Sorprendente. La policía catalana pone en duda, ahora, que una bala de foam disparada por un escopetero de los Mossos sea la que causó un traumatismo craneoencefálico y fractura de mandíbula a una chica, en els Jardinets de Gràcia, cuando acabó la protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, el 18 de octubre de 2019. La joven, Olga, requirió ingreso en la UCI, y actualmente tiene secuelas permanentes como pérdida de oído y un diagnóstico de epilepsia crónica. Esta es la respuesta que la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra ha comunicado a la instructora del expediente administrativo abierto. La joven no quiso denunciar la acción de los Mossos por la vía penal y lo hizo por la vía administrativa, con una reclamación patrimonial.
"No se puede descartar o afirmar, que el día de los hechos, en el punto concreto que se indica por parte de la reclamante existiera una actuación mínima de efectivos de la Brigada Móvil para evitar que se generara un nuevo foco de desorden público que agravara todavía más la situación de desórdenes públicos que se produjo en toda la ciudad", afirma la respuesta policial. La asociación Irídia ha incluido este caso, con la reciente respuesta policial, en el informe que presenta hoy en la Comisión de Estudio Sobre el Modelo Policial en el Parlamento de Catalunya, y donde reclama que se impulsen cambios para garantizar mecanismos de control y transparencia policial.
Manca de supervisió
Según Irídia, en la respuesta oficial del caso de Olga se afirma que "el Cuerpo de Mossos d'Esquadra no dispone de los recursos de geolocalización necesarios que permitan el rastreo preciso de todos los movimientos de todas las furgonetas de la Brigada Móvil que se produjeron en aquella fecha y, por lo tanto, no se dispone de la trazabilidad detallada de todos los desplazamientos que se efectuaron por diferentes puntos de la ciudad que permita aportar la información concreta y detallada". Para Irídia esta "es una muestra evidente de la falta de mecanismos de supervisión y control de las actuaciones policiales, de la falta de trazabilidad de las lanzadoras de foam y, a juzgar por la respuesta, del deficiente mecanismo de geolocalización de las furgonetas". Y añade que la justificación por la falta de información es, como ha visto en otras ocasiones, la "situación de excepcionalidad". Este caso de reclamación patrimonial, presentando el 16 de octubre de 2020 en el Departamento de Interior, está en la fase de alegaciones, e Irídia asegura ha aportado "numerosa documentación acreditativa de los hechos y ha propuesto testigos".
Hechos
Eran las once de la noche de aquel 18 de octubre de 2019, cuando Olga subía por Jardinets de Gràcia en dirección montaña. Irídia expone que en aquel punto "no había ninguna concentración ni masificación, la gente que quedaba caminaba tranquilamente en la misma dirección, alejándose del centro de la ciudad". Ya se había reanudado el tráfico en la Avenida Diagonal, cortado por la manifestación y a las calles de los alrededores. Se añade que de repente, sin que se estuviera produciendo ningún disturbio ni situación destacable, "tres furgonetas del cuerpo de Mossos d'Esquadra se acercaron a gran velocidad y se detuvieron en el cruce de la calle Còrsega con la Diagonal y el Paseo de Gracia, a la altura del 112 de Paseo de Gracia. Según Irídia, las furgonetas estuvieron paradas solamente unos segundos, durante los que dispararon dos proyectiles de foam en dirección a las personas que subían hacia Gran de Gracia, series de dos proyectiles más cuando ya estaban en movimiento, subiendo por la calzada lateral de Jardinets de Gràcia, por el lado Besòs, disparando hacia las personas que estaban en aquella misma acera. Uno de los proyectiles disparados cuando ya estaban en movimiento impactó directamente a la cabeza de la persona afectada. Para Irídia "los agentes de Mossos dispararon sin supuesto habilitante, a muy poca distancia, y directamente a una zona sensible como es la cabeza". Y añade que uno de los testigos vio como una de las balas de foam impactaba en el lado izquierdo de la cabeza de Olga y se caía a manos de su compañero. "A día de hoy conserva aun el proyectil de foam", sostiene la asociación Irídia, que representa a la joven en su reclamación.
Medidas
El caso de Olga es uno de la decena que Irídia ha incluido en el informe sobre actuaciones policiales desproporcionadas e irregulares. Por ello, Los codirectores d'Iridia, Anaïs Franquesa y Andrés García Berrio, expondrán hoy en el Parlamento los cambios necesarios para garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, y entregarán a los diputados su informe elaborado sobre carencias de la policía catalana y soluciones. La primera recomendación de esta ONG es que el Parlamento de Catalunya acuerde a través de una ley la creación de un mecanismo independiente de control de la policía. Añade que este mecanismo tendría que tener competencias de evaluación sobre la necesidad e idoneidad de incorporación de armas y herramientas de uso policial. Que se realice una profunda reforma de los mecanismos internos de investigación y sanción del cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Irídia también precisa que "no existe un mecanismo externo e independiente que supervise la adecuación de los protocolos de uso de la fuerza y de uso de las armas policiales a los estándares internacionales en la materia". Y, "cuando estos recogen disposiciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos o incluso a las evaluaciones de riesgos del fabricante, no hay ninguna instancia que lo advierta y obligue a su adecuación, como es el caso de las balas de foam SIR y SIR-X. Una medida aplaudida por Irídia es que finalmente el Departamento de Interior se ha comprometido en qué todos los agentes de los Mossos, quedaban pendientes las unidades de ARRO, lleven una identificación de 360 grados, por detrás y por delante del chaleco y en los laterales, como recogió la instrucción 8/2020, para cumplir un mandato del Parlamento.
Antirreglamentario
En el informe, se afirma que el Servicio de Atención y Denuncia ante casos de violencia Institucional (SAIDAVI) de Irídia ha identificado numerosas actuaciones policiales que podrían considerarse desproporcionadas o antirreglamentarias. En el contexto del orden público, se destacan: golpes de porra policial en la cabeza, incumpliendo la Instrucción 16/2013. Se detalla que entre los años 2016 y 2019, ambos incluidos, se detectaron al menos 34 personas heridas en la cabeza como consecuencia de un golpe con el bastón policial. Se precisa que a lo largo del año 2019, el SAIDAVI registró 18 casos de lesiones a la cabeza por utilización del bastón policial por parte de agentes de la Policía Nacional y de Mossos de Esquadra, todos ellos durante las atenciones realizadas después del 14 de octubre de 2019.
Una segunda actuación cuestionada es el uso de los proyectiles de foam o de balas de goma (por parte de la Policía Nacional bajo coordinación del Cuerpo de Mossos d'Esquadra) "de forma peligrosa y con resultado grave de lesiones". El año 2019 el SAIDAVI atendió a un total de 53 personas que presentaban lesiones por el impacto de alguno de estos proyectiles, algunas de mucha gravedad en manifestaciones. Desde su entrada en funcionamiento el año 2016 hasta la actualidad, el Servicio de Atención y Denuncia ha atendido al menos a 3 personas que han perdido el ojo por el impacto de un proyectil de foam y una persona que sufrió un traumatismo craneoencefálico. También se han atendido personas con lesiones en el bazo, en la rodilla o en el testículo. Asimismo, a Irídia le "preocupa" el uso extendido del proyectil SIR-X, a pesar de ser altamente lesivo, y que el protocolo contemple la posibilidad de utilizarlo a distancias cortas (20 metros), con el correspondiente riesgo de lesiones graves.
Fiscalía
Con respecto a las denuncias contra funcionarios o agentes de cuerpos de seguridad donde Irídia está personada asegura que "en muchos casos el papel acusador del ministerio fiscal es prácticamente inexistente. Sostiene que solamente en 3 de los 60 litigios en curso durante el año 2020 se detectó que la fiscalía llevara a cabo una actuación proactiva en favor de los hechos denunciados por la víctima. Por el contrario, en 31 de los litigios el ministerio fiscal adoptó "un rol de oposición en la práctica de una investigación exhaustiva y eficaz de los hechos denunciados, o bien se opuso a la personación de la acusación popular".
Finalmente, otro de las propuestas de Irídia es que se habilite un canal directo entre las organizaciones de derechos humanos especializadas y la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos con el fin de poder dirigirle directamente denuncias presentadas contra agentes de Mossos. Irídia añade que volverá a llevar un nuevo informe a la comisión del Parlament con una propuesta concreta de mecanismo de control a los Mossos, "como tienen países modernos y democráticos".