Los Mossos d'Esquadra han confirmado que diputados de la CUP también fueron espiados con el software malicioso Pegasus. Esta es la segunda ratificación por encargo judicial, después de que la policía catalana certificara por primera vez el espionaje a dirigentes de ERC. En concreto, el diputado Carles Riera sufrió la infección a uno de sus móviles durante el febrero de 2019 y se le extrajo como mínimo 21,03 megabytes en información que tenía en el terminal, de la cual se desconoce dónde se envió. También tienen indicios que el móvil de Albert Botran fue infectado en el 2020, cuando era diputado de la CUP en el Congreso de los Diputados, pero indican que necesitan una investigación mayor para asegurar que la infección fue de Pegasus, mientras que la copia del móvil aportada por el exdiputado y periodista David Fernàndez no la han podido analizar por falta de la contraseña. Así lo recoge el informe que la Unidad Central Informática Forense de la policía catalana, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, y que se ha entregado al titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que junto con la Fiscalía, exigía una pericial oficial sobre este espionaje denunciado por los tres cupaires en una querella, presentada en abril del 2022.
El grupo canadiense Citizen Lab en la investigación CatalanGate destapó hace dos años que se había espiado cerca de una sesentena de políticos y activistas del independentismo catalán, donde estaban Riera, Botran y Fernàndez. Los tres, a través del penalista Benet Salellas, presentaron la querella por este espionaje que atribuyen al Gobierno, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y presentaron una pericial privada, de la empresa Evidentia, que evidencia esta intrusión descubierta por Citizen Lab, y ahora ratificada por los Mossos, por tercera vez ante la exigencia judicial.
Tres de ERC confirmados
Las querellas por el espionaje a independentistas no están unificadas en un único juzgado, el magistrado del cual podría ver el mismo patrón de intrusión, según los abogados y que ahora confirman los especialistas de los Mossos. Así, la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, que investiga a una parte de los afectados de ERC, recibió, en enero pasado, el primer informe de los Mossos que confirman la infección con Pegasus en los móviles de la eurodiputada Diana Riba, del diputado Josep Maria Jové y el exdiputado Sergi Sabrià. Ahora, los Mossos ratifiquen, en un segundo informe, el espionaje a cargos partido de la CUP.
Además de denunciar al CNI, todos los afectados por Pegasus -de ERC, la CUP, Òmnium Cultural y la ANC- también se querellaron contra NSO, propietaria del malware Pegasus -que vende a agencias gubernamentales para combatir el crimen organizado y el terrorismo-, sin que ninguno de sus responsables, de Israel y Luxemburgo, se hayan presentado en ninguno de los juzgados de Barcelona que investigan este espionaje.
Información robada
En el informe de los móviles de la CUP, la policía catalana explica cómo han realizado la pericial, y que buscan los llamados indicadores de compromiso, que Amnistía Internacional (primero fue Citizen Lab, en el 2016) ha identificado que usa el software malicioso Pegasus. En uno de los dos móviles de Carles Riera, detalla que el 6 y el 8 de febrero de 2019 recibió tres SMS sobre noticias que tenían "enlaces a direcciones de dominios incluidos en el software Pegasus", y como mínimo cliqueó en dos de estos enlaces maliciosos. Los enlaces de febrero se titulaban Juicio a la Democracia y La salida de pactar el desacuerdo, que fueron los que lo habrían infectado; y otro en junio con el mensaje Independentismo y Comunes forman una nueva alternativa pública apoyada por Roures.
Los peritos concluyen que el iPhone usado por Carles Riera "ha sido infectado por un software malicioso que deja los mismos rastros que el software conocido como Pegasus entre las fechas de 6 a 26 de febrero de 2019". Era el inicio del juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo, en Madrid. En estas fechas -añaden- "los procesos detectados enviaron a un destino desconocido, utilizando internet, un mínimo de 21,03 megaytes de información extrafiltrada. Es decir, de información que había en el terminal y que se copió y se transfirió sin el consentimiento ni conocimiento del usuario del móvil. Es, pues, información robada, que confirmaría el delito de descubrimiento y revelación de secretos, a pesar de que, hasta ahora, no se ha identificado que sea el CNI. Sin embargo, el gobierno del PSOE admitió el uso de Pegasus contra el independentismo catalán.
En el caso de la copia de seguridad aportada por Albert Botarán, los Mossos precisan que se le ha localizado 1 indicador de compromiso, el 2 de diciembre de 2020, el cual está relacionado con el software Pegasus, y se descargó 6 megabytes de información y subió a internet un total de 15,9 megabytes de información. Con todo, añade que este indicador no implica la detección automática del software malicioso Pegasus. Y por eso, los peritos de los Mossos sostienen que necesitan el terminal de Botran para hacer un análisis más ajustado.
Reclamación de desclasificación
Ante este informe, que confirma el espionaje a la formación anticapitalista, el exdiputado y abogado Benet Salellas ha vuelto a presentar un escrito en que reclama al magistrado que dé trámite a todas las 15 diligencias que solicitó, y que aprobó la sección 6.ª de la Audiencia de Barcelona. La principal es que el magistrado pida al Consejo de Ministros que desclasifique documentación del CNI para que aclare si espió a los cupaires y con qué motivo. Razona, que el gobierno de Pedro Sánchez lo aprobó, a pesar de que de forma parcial, en el caso del president Pere Aragonès, donde se admitió que se le espió del 2019 en el 2020 con el insólito argumento que podría ser responsable de las movilizaciones de los CDR. En el caso de Riba y Jové, el ejecutivo del PSOE no admitió desclasificar documentos, y sostuvo que no los había espiado.
En la comisión de secretos, el CNI admitió el seguimiento a 18 políticos y del entorno del independentismo catalán, como Aragonès, cuando era vicepresidente. Salellas también detalla informes del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo, que ha reclamado al Estado español que limite el uso de la herramienta Pegasus, centrada para controlar a supuestos terroristas, y que indemnice a las víctimas.
Con respecto a las periciales, ahora el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, el único que ha imputado a una responsable estatal (la exdirectora del CNI) por el caso Pegasus, ha pedido al president Pere Aragonès que aporte su móvil para que los Mossos también lo analicen. En su caso, una empresa privada también ha determinado que sufrió la intrusión en el 2018, es decir, un año antes del permiso del Tribunal Supremo en el CNI, permitido del 2019 en el 2020. ERC considera que este aval judicial también es irregular porque es espionaje por motivos políticos, y no por hechos supuestamente delictivos.