Neus Moran: "El Estado construye su patrimonio con las requisas del franquismo"

La historiadora Neus Moran Gimeno (València, 1979) se ha sumergido durante años en archivos del Ministerio de Trabajo, del de Economía y Hacienda, del Banco de España, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, del Archivo Nacional de Catalunya y de tantos otros para demostrar una herida todavía no resuelta después de medio siglo de la muerte del dictador Francisco Franco: el no retorno de los bienes requisados a los vencidos por el bando alzado en 1936. L'Espoli General. La requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana (1939-1978) (L'Avenç) es el nuevo libro, donde Moran detalla el metódico sistema de confiscaciones del Movimiento puesto en marcha para castigar y "destrozar" la riqueza del tejido asociativo de los Països Catalans.

Además, por por primera vez, la investigadora, de la Cátedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona, cuantifica el dinero decomisado de las cuentas bancarias de los desafectos al régimen, incluso de la Generalitat republicana, que ningún Govern ha exigido su retorno, en democracia. Neus Moran también destapa el vergonzante reparto del patrimonio apropiado en democracia, y donde recuerda que el Estado español es el máximo beneficiario, pero también Ayuntamientos como el de Barcelona al quedarse edificios requisados. La investigación de Moran es para que no olvidemos y para que se siga reclamando una reparación pendiente.

La Federación de Ateneos de Catalunya (con 200 entidades federadas) y el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria (CADCI) son una ejemplo de esta lucha tenaz para recuperar sus propiedades, que la nueva ley española de Memoria Democrática, no acaba de resolver. Menos lo que está fuera del Estado español, como recientemente se ha sabido del retorno de la sede del PNV en el exilio, en París, aunque no la podrá ocupar hasta el 2030. En esta entrevista, Moran nos revela datos nuevos y un sistema cruel de castigar al disidente.

El Espolio General es su segundo libro sobre la requisa del dictador Franco a los vencidos. ¿Cuál es la novedad?
Profundizar como se articula y se sistematiza la requisa, cuál es el marco legal que se utiliza, y sobre todo abarcar un ámbito mucho mayor que es Països Catalans para ver también cómo había estado la represión franquista desde la confiscación patrimonial en un ámbito territorial donde  hay conexiones por la lengua y entre asociaciones también. Països Catalans se caracteriza por tener una mayor densidad asociativa, y había que ver si la requisa era más intensa, como ya veía en el primer libro, o había alguna otra cuestión más. Y también aborda aspectos de la confiscación que en la otra libro no estaba estudiado.

¿Como cuáles?
Como por ejemplo las cuentas corrientes bancarias, los llamados improtegibles, y la confiscación en las cooperativas.

¿Nos dice que los Países Catalanes es más castigado que el territorio del Estado español?
Sí, fue más intensa la requisa.

En el libro salen muchas cifras.
Siempre son cifras que nos acotan a un mínimo, al máximo no podemos llegar porque estudias a partir de la documentación que se ha conservado, que está condicionada a los procedimientos y protocolos del aparato de requisa que la Junta Técnica del Estado empezó a diseñar en septiembre del 36. Por ejemplo, nos faltan documentos sobre la requisa en los territorios que estuvieron ocupados durante más tiempo por los militares. Del análisis de la documentación se desprende que no comunicaron todo lo que habían confiscado a los organismos del gobierno franquista. Aparte, tenemos que pensar que había también muchas asociaciones republicanas que no constaban en los registros de las cuales es difícil recorrer el rastro documental, y otros que no habían inscrito total o parcialmente las propiedades. Además el Estado franquista invalidó los contratos realizados durante la Guerra Civil y se centró en las propiedades que habían sido inscritas. Por eso, hablamos de mínimos pero las dimensiones de la requisa patrimonial podrían ser mayores. La confiscación fue sistemática, planificada y general.

¿Cuál era el objetivo de la requisa franquista?
Nace como un mecanismo represivo de primer orden en que convergen dos lógicas: la represiva, el castigo a los enemigos, a los desafectos, y la económica. Encuentran que la requisa es una fuente de financiación extraordinaria y superrápida. En principio la destinan al sostén del esfuerzo bélico y cuando acaba la guerra, a la llamada reconstrucción y a proveerse de fondos, a construir el patrimonio nacional con todo lo que van confiscando. Una parte de aquello que confiscan fue derivada a beneficio de los afines al Movimiento Nacional, a aquellos que habían dado apoyo al golpe de estado del bando del 18 de julio 1936.

En el ámbito de los Països Catalans he encontrado confiscados 741 inmuebles. Y, hasta ahora hemos localizado 96 millones de pesetas republicanas en cuentas improtegibles, unos 1.336 millones de euros actuales

Díganos algunas cifras
En el ámbito de los Països Catalans he encontrado confiscados 741 inmuebles, más de 160 toneladas de documentación. Y, hasta ahora hemos localizado 96 millones de pesetas republicanas en cuentas improtegibles que serían 1.336 millones de euros actuales, si seguimos la equivalencia de una peseta republicana igual a 13,91 euros, que proponía Lluís Planes, que es profesor de Economía de la Universidad de Girona, e hizo el estudio económico para la demanda del caso de las familias con papel moneda.

¿Son cifras nuevas de dinero confiscado?
Sí. En los estudios históricos y económicos lo que se cita es la cifra que dio Larraz, el ministro de Economía en el resumen provisional de 1940, en que daba una cifra estimativa porque no habían finalizado los trabajos de transferencia, pero nadie se había dedicado a vaciar toda la documentación. Primero tuve que buscarla. Así, los 96 millones de pesetas republicanas a las entidades representarían un 70% del total confiscado a los Països Catalans. Este porcentaje variará, no es definitivo. Pero por primera vez, tenemos la cifra de las cuentas improtegibles a todo el Estado que son 3.638 millones de pesetas republicanas, es decir unos 50.604 millones de euros, siguiendo la equivalencia monetaria del profesor Planes. En las sucursales domiciliadas en Països Catalans había 1.672 millones de euros, que sería el 46% del total transferido a la cuenta especial de improtegibles. Y de estos hay un total en saldos muy bestia que es el de la Generalitat republicana. Hasta ahora, tengo localizados 487,5 millones, que serían unos 6.786 millones de euros actuales siguiendo la misma equivalencia.

¡Ahí es nada!
Sí. Nadie ha considerado que la Generalitat también fue una víctima. Ahora estoy trabajando en el patrimonio confiscado a la Generalitat republicana.

¿Y ningún Govern de la Generalitat ha reclamado este dinero?
No.

He localizado cuentas de la Generalitat republicana, con unos 487,5 millones, no devueltas. Nadie ha considerado que la Generalitat fue una víctima

 

En el libro detalla el sistema de esta requisa de inmuebles y sorprende que no es nada improvisada, al contrario, intervienen varios organismos y se crea una legislación, con la ley de Responsabilidades Políticas de 1939.
Sí. Hasta que no me puse a investigar a fondo no entendí la magnitud, no te imaginas que pudieron construir un sistema tan bien perfilado, con una la maquinaria que funcionó durante décadas y que aseguró la perdurabilidad de la requisa. El operativo empieza en septiembre de 1936, es muy pronto. En casi toda la estructura de responsabilidades políticas y de improtegibles, la comisión que después crean para auditar los bienes que se transfieren a la Delegación Nacional del Sindicato (DNS), la comisiones calificadora de bienes sindicales marxistas, todo depende de Secretaría de Presidencia, de la que se hizo cargo Carrero Blanco. No es ideado por él. En el equipo funciona mucha gente, no es cosa de uno. Ni es cuestión de los militares.

¿Hay empresas o particulares que se beneficiaran de esta requisa franquista, como en la Alemania nazi?
Sí.

¿Y hay nombres?
En las cuentas improtegibles, por ejemplo, aunque se excusa en la ley que se dicta, los encargados de marcar quien son los titulares de las cuentas que se cataloga de desafectos, y por lo tanto se le confisca el dinero, son las propias entidades bancarias. Es trabajo de las sucursales: identificar a los titulares y devaluar los saldos de sus cuentas según la escala que establece la ley de desbloqueo de diciembre de 1939. Este operativo se remonta a otoño del 36, coincide con los inicios de los trabajos para elaborar el marco legal y el aparato de responsabilidades políticas que culminó con la ley de Responsabilidades Políticas del 9 de enero de 1939, norma que es retroactiva para el enjuiciamiento, se remite a octubre del 34.

Hay que destacar el decreto 108 de septiembre de 1936 con el que se inaugura este uso sistemático de la práctica requisitoria y de la aplicación de sanciones económicas con finalidades puramente represivas. En el decreto ya se califica a los desafectos, son: los autores materiales o por inducción de los daños sufridos por el Estado con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el movimento nacional, que aparece en minúscula. Y sitúan las entidades como el germen del antipatriotismo que enveneraron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales.

Los ateneos eran una estructura de país construida por la sociedad civil, especialmente por las clases populares, abiertas e integradoras, con ideales transformadores de inmensa potencia

¿Es decir, el franquismo persigue a las entidades de la clase trabajadora y a los ateneos catalanes?
Sí porque eran una estructura de país construida por la sociedad civil, especialmente por las clases populares, abiertas e integradoras, con ideales transformadores de inmensa potencia. Buscaban garantizar la cultura, la educación, la salud, el trabajo, la alimentación, el ocio, el deporte, la vivienda... Y lo hacían al margen de la iglesia y del Estado que obviamente no cubría estas necesidades básicas. Se caracterizaban por ser mutables, por ser polivalentes. Es decir, se adaptaban a las necesidades de las personas que las habían formado, de manera que fueron impulsando cooperativas de consumo y trabajo, escuelas, bibliotecas, cines, salas de baile, dispensarios... Sus estancias reflejaban todo eso, eran percibidos como la casa propia, el lugar de encuentro e interacción colectiva donde se tejían las redes de solidaridad popular que fueron tan importantes durante la guerra.

Para el franquismo era fundamental destruir este entramado para implantar el modelo social, moral, cultural y económico acuerdo con su ideología fascista. Hay que decir que a las colectivizaciones y las cooperativas obreras se las persiguió con una normativa ad hoc.

En el libro, expresa su preocupación no haber encontrado a todas las víctimas de la requisa franquista.

Sí. Hay muchos más inmuebles de los encontrados. Una prueba son los informes que hace el Servicio de Incautaciones de la Falange entre 1940 y 1943, sobre los inmuebles que tienen confiscados y ocupados en todo el Estado: 2.558. Seguramente había otros que los habían requisado al margen de la legalidad vigente. Del total, hay 1.992, el 47%, ubicados en los Països Catalans; de los cuales 890 en el Principado, el 35%. Y destaca sobre todo la demarcación de Barcelona, que son 650. En el País Valencià tenían 292 ocupados, y en las Illes Balearss solo 10, pero claro a les Illes es ocupada pronto, solo triunfar el golpe, y los inmuebles quedaron en manos de las comisiones militares que no blanquean ni la mitad de lo que habían decomisado. El ejército había creado comisiones propias en Sevilla, Aragón y Baleares, que estuvieron activas hasta el 38, amparándose en el mismo Decreto 108 que comentaba antes.

Es curioso el hecho de que se abrió una pugna entre estas comisiones y las que creó la Junta Técnica del Estado, el gobierno de Burgos, porque las del ejército no les facilitaban los expedientes e inventarios los bienes confiscados. Según la normativa, todo lo que se requisaba era declarado inmediatamente patrimonio del Estado, pero el ejercido no lo blanqueaba, al final informó de una mínima parte de lo que le quedaba al Estado, lo distribuyó antes.

Para que la represión funcione tiene que ser indiscriminada. Daba igual la situación de las víctimas, si están vivos, muertos o exiliados; se les confisca el patrimonio igualmente porque se las consideran culpable de la guerra

¿La ley permite confiscar a todos los desafectos del régimen?
Sí. Para que la represión funcione tiene que ser indiscriminada. Un par de características de esta ley es que: una, se retroactiva, empieza en 1934 para enganchar a los protagonistas de revolución de octubre; y la otra es que da igual la situación de las víctimas, si están vivos, muertos o exiliados, se les confisca el patrimonio igualmente, porque se las consideran culpable de la guerra. Cambian el argumento: los desafectos son los responsables del levantamiento militar, por lo tanto, se les tiene que imponer una sanción económica para pagar los destrozos derivados de la guerra. Sanción que repercute sobre todos sus bienes y como es tan indiscriminada acaba afectando a todas a las familias, al patrimonio familiar.

En el aparato que se activa para encargarse de la ejecución y administración de la requisa interactúan organismos civiles y militares. A partir de la reforma de 1942, queda en manos de los ministerios. Hay una distribución de funciones y un flujo constante de información entre el Ministerio de Justicia, el de Economía y el Ejército. Hasta la reforma, los militares se encargan de la instrucción de las causas, eso facilitó, por ejemplo, que derivaron rápidamente los expedientes de los sumarísimos a responsabilidades políticas para la incoación de las causas, lo cual incrementó muchísimo el número de encausados por esta jurisdicción especial.

¿Cuál es el objetivo?
Lo que busca es empobrecer a una parte de la población que se consideraba hostil y eso acaba afectando a las clases trabajadoras, que son las que habían impulsado el movimiento asociativo y obrero republicano. ¿Para qué? Para controlar todo el tejido de sociabilidad y desarticular cualquier disidencia futura. La requisa fue un mecanismo de control muy efectivo.

¿Lo consiguieron?
Sí.

Se busca empobrecer a toda una parte de la población, que se considera hostil, y eso acaba afectando en las clases trabajadoras que son las que han impulsado el movimiento asociativo, obrero y republicano

 

¿Y porque reforman la ley de Responsabilidades Políticas en 1942?
Para sacar a los militares. Es una ley pensada para que la apropiación de los bienes sea perpetua. A partir de la reforma, Hacienda creó un organismo propio para administrar los bienes confiscados, la Sección de Incautaciones, dentro de la Dirección General de Propiedades, que actualmente es Patrimonio. Estuvo activa hasta 1978. Lo que acabó gestionando eran los bienes muebles e inmuebles que no fueron transferidos en septiembre de 1939 ni a la Delegación de Sindicatos, ni al Instituto Nacional de la Vivienda, ni a Colonización.

Desde 1936 hasta 1966 hubo un baile de propiedades espectacular. La premisa era sacar rendimiento de cualquier bien confiscado

¿Antes de la democracia, hay alguna reclamación para que se les devolviera la propiedad confiscada?
Hay alguna reclamación a partir de 1966 cuando se declara un indulto general de las penas por responsabilidades políticas, pero fue un indulto que no implicaba un retorno de lo que habían confiscado y menos por vía administrativa. En parte se indultó porque tres décadas después, el propio aparato todavía no había podido resolver lel alud de expedientes, sobre todo los que arrastraba desde el primer periodo, tampoco habían funcionado la reforma de las condiciones de las sanciones. El interés político por mantener aquella jurisdicción también había cambiado. A raíz del indulto, se aceleraron las ventas y subastas del patrimonio confiscado. Desde 1936 hasta 1966 hubo un baile de propiedades espectacular. La premisa era sacar rendimiento de cualquier bien confiscado, sea mueble o inmueble y esté en el estado de conservación que sea, y priorizan la alienación rápida de los inmuebles que no ocupan y consideran inútiles, de poco valor. Eso sirvió y sirve de argumento ante las reclamaciones, no devuelven las propiedades porque no son propietarios.

Sorpren que hagan unas tasaciones a la baja para vender los inmuebles confiscados.
Porque no les importa, y como no hacen ningún mantenimiento de los edificios llega un momento que están muy deterirados y los venden. Es la voracidad mercantil, necesitan dinero y saben que quizás en algún momento alguien reclamará aquello, pues lo venden. De los edificios importantes, como el del CADCI, no se desprenden nunca.

Cuando llega el 78 se constituye un organismo interministerial que hace una auditoría de todos los bienes que quedan. Ninguna de las leyes contempló una restitución o compensación a particulares

En democracia, el Estado español no devuelve todo lo confiscado por el franquismo.
Hay muchas entidades que no sobrevivieron la dictadura. Y muchas familias que no se enteraron de los procedimientos larguísimos que habían afectado a sus familiares. Quizás fue por la vergüenza o por miedo no lo contaron. Les confiscaban bienes personales, como ropa, unos manteles o los juguetes. Cuando llegó el 78, después de liquidado el Movimiento, se constituye un organismo interministerial, el AISS, que hace una auditoría de todos los bienes del extinto Sindicato Vertical para hacer el reparto a los ministerios. También recibieron demandas de algunos ministerios y consistorios. Un grueso importante de estos bienes pasó al Ministerio de Trabajo, como el edificio del CADCI, pero hay otros, que van a Educación, a Cultura. Aparte, en junio de 1977 crean las Cámaras Agrarias que heredan las propiedades de las Hermadades Sindicales de Labradores y Ganadores que dependían del Sindicato Vertical y las pueden inscribir como propias.

A partir de 1993 la Generalitat de Catalunya y la Generalitat valenciana emiten decretos en que extinguen las Cámaras y asumen su patrimonio que pasa a depender de los consistorios. La Generalitat valenciana sigue dictando órdenes hasta el 2012, en el que atribuye el patrimonio a los ayuntamientos pero desvincula la adjudicación de «el interés general agrario», de manera que los ayuntamientos pueden hacer lo que quieran con este patrimonio, hacer pisos, bibliotecas, un parking...

El Estado dictó dos leyes restitutivas: la ley de 1986, ordena la cesión del patrimonio sindical acumulado y  el 1998, la restitución o compensación a los partidos. Coincidiendo con la emisión de la primera se ordena la inscripción de oficio al Patrimonio Nacional de los inmuebles confiscados que habían pasado al Ministerio de Trabajo. Ninguna de las leyes contempló una restitución o compensación a particulares.

Un caso emblemático de no retorno es el caso de la sede del Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria (CADCI), en la rambla de Santa Mònica de Barcelona. ¿Cómo es que la UGT acepta ocupar un edificio que tiene los sus titular bien claros?
Sí el CADCI es emblemático del no retorno, pero no es el único. Por ejemplo, está el caso de Polinyà. El Supremo devolvió el casino a la Sociedad Obrera de Polinyà, pero la CNT pleiteó para conseguirlo porque la Sociedad había acordado el adherirse durante la guerra. Los títulos de una ley siempre dicen mucho y la palabra que no se pone es la clave.

¿Cuál es?
En la ley de 1986 la básica es cesión. Una cesión no implicar devolver la titularidad. El Ministerio sigue reteniendo la titularidad de los inmuebles confiscados y lo que acuerda es una cesión, que se renueva periódicamente y tiene unas condiciones para el uso.

Por lo tanto...
El Estado retiene la titularidad. El patrimonio del Estado se construye con el franquismo.

¿Y la ley de 1998?
En este caso la ley dice "restitución" y "compensación" y los partidos políticos recuperaron el patrimonio y pudieron pedir una compensación por las cuentas improtegibles bloqueadas. Son los únicos que lo han recibido por este motivo.

¿Cómo valora la nueva ley española de Memoria Democrática de 2022?
La nueva ley reconoce a las entidades como víctimas, hasta ahora estaban excluidas. Pero aclara que el reconocimiento de víctimas no implica que ninguna de sus reclamaciones repercuta sobre el patrimonio del Estado en territorio nacional. Te dan un diploma, pero no te compensan ni devuelven nada.

Con la nueva ley de Memoria, te dan un diploma, pero no conpensan ni devuelven nada a la víctimas

¿Los ateneos catalanes no podrán recuperar sus propiedades?
Las leyes las hacen los políticos y las pueden cambiar. La ley insta que se creen unas comisiones, que están inactivas, ni se han formado y la ley es del 2022. Pero cierra mucho a cualquier restitución. ¡Y nadie tampoco ha reclamado el retorno de las cuentas improtegibles, se lo quedó todo el Banco de España!

Los Ayuntamientos, como el de Barcelona, tuvieron una gran participación en las delaciones, con la identificación de locales

En el libro habla también de delaciones. ¿Quién identificó bienes de los vencidos?
Los Ayuntamientos tuvieron una gran participación en la identificación de locales, precintarlos, y crearon comisiones propias. También hubo ciudadanos que colaboraron. A veces, se dice el franquismo llegó, pero necesitó de la ayuda de gente local. El caso del Ayuntamiento de Barcelona es paradigmático y bestial: el mismo 27 de enero, día en que se constituye, creó una ponencia de reconstrucción que estuvo activa hasta finales del 60. Al frente había un concejal de la Liga. Desde la ponencia se organiza una primera Comisión de Recuperación. En poco tiempo, los Servicios de Ocupación, el ejército, crea la Comisión Revisión de immuebles abandonados en la que participan los miembros de la ponencia del Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona. Se hacen listas y es muy conmovedor porque en algunos de los domicilios ponen exiliado o no se encuentra. Y el Ayuntamiento se dedica a controlar los almacén donde se guardan los muebles requisados y donde van los afectos a las subastas. Incluso, cobra las tasas para acceder a las subastas y del desplazamiento de los muebles requisados.

¿Y después de medio siglo de la muerte del dictador sin que se haya cumplido el retorno de las requisas, qué tendría que hacer el Estado español?
El Estado tiene que reconocer este delito y quien lo perpetró. Está considerado de lesa humanidad, por lo tanto es imprescriptible. El Estado es el responsable último.