Multa de 270 euros para el hombre que amenazó de muerte a la alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla (ERC). El Juzgado de Instrucción 1 de Rubí ha condenado a un hombre a una multa de 270 euros por un delito leve de amenazas a la alcaldesa republicana. En una sentencia consultada por Europa Press, el juez ha constatado que el hombre envió por Instagram varios mensajes "de contenido intimidatorio" a Ingla. Durante una polémica municipal en las redes sociales por el cierre de una discoteca en la ciudad, el culpable amenazó con atropellarla y le envió mensajes con insultos: "Pisaré seis veces si hace falta hasta que no puedas ni hablar para gobernar".
Ingla explicó la semana pasada que había denunciado las amenazas y que el caso se resolvería en un juicio rápido. También apuntó que las decisiones del consistorio "pueden no ser compartidas y es normal que haya gente que muestre su desacuerdo", pero descartó normalizar que la insulten o la amenacen por eso. Explicó la situación y quiso hacer una reflexión al respecto, remarcando que sabe que por su cargo tiene una gran "incidencia sobre mucha gente y las actividades que se desarrollan en la ciudad". "Tomamos decisiones que pueden no ser compartidas y es normal que haya gente que muestre su desacuerdo dirigiéndose a mí en persona, por los medios o a través de las redes", expuso, además de añadir que su obligación es escuchar las quejas. Ahora bien, el límite son las amenazas.
La discoteca Drinkking Lemon, desahuciada
La alcaldesa denunció que son hechos que no se podían dejar correr. "No lo comparto y me resisto a normalizar que alguien me pueda insultar o amenazar solo por el hecho de que hago de alcaldesa", sentenció. En un hilo de Twitter, incluyó alguna de las amenazas que sufrió y finalizó afirmando que "el juez determinará cuáles son las consecuencias que castigan estas amenazas". Y esto es lo que hemos conocido este martes: multa de 270 euros.
Fue el pasado 14 de julio cuando el juzgado de primera instancia número 4 de Rubí ordenó desahuciar la discoteca Drinkking Lemon de Sant Cugat del Vallès. El ayuntamiento de la ciudad había denunciado que la empresa Reostat S.A. no pagaba el canon por el uso de terrenos municipales donde se ubicaba la discoteca. De hecho, había acumulado una deuda de 4,5 millones de euros desde el 2006. Es por eso que el juez obligó al cierre del local y condenó a la empresa a pagar las rentas reclamadas, además de imponerle las costas del proceso. El consistorio celebró el fallo judicial: "El objetivo era recuperar y hacer público el contrato, el gobierno municipal está para hacer cumplir aquello que afecta terrenos del Ayuntamiento, que son recursos públicos". Por su parte, la empresa reconoció la deuda, pero abogó para no ser desahuciada. ¿El motivo? Afirmaba que había intentado negociar con el ayuntamiento... sin éxito. La alcaldesa, Mireia Ingla, liberó de culpa el consistorio y recordó que la responsabilidad era de la empresa.