El último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha firmado en el Caso Erial todavía destapa más los movimientos ilícitos del expresident de la Generalitat valenciana y exministro popular, Eduardo Zaplana. En este caso tenemos que viajar hasta Andorra donde desvió, según los agentes, importes millonarios en comisiones ilegales para la adjudicación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y las Inspecciones Técnicas de Vehículos ITV. Estos importes los blanqueaba y posteriormente los repatriaba al Estado español. La causa, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, cuantifica las comisiones en 10,5 millones de euros.

El punto de partida de las investigaciones de ahora es una cuenta abierta en un banco andorrano por un posible testaferro de Zaplana, expresident de la Generalitat Valenciana y exministro. Este supuesto testaferro abrió en el 2004 su cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) en la cual llegó a ingresar más de seis millones de euros, la mayoría en efectivo, y los agentes de la Guardia Civil relacionan estos fondos con posibles comisiones. Esta es la primera hipótesis pero hay más que no se descartan y van ligadas a adjudicaciones públicas.

A modo de ejemplo, las comisiones también podrían venir derivadas de la construcción del parque temático de Benidorm Terra Mítica. Las investigaciones, más allá de las comisiones, también derivan en posibles delitos de soborno, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación por parte de Zaplana. La instrucción afronta este 2021 su fase final, después del esclarecimiento en el supuesto entramado societario que se pudo utilizar para ocultar los fondos y cuando se acaban de cumplir, este mes de mayo, tres años desde que el expresident y exministro fuera detenido.

Recordamos que el año 2019, Zaplana salió de la prisión por una leucemia que parecía mortal. No obstante, la magistrada adoptó una serie de medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias periódicas en el juzgado para firmar. La jueza adoptó esta decisión, apoyada por el ministerio fiscal, al considerar que se había minimizado el riesgo de fuga porque tenía bloqueado el dinero que el expresident valenciano guardaba en el extranjero.

Las investigaciones previas también situaban Uruguay como el segundo paraíso fiscal de todo el entramado. Los investigadores creen que Zaplana ha ido recibiendo estos últimos años "fondos procedentes de las presuntas comisiones ilegales" -que abonaron las empresas adjudicatarias a través de pagos en el extranjero- bien a través de entregas dinerarias, la última de 50.000 euros, bien a través de facturación falsifica, compra de terrenos o en "especie", es decir, con pisos, coches o un yate del cual habría disfrutado al exministro. 

Además de Zaplana y el que fuera su jefe de gabinete Juan Francisco García, entre los investigados se encuentran a Juan Cotino, Vicente Cotino, José Cotino, Washington Fernando Belhot, Francisco Pérez López, Juan Bautista Fuster, Joaquín Barceló, Mitsouko Flerida, Felisa López González y Rosa Barceló.

Fotografía de portada: imagen de recurso de Eduardo Zaplana