Mercè Gironés, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, se ha desvinculado de la supuesta trama establecida en torno a la familia asegurando que "se dedicó a la casa y al cuidado y educación de sus hijos en el seno de un matrimonio en el cual su esposo desarrollaba actividades profesionales". En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, quien fuera esposa del primogénito de Jordi Pujol destaca "la confianza en la legalidad de las actividades" de su marido. Fue "su estricta orientación al sostén de su familia nuclear" lo que la llevó a no cuestionar "nunca ninguna decisión".

Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés se separaron en 2011. Durante su relación, Gironés compartió la titularidad de varias sociedades con su esposo, aunque la mecánica negocial, la captación de clientes y la ejecución de los encargos eran actividades asumidas "exclusivamente" por él. Ella, por su parte, ha destacado que fue la "absoluta confianza" que tenía en su marido lo que hizo que compartiera con él "viajes y comidas" en los cuales "adoptaba el papel que le atribuía" Pujol Ferrusola.

Para Gironés la Fiscalía Anticorrupción solicitó 17 años de prisión por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Gironés afirma que era su marido quien ostentaba el control total de las sociedades que compartió accionarialmente con ella, "al punto de que era aquel que identificaba los negocios, trataba con los clientes y ejecutaba la actividad encomendada por estos", sin que ella tuviera "ninguna intervención en estos ámbitos".

Clonando el caso Nóos

En su escrito, Gironés reconoce que se ocupó de las relaciones con entidades bancarias y los asesores contables y fiscales, con la finalidad de que las sociedades tenía alguna participación en que cumplieran debidamente con la legalidad tributaria y satisficieran los tributos conforme a la legalidad.

"La convicción personal en su correcto y lícito proceder impregnó sus casuales tareas en tales sociedades", defiende su letrado en el escrito, asegurando que su actividad se limitaba "a mantener capital social o ejercer cargos sociales de forma puramente simbólica o formal, sin dimensión material". "No existe ningún hecho activo de participación en la actividad societaria por parte de la señora Gironés que pueda relacionarse con el invocado blanqueo de capitales", afirma el escrito.

La estrategia de defensa pasa por demostrar al tribunal que la mujer de Júnior no sabía que se estuviera haciendo nada ilegal y que confiaba en su marido. La misma estrategia que sirvió para absolver a la infanta Cristina en el caso Nóos. De hecho, los abogados de Gironés ya advirtieron en un momento de la instrucción el verano del año pasado que la situación de la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola es "idéntica" a la de Cristina de Borbón y Ana María Tejeiro, absueltas las dos de los delitos fiscales que les imputaron también a sus maridos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Creía que todo era legal

En el escrito, su defensa reitera que "la gestión efectiva de las sociedades" que compartió con Pujol Ferrusola correspondió a este último. Gironés no "alojaba duda sobre su legal y recto proceder negocial y cumplimiento de la normativa fiscal, encomendándose a los asesores fiscales y contables esta función profesional" ante su desconocimiento en este campo. "La señora Gironés, fuera de eso, nunca ha realizado acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones con incidencia en cualquier procedimiento para perjudicar a sus acreedores. No se olvide de que mi representada dispone de un patrimonio propio diferente del de su excónyuge, perfectamente lícito. Falta de fundamento que se la acuse de un alzamiento de bienes impropio o procesal", lamenta el escrito.

Su defensa se ha referido de esta forma al patrimonio que Gironés tenía desde antes de su separación conyugal, y del cual formaba parte el beneficio obtenido en una operación mercantil desarrollada en el municipio de Palamós, así como una parte del beneficio obtenido en otra operación relacionada con la creación de una planta de gestión de residuos privada. En su escrito, Gironés también interesa la declaración como testigo de la amante de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez Martín, con quien habría mantenido una relación en un periodo "indeterminado" entre 2006 y 2009.

También solicita la testifical de Alicia Sánchez-Camacho, entonces presidenta del Partido Popular de Catalunya, "que mantuvo una reunión" con Álvarez y cuya conversación fue grabada en un restaurante en Barcelona en el 2010.

Las defensas del clan Pujol

Además de Gironés, esta misma semana han sido presentados los recursos de defensa de Jordi Pujol y de sus siete hijos. El patriarca solicitó su absolución en el proceso que se sigue contra él y sus siete hijos para por presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas valiéndose de su cargo. Y lo hizo insistiendo en situar el origen de su fortuna en un depósito de dinero en el extranjero que hizo su padre, Florenci Pujol, para amortiguar el impacto económico que pudiera tener para la familia el "riesgo político" asumido por su hijo.

Por su parte, su primogénito defendió en su propio escrito que las cuentas bancarias en Andorra que gestionó como parte de esta encomienda familiar "no han recibido nunca ingresos vinculados a la administración pública y su actividad de contratación y adjudicación de licitaciones, o vinculada a cualesquiera resoluciones administrativas". En el resto de escritos, Marta, Mireia, Oleguer, Pere, Oriol, Josep y Jordi Pujol Ferrusola pusieron el foco sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y denunciaron que fue una "actividad exorbitante" realizada por una operativa parapolicial la que dio inicio a la causa.

Todo eso después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abriera juicio oral a toda la familia, a excepción de la mujer del expresident, Marta Ferrusola ―a la cual exoneró por su estado de salud―, así como a otras 11 personas, entre ellas Mercé Gironés y varios empresarios. La Fiscalía pidió 9 años de prisión para Pujol padre, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 8 para los otros hermanos.