El conseller de Justicia, Carles Mundó, ha denunciado esta mañana un "bullying político" del Gobierno español contra Catalunya. Lo ha dicho en una entrevista en TV3 en referencia a la revocación del TSJC del nombre de 'Representante Permanente' en la Unión Europea, de Amadeu Altafaj, y también al veto del cónsul honorario de Letonia por exhibir la estelada en el edificio de la representación durante la Diada. En este último caso, sin embargo, el mismo representante ha asegurado que la estelada no estaba en la zona que tiene el consulado, sino en un piso vecino.
Mundó ha criticado que el ejecutivo de Mariano Rajoy intente boicotear toda la acción exterior de la Generalitat y ha calificado de "rallar el ridículo" el caso de Altafaj. Además, Mundó ha asegurado que el representante del Govern en Bruselas seguirá haciendo las mismas funciones, porque no se ha puesto en duda este punto, sino sólo el nombre. El conseller asegura que este caso es una muestra más de "la obsesión infantil" del Estado por perseguir cualquier acción catalana a escala internacional.
También el conseller de Afers Exteriors, Raül Romeva, se ha expresado en el mismo sentido en un tuit
L'Estat vol vetar a tot aquell que no pensa com ell (@aaltafaj, @xaviervinyals). No podrà, però, vetar la voluntat democràtica d'un país.
— Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 18 de septiembre de 2016
"Impotencia del Estado"
Con respecto a la declaración de Francesc Homs de este lunes ante el Tribunal Supremo por la consulta del 9-N, Mundó ha asegurado que es una muestra "de impotencia por parte del Estado español por no afrontar de manera democrática el procés", y lo ha comparado con la diferente situación que se vivió en Londres con el proceso escocés el año 2014, donde sí que se pactó un referéndum.
Mundó ha tildado la judicialización de la consulta del 9-N de muy grave y ha asegurado que se trata de un "juicio político" y de una "situación anómala" en un Estado democrático. Además, ha recordado que era un "proceso participativo sin efectos legales" y ha instado al Estado a resolver el procés catalán fuera de los tribunales y de una manera democrática ante la "mayoría social que quiere ser preguntada por esta cuestión".