El caso de los presos políticos catalanes ya ha llegado a Estrasburgo. Ayer, con la aprobación de una moción en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que pedía su libertad y también la retirada de las euroórdenes. Pero también algunos de los condenados ya han recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este contexto, el Gobierno se ha acabado de decidir por dar los indultos: porque fuera de España es incomprensible la situación de los dirigentes políticos independentistas.
El mismo día que se ha concedido la medida de gracia, con un gran despliegue argumental, fuentes del Gobierno señalan que si bien son graves los hechos de octubre del 2017, también recuerdan que ya han cumplido más de tres años y medio de prisión. En este sentido, subrayan que es "muy excepcional" que haya líderes políticos encarcelados con estas penas tan elevadas. Eso, admiten, "suponía que no se entendiera bien en Europa y el resto del mundo".
También sobre el ámbito internacional, desde el gobierno de Sánchez remarcan como grandes diarios como The Guardian o el Financial Times han dado apoyo público a la medida de los indultos porque "se abre una nueva etapa de diálogo a España".
Desde La Moncloa señalan que justamente esta circunstancia era aprovechada por el independentismo para sacudir el "victimismo" pero también la "desafección" de Catalunya con España. Estas fuentes defienden la necesidad de "normalizar las relaciones institucionales y también afectivas entre Catalunya y España". Por eso, los indultos son vendidos como "un primer paso". Lo fían todo s la mesa de diálogo, donde poder empezar a resolver un conflicto político con propuestas políticas. A diferencia de la derecha, contraponen, que no tiene más alternativa que "llenar un Piolín de policías".
Por otra parte, desde el ejecutivo central subrayan que personas como Oriol Junqueras son "líderes relevantes", en tanto que presidente del principal partido independentista. Su puesta en libertad, argumentan, puede ayudar a encauzar las cosas y normalizar las relaciones institucionales.
En este contexto, desde el gobierno central remarcan que no es "empezar de cero, pero sí "empezar de nuevo". Y los indultos son un paso de la banda del Estado. "Ahora le toca al independentismo", concluyen estas fuentes. "Hay una sentencia que no se revoca y que ya ha tenido sus consecuencias: más de 1.300 días en prisión", remachan.
Los exiliados, que vuelvan
Los indultos no pueden resolver la situación de los exiliados porque no han sido condenados. Con respecto a su situación, desde el Gobierno insisten en que tienen que volver, asumir su responsabilidad y rendir cuentas ante la justicia como lo han hecho el resto. Ponen el ejemplo, justamente, de la exconsellera Meritxell Serret, hoy diputada en el Parlament. Mientras tanto, el Consejo de Ministros está a la espera de dar luz verde a la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal para rebajar las penas.