"La Toga Nostra" ya forma parte del diccionario de Junts per Catalunya. La portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha denunciado este jueves que "España no será una democracia hasta que no se acabe con la mafia judicial" porque "la Toga Nostra tiene la diana fijada en nosotros, los independentistas." Lo ha dicho en el debate sobre la toma en consideración del pacto PSOE-PP en forma de ley para reformar la ley del Poder Judicial. Aparte de cargar contra la alianza de los dos grandes partidos del régimen del 78, ha instado a las dos formaciones a hacer "reformas reales" sobre el sistema judicial español, con el fin de tener "mecanismos de protección contra marchenas, aguirres y llarenas", en referencia a los jueces dispuestos a ensañarse contra el independentismo aunque haya una ley de amnistía activa dedicada a parar la persecución judicial.
Nogueras también ha opinado que, a pesar de la reforma del CGPJ, los jueces de la cúpula española "seguirán haciendo y deshaciendo y haciendo política en lugar de justicia, porque saben que nadie los llamará nunca al orden". "Ustedes permiten que actúen impunemente", ha denunciado. Así, ha criticado que el pacto entre PP y PSOE "no regenera nada" y "mantiene la ultraderecha judicial en lo que tendría que ser un poder independiente".
Gabriel Rufián, por su parte, ha manifestado que el acuerdo por el CGPJ es "malo" y muestra "dos partidos de Estado" que "juegan a odiarse", pero que al final "se ponen de acuerdo en el reparto del Estado". "Hoy el PP dirá que ha obligado a ceder al PSOE, y el PSOE que ha obligado a pactar al PP", ha dicho, pero "la razón de Estado es una gran mentira", porque sirve para impedir el control sobre la Corona, cargarse el gobierno de Catalunya porque no les gusta" o "mutilar leyes como la del 'solo sí es sí'". "En democracia, todos los poderes tienen que estar sujetos a la soberanía popular", ha opinado el jefe de filas republicanas en Madrid.
El pacto PSOE-PP
A grandes rasgos, PSOE y PP han aprobado este jueves dar el primer paso para establecer que cualquier persona que en los últimos cinco años haya sido un alto cargo del Gobierno o autonómico, senador, europarlamentario o diputado en el Congreso no podrá ser escogido como vocal del Consejo General del Poder Judicial. También se decreta que los jueces que soliciten su reingreso al servicio activo después de haber ejercido un cargo político tendrán que esperar dos años sin ejercer funciones jurisdiccionales. Eso aplicará para los magistrados que se presenten como candidatos en elecciones al Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos o en las Corporaciones locales o los que sean nombrados para cargo político o de confianza.
La ley también incorpora la obligación de los vocales del CGPJ de haber comparecido con anterioridad en una comisión en la que se acredite el prestigio y la idoneidad del jurista. Por otra parte, los nombramientos que hace el Consejo General del Poder Judicial requerirán una mayoría de tres quintos. Eso incumbe a los presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, el presidente y los presidentes de sala de la Audiencia Nacional, los presidentes y presidentes de sala de los Tribunales Superiores de Justicia y los presidentes de las Audiencias Provinciales.
Por último, la ley insta a los nuevos miembros del CGPJ a elaborar, en el plazo de seis meses, un informe que examine los sistemas europeos de elección de los miembros de los Consejos de la Magistratura análogos al español y una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales designados entre jueces y magistrados. Se tendrá que aprobar por una mayoría de tres a quintos de los vocales y tiene un requisito claro: "Que garantice su independencia y que, con la participación directa de jueces y magistrados a los que se determine, pueda ser evaluada positivamente por el informe del estado de derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un CGPJ conforme con los mejores estándares europeos".
Posteriormente, la propuesta será trasladada al Gobierno, al Congreso y al Senado para que "se elabore y someta a la consideración de las Cortes Generales un proyecto de ley o proposición de ley de reforma del sistema de elección de los vocales judiciales para su debate, y en su caso, tramitación y aprobación". Hay divergencia de interpretación entre socialistas y populares respecto de este punto del acuerdo. El PP defiende que tendrán que ser escogidos por los jueces, mientras que el PSOE indica que eso no figura en ningún caso en el acuerdo firmado esta semana entre los dos partidos y que ahora se tendrá que negociar una vez reciban un informe por parte del CGPJ.