Paso importante. Los Mossos de Esquadra es el cuerpo policial escogido por la justicia para analizar los móviles de políticos y activistas catalanes que han denunciado haber sido espiados con el software Pegasus, según han confirmado a ElNacional.cat fuentes oficiales. Después de meses de tira y afloja, finalmente, los dirigentes de ERC afectados aportarán sus móviles a los distintos juzgados que investigan Pegasus a fin de que una unidad especializada de la policía catalana analice si encuentra el rastro de esta infección, que ya han documentado con una pericial privada en el juzgado. En el caso de los afectados de Òmnium Cultural y la CUP, no aportarán los móviles, sino una copia sellada ante notario y también han aportado un peritaje. Los expertos de los Mossos también analizarán estas copias, y serán los peritos de los juzgados. Por su parte, los querellantes de la ANC, por ahora, no han aportado los aparatos al juzgado al "no fiarse de la justicia española", y piden el apoyo de la Europol (agencia de la UE que coordina y facilita actuaciones entre países para perseguir organizaciones criminales), además de aportar un peritaje privado, que certifica la intrusión.
Las querellas de los independentistas continúan repartidos en diferentes juzgados de Barcelona, donde hasta ahora se han atascado las investigaciones por tres motivos: el Gobierno no quiere levantar el secreto sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene este software espía, apelando a la seguridad de Estado; el gobierno israelí no quiere colaborar con las autoridades judiciales españolas, ni siquiera con la Audiencia Nacional sobre el espionaje al presidente Pedro Sánchez, y finalmente, los querellantes no querían aportar sus móviles al asegurar que ya aportaban pruebas periciales, que lo corroboraban, aparte de la investigación del grupo canadiense. Ahora, la mayoría ha aceptado aportar los aparatos o copias de su contenido. Todos denuncian haber sufrido vulneración al derecho a la intimidad y del secreto de las comunicaciones, y señalan al Gobierno u organismos del Estado como los supuestos autores de estos delitos.
"Indicios" de espionaje
El abril pasado, Òmnium Cultural reveló que un informe pericial encargado por la entidad constata "indicios de compromiso para el software Pegasus" en los teléfonos móviles del vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri; a la periodista Txell Bonet, par del exvicepresidente Jordi Cuixart, y a la responsable del área internacional, Elena Jiménez, en diferentes momentos entre el 2017 y el 2020. La causa de Òmnium está en el juzgado de instrucción 21 de Barcelona.
Con respecto a los querellantes de la CUP, finalmente, el titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que tiene la primera querella de ERC medio archivada (el caso Roger Torrent y Ernest Maragall), aceptó la causa de los anticapitalistas. Los afectados son: el periodista y exdiputado David Fernández; el exdiputado de la CUP en el Congreso, Albert Bortran, y el diputado en el Parlament, Carles Riera. El abogado Benet Salellas, que pilota las causas de Òmnium y la CUP, es quien ha decidido presentar una copia de los móviles al juzgado.
La declaración de la directora del CNI
Por su parte, el penalista Andreu Van den Eynde, que dirige las querellas de los republicanos, y la suya propia, consiguió que la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, Eva Moltó, fuera la primera en pedir al Consejo de Ministros que levantara el secreto del CNI con el fin de aclarar si usa Pegasus y si espió al diputado Josep Maria Jové y a la europarlamentaria Diana Riba. En agosto, sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez respondió con un portazo, a pesar de añadir que a los dos republicanos no se les había investigado y que la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, podría ser citada a declarar en el juzgado solo por este extremo. Casteleiro ya hizo uno por triste en el Parlamento Europeo y no aclaró nada apelante al secreto nacional. Su citación en el juzgado de Barcelona está pendiente. Además, el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, Santiago García, finalmente ha asumido la causa del presidente Pere Aragonès.
Aparte, el director de la Oficina de Comunicación y Estrategia del presidente de la Generalitat, Sergi Sabrià, ha sido el primero en entregar su móvil en el juzgado de instrucción 23 de Barcelona, para que la unidad de los Mossos intente aclarar más detalles que fue espiado con el software Pegasus entre la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno -que recibió los vitales votos de ERC-, el inicio de la mesa de negociación con el PSOE, y hasta la llegada de la pandemia, según fuentes jurídicas. En aquellas fechas, Sabrià era jefe del grupo parlamentario de ERC. Con respecto a ERC, el espionaje al abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde y al eurodiputado Jordi Solé, se analiza en el juzgado de instrucción 24 de Barcelona, y la Audiencia de Barcelona ya ha dejado claro que la policía no puede hurgar en el móvil del letrado.
La ANC quiere la implicación de la Europol
Por su parte, los expresidentes de la ANC, Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, y los miembros de la Asamblea Sònia Urpí, Arià Bayé o Jordi Domingo han aportado a la titular del juzgado de instrucción 23 de Barcelona el peritaje que realizó la empresa Evidentia, que confirmó las infecciones a sus móviles, según ha informado la entidad a ElNacional.cat. La magistrada insiste en que tienen que aportar los aparatos al juzgado. El abogado de la ANC, Antoni Abat, ha pedido a la magistrada que se hagan más pruebas y que se pida a la Europol que se implique en esta investigación.
En concreto, la Asamblea solicita las nuevas pruebas en el marco de las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo y la Comisión, el junio pasado, sobre la investigación del uso de Pegasus y de programas espías equivalentes. Así, insiste en que hay que pedir una comisión rogatoria internacional a Irlanda y que se requiera a NSO GROUP, Q.Cyber Technologies Limited y OSY Technologies si espiaron a los miembros de la ANC. Y, también que se oficie, a través de autorización judicial, a la empresa WHATSAPP IRELAND LIMITED, con domicilio en Dublín, si su empresa tiene conocimiento de las infecciones con Pegasus en el móvil de Jordi Domingo entre abril y mayo de 2019.
El espionaje avalado por el Supremo
El abogado de la ANC añade que Paluzie y Sànchez fueron espiados con el aval de una orden judicial -del juez del Supremo que aprueba las acciones del CNI-, según diversa información pública, y por eso solicita que "se dé acceso a la orden judicial con el fin de conocer las motivaciones y justificaciones de la misma y el órgano judicial que emitió esta autorización", con la cual Abat ya concluye que "se vulneró el principio de proporcionalidad". En este sentido, también se pide que ante las informaciones que el CNI usa el software Pegasus, se pida al Consejo de Ministros la desclasificación de la información relacionada con los querellantes y que se cite a declarar a su directora, Esperanza Casteleiro.
Finalmente, se solicita"invitar a la Europol a participar en las investigaciones ante su pericia técnica". En concreto, se pide que se pregunte si los miembros de la ANC pueden entregar sus terminales a este cuerpo policial de la UE "con el fin de aprovechar su experiencia en este tipo de delitos".
En la foto principal, una protesta contra el espionaje español, descubierto en la investigación CatalanGate. / Foto: Eva Parey