El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha fallecido este domingo en su domicilio de la capital andaluza, según ha informado a Efe su abogado, Rafael Ramírez. Sobre las seis de la mañana Guerrero, de 63 años, se empezó a encontrar mal. A falta de la realización de la autopsia, todo apunta que la causa de la muerte sería un infarto.
Guerrero, quien fue director general de Trabajo de la Junta entre octubre de 1999 y abril de 2008, fue condenado hace un año por la Audiencia de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel, así como a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por delitos continuados de malversación e inhabilitación dentro del caso de los ERE que salpicaba a diferentes altos cargos de la Junta de Andalucía.
Guerrero a su llegada a la Audiencia Provincial de Sevilla, el 28 de noviembre de 2019 / Europa Press
Múltiples condenas
Guerrero fue uno de los primeros cargos de la Junta de Andalucía citados en esta macrocausa por la jueza instructora, Mercedes Alaya, quien, en marzo de 2012, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Volvió a la cárcel un año más tarde, días antes que su conductor, Juan Francisco Trujillo, quien recibió ayudas aprobadas por Guerrero por importe de 1,3 millones para empresas inexistentes y que acusó al director general de Empleo de encargarle la compra de cocaína.
Ha sido un protagonista crucial en el caso de los ERE, pues las investigaciones iniciales de la jueza Alaya dieron un avance cualitativo tras conocerse que el director general de Empleo declaró a la Policía Nacional, en diciembre de 2010, que estas ayudas sociolaborales, consignadas en la partida 31-L de los presupuestos de la Junta de Andalucía, se repartían a modo de "fondo de reptiles".
La Fiscalía le atribuye un papel destacado en todo el proceso de concesión de dichas ayudas, ya que algunas las repartió entre familiares y amigos, sin ningún sometimiento a las normas, y no hizo nada por arreglarlo ni por desvelarlo. Por ello, el fiscal había solicitado para Guerrero ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación por un delito continuado de malversación, así como diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por otro delito de prevaricación.
Junto a esta condena, Guerrero acumuló otras sentencias en contra por el caso de los ERE, como la del Tribunal de Cuentas que le penó a devolver 3,8 millones de euros por una ayuda de los ERE a la empresa A Novo Comlink. Otro fallo del mismo tribunal también le condenó a devolver 100.000 euros concedidos a la empresa sevillana Rodatextil con una subvención carente de justificación y concedida "sin cobertura legal" y sin cumplir los requisitos ni los procedimientos establecidos.