Seis meses de prisión y seis de inhabilitación por no contestar las preguntas de Vox durante el juicio al procés. Es lo que pide la Fiscalía para la diputada anticapitalista Eulàlia Reguant, que a su tiempo sostiene que no ha cometido ningún delito y que en el juicio, quiere declarar en catalán. Este martes y con la previsión que pronto sea citada a declarar se ha presentado ante el Mercado de Sant Antoni, barrio de Reguant, un grupo de apoyo a la diputada pero que también propone utilizar su caso como una herramienta colectiva para denunciar y combatir la extrema derecha y Vox.
En la presentación del grupo, con el nombre "Ferma contra el feixisme", no ha faltado la representación del tejido vecinal y social de Sant Antoni, con miembros de Òmnium, ANC, la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample, el Casal Popular Lina Òdena, CDRs, y SEPC, entre otros. La portavoz del grupo de apoyo, Núria Morell, ha pedido evitar que la extrema derecha marque el ritmo y la dirección del Estado, y ha explicado cómo Reguant, cuando decidió no responder, lo hizo en el marco de una respuesta colectiva, en sintonía con los movimientos antifascistas.
Morell también ha animado a mantener esta estrategia, la de bloquear la extrema derecha, ejerciendo el derecho a no contestarles a los tribunales, en el Parlament y en las plazas practicando la objeción de conciencia: "Hay que plantar cara en una extrema derecha machista y xenofoba que ahoga sistemáticamente los derechos más esenciales", ha añadido.
También ha tomado la palabra la diputada anticapitalista Montserrat Vinyets, que una vez más ha reclamado la nulidad del juicio oral al Tribunal Supremo y ha recordado cómo no se puede sancionar dos veces por la misma conducta, y es que Reguant ya recibió una corrección disciplinaria en forma de multa el año 2019. Sea como sea, ha asegurado que los encontrarán plantando batalla en las calles y plazas y "en todas partes".
Los anticapitalistas también han afirmado que "evidenciar la anomalía de la presència de VOX como acusación popular en el juicio contra el derecho a la autodeterminación y denunciar la connivencia entre la extrema derecha y el aparato judicial español es un derecho y es de justicia" y que por lo tanto, la apertura de la fase de juicio oral contra Reguant supone una vulneración a la libertad ideológica y de consciencia.
Derechos vulnerados
En el escrito de defensa presentado ayer, Reguant expone que en este procedimiento se le han vulnerado derechos básicos. El primero de todos al juez predeterminado por la ley y solicita al Supremo que devuelva la causa a la instrucción pero al alto tribunal y no en el juzgado de instrucción, ya que obtuvo el acta de diputada el 27 de febrero del 2021 y lo comunicó al juzgado el 10 de marzo, y los escritos de acusación se presentaron después. "El aforo es una obligación legal, no una prerrogativa del tribunal", sostiene la defensa.
La defensa también indica que Reguant "nunca tuvo una actitud desafiante e irresponsable hacia el tribunal", sino que ejerció su derecho a la libertad de expresión y que le causaría "un perjuicio moral" tener que contestar una acusación popular, que expresó abiertamente que su presencia en el juicio contra los líderes catalanes era para promocionarse pública y políticamente. Además, la defensa expone que la pena que pide la fiscalía es "desproporcionada", ya que implicará perder el acta de diputada cuando en su declaración no lo era, y expone el caso y el agravio sufrido por el diputado en el Congreso de Podemos Alberto Rodríguez.