Amenaza consumada. Isabel Díaz Ayuso mantiene firme el pulso contra Pedro Sánchez y contra el independentismo y ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley pactado entre Junts y el PSOE para modificar la ley de extranjería y determinar los criterios para distribuir a las comunidades autónomas a los más de 4.000 menores extranjeros no acompañados que hay en las Islas Canarias. La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que la norma “invade” competencias autonómicas sobre asistencia social, protección y tutela y su autonomía financiera, “vulnera” derechos fundamentales del menor y “multiplica los problemas de la inmigración ilegal”. Además, cree que tendría que tramitarse en forma de ley orgánica y que “vulnera los principios de lealtad administrativa” porque ha sido negociada con un partido independentista y esgrime que tendría que ir acompañada de una memoria económica. “Nuestro gobierno cumple la ley, por eso ya atendemos a miles de menores. Pero no cooperaremos con el caos migratorio del Gobierno”, ha remachado en un tuit.

De este modo, el gobierno madrileño sigue los pasos del Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón, que lo aprobó el viernes pasado. Fuentes de Génova consultadas por ElNacional.cat consideran que es “más que razonable” llevar el decreto al Constitucional, pero ceden el protagonismo a los equipos jurídicos de las comunidades autónomas, que son las que tendrán que gestionar la distribución de los menores. De momento, en la dirección del PP están estudiando el texto antes de decidir si también acuden al TC.

“Cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia”

En una nota de prensa, el gobierno madrileño se escuda en un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid que concluye que el decreto es inconstitucional porque “invade” sus competencias exclusivas, “ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores”. Asimismo, considera que se vulneran los derechos fundamentales de los menores, “desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia” y esgrime que la aplicación de los criterios de reparto “carece de justificación y se han realizado sin contar con las comunidades autónomas”. El gobierno de la Comunidad de Madrid también justifica que el decreto “vulnera el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, ya que el ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados”.

“No vamos a seguir tolerando este reparto discrecional acordado con Junts con el único propósito de conseguir los siete votos que necesita Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa”, ha verbalizado Miguel Ángel García, el portavoz del gobierno madrileño. “Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es poner fin al caos migratorio que vive nuestro país, controlar las fronteras, llegar a acuerdos con los países de origen, ponerse de acuerdo con los socios europeos y no hablar de reparto, sino de control”, ha añadido. “¿Cómo se va a controlar para que nuestro país no siga siendo un coladero y nuestras fronteras, las más permeables de la Unión Europea?”, se ha preguntado. Eso sí, ha dejado claro que no desobedecerán la ley: “Con los que estén aquí y tengamos la obligación legal de atender, habilitaremos los centros que estén a nuestra disposición, pero los tenemos sobresaturados”, ha concluido.

 

El decreto deja claro que “ninguno de los preceptos tiene naturaleza orgánica”

Finalmente, la Comunidad de Madrid señala la “inadecuada utilización” de la figura del real decreto ley y considera que esta reforma se tendría que llevar a cabo mediante una ley orgánica. Y sostiene dos argumentos. Por un lado, arguye que “afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos” y señala que la Constitución estipula que las leyes orgánicas son las relativas al “desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas” y, en cambio, impide que los decretos afecten al “ordenamiento de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”.

Sin embargo, la exposición de motivos del decreto justifica que “ninguno de los preceptos tiene naturaleza orgánica” y defiende que, por este motivo, “no resulta necesaria una modificación de lo dispuesto en la disposición final cuarta” de la ley orgánica de extranjería. Lo cierto es que esa misma ley estipula en la disposición final cuarta los preceptos que “tienen naturaleza orgánica” y entre ellos no está el artículo 35, que es el que hace referencia a los menores no acompañados. Ahora, el nuevo decreto ley añade cuatro artículos (el 35 bis, ter, quater y quinquies, que representan preceptos nuevos) y dos disposiciones adicionales (la undécima y la duodécima).

La Moncloa tilda de “lamentable” la decisión de Ayuso

La respuesta de la Moncloa ha llegado por parte del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En declaraciones en el pasillo del Congreso, ha tachado de “lamentable” que el gobierno madrileño recurra al TC el decreto y ha preguntado si Alberto Núñez Feijóo y el PP avalan esta maniobra: “Si es así, es el PP quien asume esa decisión y significa que ni estuvo en el acuerdo [para la reubicación de menores], ni lo quiso nunca”, ha sostenido. “Es lamentable, lo digo con sinceridad, que se lleve al Tribunal Constitucional reubicar 5.000 niños y niñas de piel negra en el conjunto del país cuando hemos sido capaces de acoger a decenas de miles y escolarizar los niños de la misma edad, ucranianos, incluso niños no acompañados que venían de ese país”, ha verbalizado. Y ha lamentado que Ayuso quiera “tumbar judicialmente una medida justa, proporcionada, objetiva y rigurosa”.