El economista Santiago Niño Becerra ha advertido que hay regiones españolas que "no son sostenibles", y ha subrayado que la fórmula de reparto que aplica la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA) no tiene lógica. "Desde 1980 está en funcionamiento la LOFCA por la que cuatro regiones [se refiere a Catalunya, el País Valencià, las Illes Balears y Madrid] han vertido cantidades enormes de fondos al resto hasta el punto de llegar al absurdo: la que da, después de haber aportado dispone de menos fondos por habitante que los que reciben. Es el caso de Catalunya. Es decir, el diseño de la LOFCA no es económicamente lógico, pero el problema radica en la misma conceptualización del concepto de región porque solo son viables en términos económicos las que se pueden sostener por sí mismas", ha añadido.

El economista ha reproducido los únicos saldos fiscales interregionales oficialmente admitidos, con una información del diario El País que muestra como las autonomías más dependientes son Extremadura, Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Andalucía.

Según cálculos de la conselleria de Economía, en la época que la dirigía Jaume Giró, la diferencia entre el gasto que el Estado dedica a Catalunya y los ingresos que aportan los catalanes a las arcas del Estado, se eleva a 20.196 millones de euros, es decir un 8,5% del PIB. Las balanzas se calcularon en función de los datos del 2019, el último año prepandemia. Estas cifras representan un incremento de un 0,5% con relación al 2016, el último año en que el Estado facilitó los datos necesarios para hacer el cálculo de las balanzas. Aquel año el déficit fiscal se situó en 17.049 millones de euros. Según el informe presentado en el 2022, el 2019 Catalunya aportó el 19,6% de los ingresos totales al Estado y recibió el 13,4% en gastos.

El déficit fiscal de 20.196 millones representa el 53% del presupuesto del Govern de Catalunya; equivale a los presupuestos de Sanitat, Educació y Drets Socials; es 167 veces el presupuesto de los Ferrocarrils de la Generalitat; y equivale a 24 veces el presupuesto público dedicado a políticas de investigación y desarrollo. Si Catalunya pudiera disponer como Navarra y el País Vasco de los impuestos que recauda, la Generalitat podría invertir casi 2.700 euros adicionales cada año para cada ciudadano que vive en Catalunya. Actualmente, se destinan 5.071 euros a cada catalán, y con el sistema vasco se destinarían 7.800.