Nuestra causa en los tribunales españoles está perdida. El famoso a por ellos ha mutado de color y hoy viste de negro brillante en las togas del Supremo. No estamos teniendo una instrucción justa y no percibo que tendremos un juicio justo. A los que hoy estamos en la prisión sólo nos hará justicia los tribunales europeos e internacionales. De la misma manera que un tribunal alemán ha evidenciado que la justicia española iba desnuda en la narrativa de la violencia y que un tribunal internacional de derechos humanos determinó cautelares para preservar mi derecho político, serán otros tribunales (Bélgica, Suiza, Reino Unido, el TEDH...) los que evidenciarán el destrozo que el Supremo está haciendo en la protección de los derechos políticos y civiles a lo largo de la instrucción de la Causa especial 3/2017.

Puede parecer la mía una opinión excesivamente contundente. Lo lamento, pero no tengo ninguna otra. En los 6 meses de prisión preventiva no ha habido ninguna decisión judicial ni siquiera una sola palabra de las muchas escritas por el juez instructor, que me permitan tener una opinión esperanzadamente diferente a la expresada.

Dando por perdida la posibilidad de un juicio justo, lo que no nos podemos permitir desde el soberanismo es perder el impulso político en Catalunya. La recuperación de las instituciones y la constitución de un nuevo gobierno es prioritaria. Por eso hemos intentado en 4 ocasiones hacer una sesión de investidura. Si hoy no hay gobierno no es por falta de voluntad de la mayoría soberanista. Lo han impedido el Constitucional y el Supremo con decisiones que les eran impropias y que en un futuro los tribunales europeos tendrán que dirimir.

Que nadie sufra, si depende de la mayoría soberanista no iremos a nuevas elecciones. El liderazgo del president Puigdemont es indiscutido y él ya decidió que el impedimento del Constitucional a su investidura no nos arrastraría a nuevas elecciones. Por eso yo mismo y Jordi Turull fuimos candidatos a la investidura.

El mandato del 21-D es clarísimo y no lo pervertiremos. Si hoy Puigdemont no es investido no es ni por una falta de compromiso de él ni de Junts per Catalunya. Nadie nos puede reprochar nada. Y ante la injerencia reiterada contra la soberanía parlamentaria del Tribunal Supremo, convirtiendo en papel mojado tanto los millones de votos depositados en las urnas el pasado 21-D como las medidas cautelares dictadas a favor mío por un tribunal internacional de derechos humanos (el Comité de Naciones Unidas), sólo podemos asegurar que no renunciaremos a lo que los electores expresaron.

Cada decisión del juez Llarena y del Tribunal Supremo nos obliga a buscar nuevas soluciones. Que el Parlament pueda disponer de una nueva ley de Presidencia que limpie los obstáculos para que el president Puigdemont pueda ser investido de nuevo no es volver a ninguna casilla de salida. Si hemos llegado aquí es, hay que decirlo, por las maniobras políticas de los tribunales que han impedido que diputados con el derecho político intacto fueran investidos. Los que dicen estar tan nerviosos e indignados que reclamen al Tribunal Supremo y que le pidan que deje de interferir.

Los electores votaron para recuperar las instituciones y echar el 155. Y eso es lo que nos proponemos hacer. No regalaremos el control de la Generalitat ni tentaremos a la suerte para que aquellos que nos quieren sepultar definitivamente tengan el palacio de la Generalitat para hacerlo. No tener el control del gobierno es aceptar que otros, por pasiva como ahora o por activa si ganan una mayoría lo tengan. Y eso, que todo el mundo respire tranquilo, no lo haremos.

Que nadie espere, sin embargo, que el president Puigdemont se deje marcar el paso por aquellos que quieren impedir que se ponga en valor los resultados del 21-D. Cuándo él me dio paso como candidato a la presidencia cuando el Constitucional impidió su elección, ya demostró que no nos resignaríamos a todos aquellos que querrían borrar la voluntad expresada en las urnas en diciembre. Nada más parecido al 1 de octubre que el 21 de diciembre. Preservaremos la voluntad ciudadana, dignamente y con responsabilidad.