El gobierno foral de Navarra quiere que las carreteras y todo el sistema de tráfico sea transferido y desvincularse del poder del estado español en esta materia. Así pues, pendientes de que se lleve a cabo un acuerdo ya previo con el ejecutivo de Pedro Sánchez, esta administración pasará a tener todas las competencias a partir del primer semestre del 2022. Los 173 guardias civil que ahora controlan el tráfico de Navarra serán sustituidos por la Policía Foral.

Este cambio supone que los navarros se ahorrarán anualmente tener que pagar, aproximadamente, 12 millones de euros por este servicio. Será su propia policía la que se encargará de la vigilancia en las carreteras, establecerá el régimen sancionador, gestionará las autoescuelas y diseñará su propia Dirección General de Tráfico, conocida como DGT. Un camino que ya han seguido, con diferencias, Catalunya y el País Vasco previamente.

La recaudación se descontará de la aportación obligatoria que tiene Navarra con el Estado en el marco que se fijó el año 1990 dentro del convenio colectivo con el que se regulan los vínculos tributarios y financieros. Ahora la pregunta es si los servicios que hasta ahora desarrolla la Guardia Civil "se justifican" por otra parte y, finalmente, el gobierno foral lo acabará pagando igual.

La opción que dan desde el gobierno navarro para evitarlo es que estos agentes se integren en la Policía Foral o que ocupen el mismo puesto pero en otros destinos españoles y que pidan un traslado "por región". Actualmente, si sumamos también los 173 en materia de tráfico, en Navarra hay 1.623 guardias civiles. Este cuerpo lamenta el cambio y lo tilda como una herramienta de presión y una concesión que da Sánchez para tener los presupuestos aprobados.

También se transfiere la sanidad penitenciaria

Hay que recordar que la presidenta de esta comunidad es la socialista María Chivite. El acuerdo llega con retraso, pues la promesa de Chivite fue, el pasado mes de septiembre, hacerlo efectivo este 1 de diciembre. Para calmar el ambiente, ha reiterado que "ningún guardia civil que quiera continuar en Navarra será obligado a abandonar esta comunidad".

Pero este no es el único reto que ha conseguido. También firmó un acuerdo de transferencia sanitaria penitenciaria. En esta materia, a nivel estatal el coste es de 131 millones de euros y a Navarra se le descontará el 1,6% que aporta, es decir, 2,1 millones de euros anuales.

Navarra se hará cargo de los gastos de personal de las diez personas que hasta ahora formaban parte de la plantilla de Instituciones Penitenciarias. Se trata de seis personas funcionarias, una contratada temporal y tres integradas como personal laboral, que pasarán a incluirse en la plantilla del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Asimismo, la comunidad foral afrontará el resto de gastos relativos a la asistencia sanitaria, como fármacos y equipamientos médicos, entre otros.

 

Fotografía de portada: imagen de recurso de la Guardia Civil en Navarra