El Congreso de los Diputados investigará el supuesto entramado policial que involucra al exministro del Gobierno del PP, Jorge Fernández Díaz, en la denominada Operación Catalunya que lleva una jueza de Andorra. Así lo aprobó este martes la Junta de Portavoces con el apoyo mayoritario del PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH-Bildu, JxCat, PdeCat, la CUP y BNG. El objetivo es investigar si el gobierno de Mariano Rajoy presionó y con qué medios lo hizo entre el 2014 y el 2015 al gobierno andorrano con el fin de intervenir la Banca Privada de Andora (BPA), así como analizar los motivos por los cuales España hizo lo mismo con la filial en el Estado, el Banco Madrid. Según detalla la jueza al auto con la cual imputó Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz, la intención sería de las amenazas al BPA sería conseguir datos bancarios de la familia Pujol y de independentistas como Artur Mas y Oriol Junqueras.

Rajoy, Montoro y de Guindos

La comisión aprobada en el Congreso se encargará de investigar a varias personalidades que formaban parte del Gobierno en aquel momento. Entre estos se encuentran los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, así como el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy o el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, entre estos también estaría Luís de Guindos, el encargado de aprobar la intervención del Banco Madrid, en marzo de 2015, cuando era ministro de Economía. Dentro de este grupo de posibles investigados también estaría el exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, así como miembros de la policía política como es el director de adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino; los comisarios Villarejo y Martín Blas, y el inspector policial y agregado de Interior en la embajada española en Andorra, Celestino Barroso. Estos dos últimos se postulan como posibles extorsionadores de los directivos de la BPA.

Además de personalidades políticas, la comisión también puede citar a ciudadanos extranjeros, aunque no los puede obligar, ya que su comparecencia es voluntaria. En la misma línea, también pueden convocar dirigentes y exdirigentes del gobierno andorrano, que presuntamente fueron presionados por Rajoy, y directivos del banco como Higinio Cierco o Joan Pau Miquel, que ambos declararon ante el juez que habían sido víctimas de chantaje. Aunque los dos son ciudadanos andorranos, si están dispuestos a declarar ante el Congreso, según adelanta la cadena SER.

La operación Catalunya

Jorge Fernández Díaz dirigió la Operación Catalunya contra la familia Pujol, según publicó la semana pasada El País a partir de una grabación en el cual tuvo acceso este diario y el digital Fuentes informadas. La cinta, grabada por el ex comisario de policía José Manuel Villarejo, recoge una reunión en el Ministerio del Interior (comandado entonces por Fernández Díaz, a mediados de diciembre de 2012). En esta participaron ellos dos y el entonces número 1 de la policía española, Eugenio Pino. La conversación dura un cuarto de hora y forma parte del archivo del ex comisario, en este caso incorporada en ninguna de las investigaciones abiertas contra él. Los tres acuerdan denunciar a dirigentes independentistas con los testimonios de Javier de la Rosa y Victoria Álvarez.

Una jueza de Andorra ya ha citado a declarar como querellados el expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, los ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, además de miembros de la antigua cúpula de Interior por la Operación Catalunya. El Instituto de Derechos Humanos de Andorra (IDHA) y Derechos consideran que "la actuación del Gobierno para tratar de conseguir los datos bancarios de los políticos independentistas catalanes —que, por cierto, nunca han aparecido— fue un ataque en toda regla a la soberanía andorrana". Las entidades también precisan que en caso de que los querellados sean condenados por los delitos por los cuales se les investiga, el estado español, de manera subsidiaria, se tendrá que hacer cargo de los daños y perjuicios materiales y morales que hayan causado a las víctimas de estos delitos.