En defensa de la escuela en catalán. Noventa personalidades han firmado un manifiesto contra el polémico acuerdo de la lengua en la escuela, que "no puede ser aprobado porque constituye un retroceso amenazador para el futuro de la lengua en un ámbito que es clave para normalizarla". Además, "la incorporación explícita de la vehicularidad del castellano en una ley catalana representaría un paso atrás que el catalán no se puede permitir en la situación de debilidad actual, acentuada entre la población más joven". Clara Ponsatí, Elisenda Paluzie, Quim Torra y Lluís Llach son algunas de las personas que han dado apoyo al texto difundido este lunes.
El manifiesto 'Defendemos la escuela en catalán' explica que "esta renuncia, aparte de ser peligrosa, sería estéril y gratuita, y no serviría para dar respuesta a los requerimientos judiciales de la sentencia del TSJC". "Ya sabemos, como hemos visto en el País Valencià, que los tribunales, a partir de demandas de organismos públicos y privados que no se han detenido, seguirían atacando la escuela en catalán con cualquier pretexto", recuerda. Así pues, insiste en el hecho que "el Govern no puede ceder al embate judicial que, sin ningún criterio pedagógico, pretende tumbar un modelo que favorece la cohesión social y que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad". "De hecho, ya cedió cuando el año 2020, en la negociación de la Ley Celaá con el gobierno de Pedro Sánchez, no exigió al Gobierno la retirada del recurso que ha acabado originando esta sentencia", apunta.
Reivindicar el catalán
El texto reivindica que "la lengua catalana, que en los territorios que la tienen como propia es un instrumento de comunicación, de cohesión social y de identidad cultural, es también una aportación singular insustituible al patrimonio de la humanidad". Al mismo tiempo, lamenta que "los largos periodos de persecución política, legal y administrativa la han colocado en una situación de minorización en todos los ámbitos y han acelerado el proceso de sustitución lingüística". "Hay que tener en cuenta que hasta hace solo un siglo el catalán era la lengua familiar y de uso social de la inmensa mayoría de la población del dominio lingüístico", agrega.
En cualquier caso, el manifiesto defiende que "el catalán es lengua de acogida para gente de todos los orígenes y es un patrimonio cultural a compartir". Es por eso que "la generalización de la inmersión lingüística con el fin de garantizar el conocimiento sigue siendo un requisito indispensable para la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y para la plenitud del uso social del catalán en todos los ámbitos públicos". "Si comunidades lingüísticas con centenares de millones de hablantes utilizan su idioma en la enseñanza de manera normal, es evidente que también lo tiene que hacer la catalana porque tiene como propia una lengua media que sufre una persecución activa y atávica", concluye.
Cinco reclamaciones
A partir de aquí, las noventa personalidades que firman lo manifiestan apelan a "la responsabilidad individual y a la conciencia lingüística y democrática de todos los integrantes de los grupos parlamentarios" para hacer cinco reclamaciones: la primera, "que voten en contra de la proposición de modificación legislativa, una modificación que tendría unos efectos muy perjudiciales a la normalización de la lengua catalana"; la segunda, "que refuercen y aseguren el catalán como lengua del sistema educativo, como también el occitano en el Arán"; la tercera, "que garanticen la no discriminación de los alumnos en su acceso al conocimiento y al uso del catalán, sin limitaciones de ningún tipo"; la cuarta, "que colaboren con las instituciones de los otros territorios de lengua catalana con el fin de optimizar recursos y reunir esfuerzos en una planificación lingüística coordinada que haga del catalán el idioma público común y de cohesión de la sociedad"; y la quinta, "que fomenten el catalán en la escuela haciéndolo útil, necesario y atractivo también fuera de los centros educativos, por ejemplo, forzando mejoras significativas en la nueva ley audiovisual y haciendo cumplir las leyes que protegen el catalán".
Entre las noventa personas que firman el manifiesto destacan algunas como Albano Dante Fachin, Antonio Baños, Bel Olid, Clara Ponsatí, Dolors Sabater, Elisenda Paluzie, Gabriel Bibiloni, Iolanda Segura, Joaquim Arenas, Quim Torra, Joel Joan, Jordi Borràs, Josep Costa, Josep-Lluís Carod Rovira, Lluís Llach, Mireia Boya, Òscar Escuder y Sebastià Portell. El texto hace referencia al polémico acuerdo del Parlamento sobre la proposición de modificación de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística presentada por los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Catalunya, Socialistas Unidos para Avanzar, Junts per Catalunya y en Común Podemos.