Las Naciones Unidas han llamado la atención de nuevo a España a raíz de la represión contra el independentismo. En respuesta a una comunicación de la secretaria general, Marta Rovira, en que denuncia detenciones arbitrarias, persecuciones judiciales y políticas e intimidaciones contra representantes de ERC, cinco relatores especiales de la ONU han pedido al Estado español explicaciones sobre las medidas que ha adoptado para "poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización" contra los miembros de ERC además de exigir información sobre el trato que han recibido por parte de la justicia y sobre las medidas adoptadas para garantizar que todos los partidos políticos desarrollen sus funciones libremente.
El informe recoge los casos de Rovira y del presidente de ERC, Oriol Junquera, así como el conseller Raül Romeva, los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, el expresidente del Parlament Roger Torrent, y el exconseller Jordi Solé. Los relatores expresan la preocupación por la información recibida sobre represalias en el ejercicio de un derecho y sobre la utilización del derecho penal y el poder fiscalizador del estado para judicializar a líderes políticos y miembros de la sociedad civil que simpatizan con ERC. "Nos preocupa que estas acciones de criminalización de personas ejerciendo sus derechos civiles y políticos se vuelvan un patrón sistemático, ya que, de ser confirmadas, podrían constituir una grave violación de la libertad de asociación y de reunión pacífica", advierten.
Explicaciones
Ante todo ello, reclaman al Estado español información sobre las medidas adoptadas para poner fin a todo tipo de persecución y estigmatización, contra las personas pertenecientes a ERC, especialmente las personas citadas"; también sobre las medidas para "garantizar el debido proceso, y en particular el derecho a una defensa efectiva y a un juicio imparcial, transparente, efectivo y sin dilaciones" contra todos ellos. Asimismo pide información sobre la base fáctica y jurídica de las detenciones y los cargos presentados contra los dirigentes citados y como son compatibles con la normativa internacional de derechos humanos.
El texto, que recoge el informe del Consejo de Europa en que se reclama la puesta en libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados, exige información específica sobre Junqueras y Romeva y si se les ofreció un régimen penitenciario más suave y privilegios solo en caso de arrepentimiento por sus acciones, que respondían a posturas políticas. También se interesa sobre la proporcionalidad de la pena de inhabilitación que se les ha impuesto.
Cinco relatores
Los relatores, que reclaman información sobre la forma como se ha definido los delitos de sedición, malversación y rebelión, reclaman datos sobre las medidas adoptadas "para que todos los partidos políticos desarrollen sus funciones libremente y que sus miembros realicen sus actividades en un entorno seguro y propicio, libre de interferencia, incluido el presunto espionaje cibernético", en referencia al casos Pegasus.
Firman el informe el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clemente Nyaletsossi; el vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Mumba Malila; la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan; el relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite; y la relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Fionnuala Ní Aoláin.