La falta de acuerdo entre las fuerzas independentistas para la investidura de Pere Aragonès está llevando al Parlament, de nuevo, a una situación complicada. Según la ley de la presidencia de la Generalitat, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, dispone de diez días, desde la constitución de la cámara, para designar a un candidato a presidir el Govern. Pero el plazo acaba el próximo viernes y el acuerdo para la investidura de Pere Aragonès sigue sin concretarse. De hecho, los negociadores tienen asumido que el pacto es casi imposible que esté terminado para el viernes 26 de marzo.
La ley establece que la presidenta dispone de estos diez días para consultar a los representantes de los partidos o de los grupos políticos, y "proponer al pleno un candidato o candidata a la presidencia de la Generalitat". En caso de que la investidura no prospere en una primera votación por mayoría absoluta ni en una segunda votación 48 horas más tarde por mayoría simple, se pone en marcha un plazo de dos meses para un segundo debate de investidura. Si tampoco entonces es posible, se disuelve el Parlament automáticamente y Aragonès, como vicepresident en funciones de president, deberá convocar elecciones "de manera inmediata".
Borràs y el acto equivalente
¿Qué pasa, pues, si el candidato Pere Aragonès no consigue un acuerdo para sacar adelante el debate para su investidura el viernes 26 de marzo? Borràs ha apuntado esta mañana a las puertas de la prisión de Lledoners que el debate de investidura se tiene que hacer "si hay un candidato que disponga de suficientes apoyos". Pero eso no es lo que dice la literalidad de la ley, que habla sencillamente de un candidato, sin fijar más condiciones. Con todo, las palabras de Borràs se han interpretado como la negativa a presentar a un candidato, como el socialista Salvador Illa, que no tenga garantizada la mayoría.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, a las puertas de la prisión de Lledoners / ACN
De momento, la Mesa del Parlament, con mayoría independentista, ha vuelto a sacar del cajón el informe elaborado en 2018 por los letrados de la Cámara en que se señala que en caso de que no sea posible encontrar entre los diputados a un candidato para la investidura, la presidenta podría recurrir a un "acto equivalente" al primer pleno de investidura que activara el segundo plazo de dos meses para intentar cerrar el acuerdo.
Esta situación se produjo el pasado mes de octubre, cuando el Tribunal Supremo ratificó la inhabilitación de Quim Torra y Junts no planteó un candidato alternativo para sustituirlo. El entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, leyó el 21 de octubre ante el pleno una resolución en que argumentaba que no le había sido posible encontrar a un candidato a la investidura, por lo cual se activaba el reloj de dos meses que tenía que llevar a la disolución automática del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones, que se acabaron celebrando el 14 de octubre.
Investidura fallida: Illa
No obstante, desde el PSC se ha insistido repetidamente en la voluntad de presentar a Illa a la investidura. Aunque sea para una investidura fallida. Si Aragonès no dispone de los votos de Junts ni los de la CUP, que le hacen falta en primera votación, o los de Junts y la abstención de los cupaires que necesitaria en segunda, Illa podría pedir presentarse a la investidura con sus 33 diputados, argumentando que es el candidato que ha recogido más votos a las elecciones, y más todavía si consigue sumar los 8 escaños de los comunes. En cualquier caso, la ley de la presidencia de la Generalitat no fija condiciones para presentarse al debate de investidura más allá de que la presidenta "tiene que proponer al pleno un candidato o candidata".
La investidura, pues, se puede convertir en el primer tropiezo con que deba lidiar Borràs, diez días después de su toma de posesión, para poder impulsar un acto equivalente y driblar la pretensión del PSC de presentar a Illa.
En la imagen principal, el pleno del Paralment reunido en el Auditori de la Cámara durante su constitución / Sergi Alcàzar