El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado por su implicación en crímenes de los GAL y conocido como uno de los jefes de la guerra sucia contra ETA, ha muerto por coronavirus. Según han informado fuentes de su entorno a Efe, Galindo, de 82 años, tuvo que ser ingresado en la UCI por complicaciones derivadas del contagio de coronavirus.
En el 2000, Galindo fue condenado a 71 años de prisión por el caso de secuestro, tortura y asesinato de dos presuntos etarras, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Una condena avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el 2010.
Galindo, uno de los jefes de los GAL
Enrique Rodríguez Galindo (Granada, 1939) llegó a la dirección del cuartel de Intxaurrondo, en Donosti (San Sebastián) el año 1988, y siete años después ascendió a general de brigada y posteriormente como director general de la Guardia Civil hasta que fue imputado por los crímenes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Al frente de la comandancia, Galindo dirigió la guerra contra la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) con la detención de centenares de miembros. Uno de los casos más conocidos pasó el 17 de octubre de 1983, cuando los GAL retuvieron a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en el cuartel de Intxaurrondo. Entonces, Galindo ordenó llevarlos en el palacio de la Cumbre para ser torturados y posteriormente dos guardias civiles los llevaron al País Valencià donde Lasa y Zabala fueron asesinados y enterrados en cal viva (óxido de cal).
El juicio contra Galindo por los crímenes de los GAL
El descubrimiento de los dos cuerpos en 1985, y la identificación de los dos jóvenes diez años después, evidenciaron los métodos extrajudiciales de los agentes de la Benemérita en la guerra sucia|bruta contra el terrorismo en el País Vasco.
Finalmente, Rodríguez Galindo acabó compareciendo ante la Justicia en 1999 junto con el exgobernador de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga; el teniente coronel, Ángel Vaquero; y los agentes que asesinaron y enterraron a los detenidos, Enrique Dorado y Felipe Bayo. Todos defendieron su inocencia ante los tribunales, pero finalmente acabaron condenados apenas de entre 71 y 75 años por los hechos.
En Galindo, el 26 de abril de 2000 la Audiencia Nacional lo condenó a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras y el 9 de mayo ingresó en la prisión. Un año después, el Tribunal Supremo aumentó en cuatro años la pena de prisión, y el 2 de abril de 2002 perdió oficialmente su condición de miembro de la Guardia Civil.
En septiembre de 2004, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias permitió a Galindo que cumpliera su condena fuera de la prisión dada la grave enfermedad cardiovascular que sufría y su avanzada edad. A pesar de la defensa de la Dirección General de mantenerle el segundo grado, el 5 de enero de 2005 el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional le concedió finalmente el tercer grado penitenciario después de ser operado del corazón.