Del mismo modo que el 1-O se quiso evitar la imagen de los Mossos d'Esquadra requisando urnas, la mayoría del Gobierno tiene claro que enviar a los agentes de la policía catalana a descolgar la simbología contra la represión a presos y exiliados es una fotografía que no suma, sino que resta. De aquí que en las últimas horas la mayoría de consellers hayan llegado a la conclusión de que para evitarlo, lo más conveniente es sacar los nuevos lazos y pancartas de 'motu proprio' antes de que se cumpla el enésimo ultimátum de la Junta Electoral Central. Así lo confirman a El Nacional.

A las tres del mediodía de este viernes vence el plazo que la JEC ha dado al Departamento de Interior, y por lo tanto al conseller Miquel Buch, para indicar a los agentes que procedan a la retirada de los "símbolos partidistas". A primera hora de la mañana fuentes de Interior aseguran que todavía no han recibido la notificación formal, pero afirman que creen que será inminente. Así mismo dejan claro que "todo el mundo tiene bien claro que en esta batalla de símbolos no se puede poner en un compromiso a los Mossos, porque se trata de un conflicto estrictamente político".

La incomodidad en el seno del Gobierno con esta polémica es creciente y no entiende de colores políticos, inquieta tanto a miembros de Junts per Catalunya como de ERC. La mayoría de ellos, a quienes Quim Torra ha dado libertad para decidir sobre qué hacer en los edificios donde se ubican sus respectivas sedes, se inclinan para blindar a los Mossos y que sean los técnicos y funcionarios que han colocado los símbolos los mismos que los retiren. 

Habrá que esperar para ver qué pasa con los dos nuevos carteles que se exhiben en la fachada del Palau de la Generalitat, ya que tiene que ser el propio president quien de las órdenes y algunas fuentes confiesan que, a diferencia del resto, la reacción de Torra, quien anoche apostaba por "defender la libertad de expresión hasta las últimas consecuencias" es más imprevisible. Sobre el jefe del ejecutivo catalán pesa la sombra de la inhabilitación, después de que el árbitro eelctoral, la JEC, le haya denunciado a Fiscalia por desobediencia. Además, Torra deberá hacer frente a una sanción económica que se dará a conocer durante las próximas horas. Entre su equipo son muchos los que dudan que valiese la pena haberse expuesto a una persecución penal por una pancarta.