Nuevo portazo de Suiza al juez Manuel García-Castellón en su persecución por terrorismo al Tsunami Democràtic. El departamento federal de Justicia y Policía suizo ha rechazado, por tercera vez, ofrecerle auxilio judicial en la causa que instruye por presuntos delitos de terrorismo en las manifestaciones convocadas por Tsunami Democràtic contra la sentencia a finales de 2019, en considerar que las concentraciones fueron de contenido político y no tuvieron nada que ver con actos terroristas. Según informa El País, el 22 de mayo las autoridades suizas hicieron llegar un texto a García-Castellón en el que señalaban que las acciones descritas no se enmarcan en el ámbito de aplicación del Código Penal suizo, el escrito apunta que "la jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al-Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país".
Negativa a localizar a Marta Rovira
El juez de la Audiencia Nacional solicitaba a las autoridades suizas la localización de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también imputada en la causa, y requería información sobre una cuenta bancaria que presuntamente se había utilizado para financiar las movilizaciones organizadas por Tsunami Democràtic el año 2019. Ahora, de nuevo, la oficina federal suiza ha señalado que no hará ninguna de las dos cosas, ya que, aseguran que los actos "no constituyen terrorismo conformemente al derecho suizo" y por este motivo niegan el auxilio solicitado por García-Castellón.
Las autoridades suizas ya habían mostrado su desconcierto con la petición del juez y así lo señalaron en la respuesta a una comisión rogatoria: "nos gustaría saber la relación exacta entre Marta Rovira, objeto tanto de la investigación penal como de una de las medidas de asistencia mutua, y las manifestaciones en los dos aeropuertos mencionados —El Prat y Barajas-Alfonso Suárez— que constituyen los hechos descritos en la comisión rogatoria; en otras palabras, es importante destacar la implicación precisa de la señora Rovira en estas manifestaciones, y más concretamente en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto". En aquel momento, el magistrado solo aportó como pruebas de la participación de Rovira en Tsunami una reunión en Ginebra, cuyo contenido se desconoce, en la cual, según el juez, se habló de la creación del movimiento de protesta y se planificó alguna de las acciones que luego se llevaron a cabo. El juez señaló como prueba que Rovira "fue quien más rápido tuiteó el primer mensaje de Tsunami". Y añadió que "solo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar en comentarlo y transcribirlo (40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios). Se sospecha, por eso, que pudo estar en la reunión de Ginebra en la cual se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic".
"Ni coacción ni extorsión"
En el nuevo escrito enviado por las autoridades helvéticas defienden que en las protestas organizadas por Tsunami no hubo ni extorsión ni coacción, y tampoco se puso en peligro la vida de nadie o su integridad física. Cómo podría ser "mediante el secuestro de un avión, la utilización de métodos de exterminio masivo, la provocación de una catástrofe o la toma de rehenes". Y añaden, "esta situación, a nuestro parecer, no se ha producido". Además, también han respondido a las acusaciones de hace unos días de García-Castellón, quien atribuyó un sesgo político favorable al Gobierno por parte de las autoridades suizas, y les reprochó que todavía no hubieran dado respuesta al encuentro entre responsables judiciales de ambos países. Las autoridades suizas han asegurado que es normal que se hayan informado previamente sobre el proceso de amnistía en España "como habríamos hecho en circunstancias similares con otros estados extranjeros. Este elemento legislativo no puede omitirse, ya que puede tener incidencia en el procedimiento penal español que sirve de base a la comisión rogatoria". Y añade que "no es nuestra práctica reunirnos con representantes del Estado requirente extranjero, ni con la autoridad central extranjera por regla general y mucho menos con el magistrado requirente extranjero después de recibir una comisión rogatoria".
García-Castellón también criticó que Suiza tenía la obligación de respetar el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo. Ahora, las autoridades de este país, afirman que en ningún momento se han saltado el convenio. "Las excepciones previstas demuestran claramente que la legislación nacional suiza ha tenido en cuenta diversas de las situaciones contempladas en los convenios sobre terrorismo. No obstante, los hechos descritos en la comisión rogatoria española no consiguen el nivel de gravedad requerido para ejercer esta excepción".