La lluvia de recursos que ha caído sobre el Tribunal de Cuentas a raíz de la resolución que inadmite las fianzas del ICF ha sumado las últimas horas un recurso de once de los encausados, entre los cuales el conseller Francesc Homs y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo, que no ahorra las descalificaciones -e ironías- contra los argumentos esgrimidos por la delegada instructora, Esperanza García.

La instructora rechazó la pasada semana los avales del ICF para cubrir las fianzas millonarias que el Tribunal reclama a 29 de los 34 encausados por la política exterior del Govern entre los años 2011 y 2017.

"La argumentación jurídica de la Delegada Instructora para inadmitir los avales es, en nuestra opinión, muy endeble, haciendo buena la frases que el papel lo aguanta todo", reprocha este recurso, que denuncia que la delegada instructora "olvida" que su función es calificar a los presuntos responsables y que estos son, todavía hoy, presuntos, y lo seguirán siendo hasta que haya sentencia". "Es obvio que se ha reinterpretado la presunción de inocencia", remacha.

El texto ironiza que la instructora inadmite los avales "con dos argumentos que ventila rápidamente, como si la cuestión fuera de lo más sencillo." Enumera, en primer lugar, que la instructora argumenta que el decreto de creación del Fondo Complemantari de Riscos no cubre la responsabilidad por dolo o culpa, porque no lo menciona explícitamente. "Para contestar a este argumento tan trabajado es suficiente con señalar que la Delegada Instructora ha omitido que esta norma menciona en dos ocasiones la responsabilidad contable", explica, además de recordar, como también han hecho el resto de los recursos, que la responsabilidad contable incluye el dolo y la culpa. En segundo lugar, atribuye a una lectura del decreto hecha "con parcialidad", que omita la resolución la obligación del retorno de los fondos en caso de condena que sí explicita el decreto.

Derecho de defensa

El texto, que advierte que la instructora no ha sabido interpretar la decisión de la Abogacía del Estado en relación a este tema, reprocha también que se ha vulnerado el derecho de defensa de los encausados, porque no han dispuesto de una segunda instancia, "inmediata y eficaz", para ver el fondo de la resolución que inadmite los avales.

"Se nos niega la revisión de una decisión que es contraria a Derecho y que afecta a la capacidad financiera de los recurrentes y que supone, en muchos casos, el embargo preventivo de su residencia habitual y familiar," denuncia además de añadir que es esta falta de segunda instancia lo que facilita a la instructora inadmitir los avales con argumentos "faltados de rigor jurídico".

Con todo, subraya que lo que reivindica el recurso no es tanto una segunda instancia como un trámite de alegaciones antes de que se les rechacen los avales, como ha pasado, generando indefensión.

 

En la imagen principal, la fachada del Tribunal de Cuentas / Europa Press