producido por la pandemia de la Covid-19. Muchos procedimientos se suspendieron y, además, en nuestra jurisdicción para evitar las vistas orales ahora ha pasado a ser un trámite por escrito, que no controlas y es mucho más trabajo por la oficina porque tienes que dar traslado a las partes para que contesten. Es mucho más trabajo. Los diecisiete juzgados del contencioso de Barcelona pedimos una medida de auto-refuerzo que se nos denegó por parte del Consejo General del Poder Judicial, mientras a otras jurisdicciones, como Mercantil y Social, se han aprobado.
¿Por qué se les ha denegado el refuerzo?
Nos dimos cuenta de que si hacíamos una media de treinta sentencias al mes habíamos pasado a dictar casi a 60. El CGPJ se fija en los módulo de entrada de demandas, que ahora ya las pasamos, pero cuando pedimos la medida no. El problema no es la entrada de casos sino que tenemos un tapón de demandas. Quizás, es la misma administración que no quiere que funcionemos bien...Y ahora este año ya superamos las entradas. El módulo de entrada está en unas 540 demandas, pero un juzgado contencioso que tenga al año 600 demandas es un juzgado colapsado. Y nos hemos quedado sin salas de vistas, y las tenemos que ir a hacer a Civil. Con la pandemia, la oralidad se nos va y el escrito carga el juzgado y hace que vaya más lento, aunque todo esté en formato telemático.
Foto principal: La magistrada Montserrat Raga, delante del edificio de la Ciutat de la Justícia de Barcelona / Sergi Alcàzar