"Institución", "18.000 euros", "Borràs" y "Laura Borràs". Estas son las palabras clave que los Mossos de Esquadra pusieron en el ordenador de Isaías Herrero para buscar las supuestas irregularidades que Herrero aseguró que tenía con la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cuando el 3 de diciembre de 2017, dijo a un amigo que "tenía unos trapis con la Institució". Así lo ha detallado un agente de los Mossos de Esquadra en la sesión de este miércoles por la tarde, la quinta, del juicio contra la presidenta de Junts por su gestión como directora de la Institució de 2013 a 2017, además de Herrero y Andreu Vidal, en el TSJC. A preguntas del abogado de Borràs, Gonzalo Boye, el agente ha admitido que cuando hicieron esta búsqueda, en noviembre de 2018, Borràs era consellera de Cultura, y, por lo tanto, aforada en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Es decir, el TSJC era el único órgano que la podía investigar, pero la causa estaba entonces en un juzgado de Barcelona. "Ustedes lo ponen en negrita que es aforada", le ha requerido Boye, y el agente le ha respondido: "Recaudábamos información, no la investigábamos a ella".
Antes, a preguntas de la fiscal Teresa Duerto, el jefe de la unidad de investigación de los Mossos de Esquadra ha explicado el origen de la investigación para validarla. Ha detallado que primero investigaban a Isaías Herrero, con la tutela de un juzgado de Manresa, por tráfico de drogas y falsificación de monedas, y que en una conversación intervenida, le escuchan que afirma a un amigo que tiene "trapis en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)", el 3 de diciembre de 2017, y amplían la investigación al delito de falsedad documental, y piden facturas a Herrero y a la Institució.
El juez de Manresa derivó la causa de la ILC a un juzgado de Barcelona, que en verano de 2018 recayó en la titular del juzgado de instrucción 9 de Barcelona, y que autorizó a los Mossos a hacer entradas y registros en la ILC, en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y en casa de Herrero, el 27 noviembre de 2018. "Al principio, no investigábamos a Borràs, no sabíamos quién de la Institució hacía los contratos con Herrero", ha asegurado el sargento. No obstante, al día siguiente, sin embargo, algunos medios de comunicación atribuyeron a Laura Borràs las adjudicaciones supuestamente irregulares de la ILC a Herrero.
Por estas filtraciones, la titular del juzgado de Barcelona, la magistrada Sílvia López Mejía, sacó la investigación a los Mossos y la adjudicó a la Guardia Civil. Afirmación ratificada por el sargento en el juicio en el TSJC. Un segundo agente ha confirmado que pidieron investigar "la estructura informática" de Herrero, no solo un Gmail, sin embargo, que no lo hicieron y lo entregaron todo al juzgado cuando les sacaron la investigación. La jueza de Barcelona derivó las sospechas contra Borràs al Tribunal Supremo en diciembre 2019, cuando entonces era diputada por Junts en el Congreso de los Diputados. Y, al final, la causa volvió al TSJC cuando Borràs fue nombrada presidenta del Parlament, ahora suspendida por esta causa.
Por las contrataciones en la Institució, la Fiscalía pide 6 años de prisión y 21 años de inhabilitación a Borràs y Herrero por los delitos de falsedad documental y prevaricación. Herrero confesó e incriminó a Borràs en el juicio.
La investigación de Mossos
En los interrogatorios a los agentes, el abogado Gonzalo Boye ha preguntado uno a uno si la funcionaria Assumpta Pagespetit los alertó de alguna irregularidad en la concesión de contratos en la Institució, y lo han negado. En la sesión de este miércoles por la mañana, Pagespetit ha asegurado en el juicio que alertó a Borràs de que no se podían hacer tantos fraccionamientos y que había que ir al contrato de negociado con respecto a la renovación de la web de la ILC, y que Borràs le dijo que eran proyectos diferentes y que no hacía falta.
La custodia de los correos
Boye también ha insistido en preguntar a los agentes de los Mossos qué permiso les había dado el juzgado de Barcelona para recoger información del ordenador de Herrero y del CTTI. Para la defensa de Borràs, los Mossos se excedieron en la recogida de correos electrónicos de Herrero, y por eso, pide que se expulse como prueba, además de que no se respetó la cadena de custodia de los discos duros y del USB usados.
Boye ha vuelto a vivir un choque verbal con el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, cuando la fiscal Teresa Duerto ha pedido nueva prueba e interrogar a agentes peritos —ya citados— sobre la validez de la cadena de custodia de los correos electrónicos recogidos por los Mossos. Barrientos ha asegurado que al inicio del juicio lo permitió. Con todo, el presidente del TSJC ha hecho preguntas a uno de los agentes técnicos para que aclarara si la herramienta que tenía el USB podía alterar o no el contenido de la documentación copiada, y ha dicho que "no altera nada". Un segundo agente le ha dicho lo mismo a Boye.
Interrogatorio exhaustivo
Uno de los agentes peritos ha hecho la declaración con el apoyo de un ordenador, que ha sorprendido a la defensa de Borràs y el presidente del TSJC ha aclarado que ha sido el tribunal quien pidió a los Mossos que vinieran preparados para ilustrar al tribunal, y ha dado por notificadas a las partes, en la misma vista. La fiscal Teresa Duerto ha demostrado que se ha preparado el interrogatorio del perito testigo, y ante la queja de la defensa de Borràs por su exhaustividad, ha asegurado que tiene que demostrar que se ha respetado la cadena de custodia del material obtenido en los registros de esta investigación y que la defensa de Borràs cuestiona.
Por su parte, Gonzalo Boye ha interrogado al técnico si copiaron unos dominios del ordenador de Herrero, como por ejemplo lletrescatalanes.cat, y el informático ha dudado y ha explicado que el jefe de los Mossos era quien les hacía buscar y copiar documentos el mismo día del registro y que del correo electrónico de Herrero "lo bajaron todo". El magistrado Barrientos, en nombre del tribunal, ha vuelto a hacer preguntas, por segunda vez, a un testigo informático, hecho que evidencia la importancia que tendrá la polémica sobre la obtención de los correos en la sentencia. La sesión de la tarde, en la cual han declarado siete agentes de los Mossos, ha acabado pasadas las ocho y media de la tarde.
Este jueves continúa la declaración de más testigos, agentes de los Mossos y de la Guardia Civil, además de los exconsellers de Cultura Ferran Mascarell y Santi Vila.