Carles Puigdemont ha vuelto a copar todas las miradas. En Barcelona y en Madrid. Su fugaz regreso y su inesperada posterior desaparición, al lado de la investidura de Salvador Illa, han marcado los últimos días de la política catalana y española. En Madrid, las consecuencias se están todavía calibrando, pero el Gobierno intenta perimetrar-las para minimizar el impacto que pueden tener en la estabilidad de Pedro Sánchez. Lo que es innegable es que el hecho de que Puigdemont continúe en libertad da oxígeno al Gobierno, que se habría encontrado entre la espada y la pared en caso de que el presidente en el exilio hubiera entrado en prisión: tener encarcelado al líder de uno de los socios imprescindibles en el Congreso de los Diputados hacía inviable articular cualquier mayoría lógica.
Por lo tanto, aunque parezca contradictorio, el hecho de que Puigdemont consiguiera burlarse la seguridad y escabullirse de la orden de detención de Pablo Llarena deja las cosas tal como estaban antes del jueves: Sánchez depende aritméticamente de Junts, que intentará aprovechar cualquier votación para negociar y obtener réditos a cambio. Como dicen los juntaires, “pieza a pieza”. Es incuestionable que si el presidente en el exilio hubiera acabado en la prisión, el Gobierno habría pasado a tener respiración asistida. Y es que así lo habían anticipado desde las filas de Junts los últimos días. El mismo Puigdemont había advertido que su entrada en la prisión “habría tenido consecuencias”, mientras que Jordi Turull también había insistido que, si el presidente en el exilio acababa detenido, el acuerdo entre el PSOE y Junts se tendría que “replantear” y habría que “estudiar todos los escenarios”.
No es un contexto fácil. Porque Junts también necesita que en la Moncloa haya un ejecutivo favorable a la amnistía a fin de que pueda remar a favor de su íntegra aplicación. Hoy en día, los juntaires exigen a Sánchez y a sus ministros que no hagan oídos sordos ante las estrambóticas argumentaciones del Supremo y viendo las maniobras de los jueces para intentar dejar la norma del olvido penal en papel mojado. Pero eso sería impensable con un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, parece que Junts no tiene ningún nuevo argumento sustancial para romper la alianza con el PSOE y tendrá que mantenerse dentro de la frágil mayoría aritmética del Gobierno para culminar todos sus objetivos.
Sin embargo, hay otra derivada. Ver a Puigdemont en Barcelona en libertad y comprobar que fue capaz de volver a marcharse ha hecho daño a la derecha política, judicial y mediática, que se siente herida. Y, claro está, responsabiliza íntegramente a Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, la querella de Hazte Oír, el sindicato ultra que hace tiempo que ha puesto en marcha una cacería contra el presidente español y el independentismo, denuncia que el Gobierno tenía un “claro y evidente interés político” que Puigdemont no fuera detenido y lamenta que la no detención de Puigdemont comporta “avivar la duda de la independencia judicial, poniendo de nuevo el foco en la Judicatura”. Las críticas no se quedan cortas. Pero todo eso también forma parte del combate que ha emprendido el presidente español contra parte de los aparatos del Estado, más después de la ofensiva judicial contra su mujer, Begoña Gómez. Por lo tanto, no es un foco de preocupación para el líder del PSOE.
Félix Bolaños: “España es un Estado de derecho donde se cumple la ley”
Los últimos días, el Gobierno se ha mantenido distante con respecto a Catalunya. El jueves la Moncloa mantuvo un silencio sepulcral durante todo el día para evitar pronunciarse sobre el regreso de Puigdemont. Sánchez y los ministros solo abrieron la boca (en este caso, Twitter) para felicitar a Salvador Illa después de haber sido investido. La única voz del Gobierno que se ha podido escuchar recientemente ha sido la de Félix Bolaños. En una breve atención a los medios desde París, que duró menos de diez minutos y tuvo cuatro turnos de preguntas para los periodistas, se limitó a sacudirse las responsabilidades hacia el operativo policial de los Mossos. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirmó que España es un “Estado de derecho donde se cumple la ley” y en el que “se tienen que cumplir los mandatos judiciales” y evitó responder al ser preguntado explícitamente por las “repercusiones futuras” que podría tener para el ejecutivo español todo lo que pasó el jueves. Además, Bolaños consideró que el regreso de Puigdemont “no aportó nada a la sociedad catalana”.
Junts avisa: “Si el Gobierno mira hacia otro lado, eso no tiene ningún recorrido”
Ahora bien, Junts alerta. Y pone presión al PSOE y al Gobierno. No es ninguna novedad porque la formación juntaire se había expresado en esta dirección los últimos días, pero el viernes Jordi Turull lo volvió a dejar claro. Si el Gobierno “mira hacia otro lado” y “el discurso es el del señor Bolaños, diciendo que la justicia actúa perfectamente y que se aplica la ley”, eso “no tiene ningún recorrido”, advirtió en una entrevista en El Món a RAC1. El secretario general del partido anticipó que la reacción de la Moncloa ante la actuación de los jueces del Tribunal Supremo “estará sobre la mesa en la próxima reunión con el PSOE con la mediación internacional” y avanzó que, a partir de aquí, “se tendrán que tomar decisiones”. Turull no delimita el alcance de las futuras decisiones, pero subraya que “no se puede descartar nada” y pone de relieve que, además, el acuerdo entre el PSC y ERC “ha cambiado mucho el relato del marco mental, las condiciones y las bases” del Acuerdo de Bruselas, la alianza entre Junts y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
Este pronunciamiento de Turull no llega de nuevo para el Gobierno. El sábado, cuando Puigdemont refermó su voluntad de volver a Catalunya, la ejecutiva de Junts per Catalunya emitió un comunicado en el que subrayaba que los juntaires son la “fuerza decisiva del independentismo en el Parlament y en el Congreso” y avisaba de que la formación capitaneada en Madrid por Míriam Nogueras haría “valer” sus votos para “continuar avanzando hacia la independeencia y mejorar las condiciones de vida de los catalanes”. También esgrimía que Junts es el único partido con las “manos libres con capacidad de condicionar decisiones en el Congreso”. Conviene no olvidar que en el último pleno del mes de julio, Junts dio dos estocadas a Sánchez tumbando la senda de déficit y la ley de extranjería.
🔎 El nuevo aviso de Junts a Sánchez avista una legislatura española más asfixiante si ERC inviste a Illa
El PP dispara contra la Moncloa por una “humillación” y un “ridículo internacional” y acusa a Sánchez de “cómplice”
Mientras tanto, el PP saca fuego por las muelas. En Génova están indignados y frustrados después de haber visto cómo Puigdemont era capaz de volver a Barcelona sin ser detenido, pronunciaba un discurso delante de miles de personas y decenas de medios de comunicación y podía volver a escabullirse de la vigilancia de los Mossos d'Esquadra. Eso sí, los populares, que tildaron el retorno de Puigdemont de “ridículo”, “circo” y “esperpento”, dirigen los dardos hacia el Gobierno y hacia Pedro Sánchez, a quien responsabilizan de las escenas que se vivieron en Barcelona el jueves. Además, el PP pide la cabeza de los ministros del Interior y de Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, por las que consideran que son “negligencias” en el operativo policial y en el papel del Centro Nacional de Inteligencia. De hecho, Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, sostiene que el CNI “no controla ni vigila a Puigdemont porque Sánchez así lo ha querido”.
“Es una humillación insoportable más, es doloroso asistir en directo a este delirio del que Pedro Sánchez es el máximo responsable”, escribía Feijóo a Twitter el jueves por la mañana. “Es cómplice de esta vulneración de nuestra democracia y del manoseo de nuestro Estado de derecho”, denunciaba Alícia García, portavoz en el Senado. Y Cuca Gamarra ponía el dedo en la llaga: “La alfombra roja en la que hemos visto a Puigdemont lleva las siglas del PSOE”. El día siguiente, delante de la fachada del Parlament, la eurodiputada Dolors Montserrat catalogaba los hechos vividos en Barcelona de “doble humillación”, “ridículo internacional” y “desprestigio” y aseguraba que era “culpa” del presidente español.
Cinco pronósticos frustrados del PP augurando que el PSC investiría Puigdemont
Las críticas del PP hacia la no detención de Puigdemont se suman a una serie de vaticinios hechos desde la calle Génova desde antes de las elecciones del 12-M que no se han acabado cumpliendo. La presunta bola de cristal de Génova se ha roto. Una de las principales tesis de los populares las semanas previas a los comicios y, sobre todo, habiendo visto los resultados de las urnas era que Pedro Sánchez impondría que el PSC permitiera la investidura de Puigdemont, tal como el presidente en el exilio reclamó, con el fin de garantizar la estabilidad del Gobierno en el Congreso. Es una idea que el PP repitió sucesivamente y que utilizó insistentemente como ariete para atacar al presidente español.
“Sánchez negó, por supuesto, que vaya a investir a Puigdemont, como antes negó que fuera a pactar con Bildu y como negó la amnistía, pero podemos estar a las puertas de un nuevo gran engaño de Sánchez que podemos prever como ejecutará”. Era la lectura que hacía Alberto Núñez Feijóo dos días después del 12-F, dando casi por hecha una alianza entre el PSC y Junts en el Parlament. De hecho, es una tesis que Feijóo había abonado durante la campaña electoral, esgrimiendo que el futuro Govern de la Generalitat se decidiría “en los alrededores del Congreso de los Diputados y de la Moncloa”, dado que Puigdemont y Sánchez “se necesitan”. Arguyó que, como uno quería volver a ser presidente de la Generalitat y el otro quiere mantenerse en la Moncloa, “el uno sin el otro no es posible”.
Justo el día antes, el portavoz del PP se había expresado en unos términos muy similares. “¿Alguien conociendo a Pedro Sánchez está en condiciones de afirmar que no puede hacer president a Puigdemont? ¿Todo lo que Puigdemont le ha pedido se lo ha concedido, por qué en esta ocasión sería diferente?”, se preguntó Borja Sémper. El dirigente popular expresó las “dudas más que razonables” conociendo los “antecedentes” de Sánchez. Aquella misma mañana, el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, previó que Sánchez “sacrificaría” a Illa para pactar con Puigdemont, cosa que, según su opinión, sería “una traición al veredicto de las urnas”.
Y una semana más tarde, la eurodiputada Dolors Montserrat se sumó a las mismas predicciones: “Illa es una marioneta de Sánchez, tendrá que entregar la Generalitat a Puigdemont para que Sánchez se pueda mantener agonizante en la Moncloa”. Sin embargo, las palabras de Montserrat llegaban doce horas después de que Feijóo hubiera hecho un volantazo y hubiera vaticinado que el PSC haría descansar la gobernabilidad en ERC. En plena campaña de las elecciones europeas, Cuca Gamarra volvió a la tesis inicial: sostuvo que Sánchez estaba ocupado solo al ver “como llegar a un acuerdo con Puigdemont” después de que “Puigdemont le haya dicho «Yo Catalunya y tú la Moncloa»” y argumentó que “cuando Puigdemont habla, Sánchez obedece”. Al final, como ha quedado claro, nada de todo esto se ha cumplido: Salvador Illa fue investido con los votos de ERC y de los Comunes mientras Carles Puigdemont reapareció en Catalunya, no accedió al Parlament y acabó sorteando un despliegue policial inédito.