Defunción de relevancia estatal. Juan Ignacio Campos, el teniente fiscal del Tribunal Supremo que se encargaba de las diligencias de investigación relativas Juan Carlos I, ha muerto este miércoles. La causa de la muerte ha sido una enfermedad que sufría desde hacía varios años. A pesar de eso, con 71 años había decidido no jubilarse todavía para seguir indagando en las presuntas actividades corruptas del rey emérito. Según ha informado El Confidencial, su intención era seguir trabajando hasta el límite legal de los 72 años.
Fue junio de 2020 cuando asumió la coordinación de las diligencias que afectan a Juan Carlos I. Campos, de perfil progresista, ocupaba uno de los puestos más altos dentro de la estructura de esta carrera como fiscal de la Sala del Tribunal Supremo desde 2005. Además, ejercía de delegado en materia de delitos económicos.
Su relación con Catalunya
El fiscal fundó la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la cual formó parte el actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Sus colegas han destacado su nivel técnico, su ademán próximo y su "importante sentido del humor". Todo lo han convertido "en uno de los profesionales más respetados por sus compañeros".
Campos fue fiscal desde 1978 y estuvo destinado a Barcelona hasta 1982. Posteriormente, fue destinado a Madrid donde el año 1990 alcanzó el puesto de teniente fiscal. El año 1994 fue nombrado fiscal de la secretaría técnica y dos años más tarde accedió al Supremo, siendo uno de los fiscales más jóvenes en llegar al alto tribunal. Así lo han destacado en Europa Press fuentes de su entorno cuando se le asignó el asunto del rey emérito. En la nota donde la Fiscalía General anunció el año 2020 que lo designaba para esta misión se destacaba que Campos pertenecía "a la más alta categoría de la carrera fiscal" y reunía "una extraordinaria calificación y experiencia".
La vuelta del rey emérito
La defunción del fiscal coincide con el archivamiento de la investigación de la fiscalía suiza en Juan Carlos I, un hecho que podría facilitar la vuelta de Borbón al estado español. En este sentido, hay que destacar que el emérito ha conseguido esquivar la justicia helvética gracias, en parte, a las leyes de Arabia Saudí.
Una de las cuestiones donde el fiscal Yves Bertossa había puesto el foco era en los 65 millones de euros que el Ministerio de Finanzas saudí abonó a Juan Carlos I. Concretamente, Bertossa quería investigar si el intercambio era una comisión para la adjudicación del AVE en la Meca. Entonces, consideró que el presunto blanqueo de capitales solo se podía perseguir si en el país árabe también era una infracción. Y ya nos podemos imaginar cómo va la cosa: no se concurrió en ningún acto delictivo desde la óptica de la legislación de Arabia Saudí.
Imagen principal: El teniente fiscal del Tribunal Supremo encargado de la investigación de Juan Carlos I, Juan Ignacio Campos / Ministerio Fiscal