Nueva demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En este caso, la ha presentado el exconseller de la Presidència Francesc Homs por la condenado de un año y un mes de inhabilitación especial que le impuso el Tribunal Supremo a raíz de la consulta del 9-N del 2014. Aquella condena le obligó a abandonar su escaño en el Congreso de los diputados. Homs ha denunciado ante el TEDH que se ha violado su derecho a un tribunal independiente e imparcial, así como el derecho a presentar pruebas de descargo y el derecho de acceso a la justicia.

En el escrito explica que 12 días después de la celebración de la consulta del 9-N, el fiscal general del Estado, contraviniendo la decisión de la junta de fiscales de Catalunya, ordenó presentar una querella por desobediencia, prevaricación y malversación, contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau. Recuerda que Homs quedó excluido de aquella querella, pero un año más tarde, cuando acababa de asumir su escaño en el Congreso, la fiscalía ordenó, "por sorpresa" y sin que se produjera ninguno hecho nuevo, que fuera investigado por el caso.

 

Sin segunda instancia

Homs fue procesado, juzgado y condenado por el Tribunal Supremo, a raíz de su condición de aforado, lo cual lo dejó sin poder recurrir a una segunda instancia. "No sólo ha sido privado de una segunda instancia judicial, sino que además en todo momento ha sido juzgado por magistrados designados directamente (caso del TC) o indirectamente (caso de los miembros del Tribunal Supremo) por formaciones españolas contrarias a sus postulados políticos, y siempre partidarios", denuncia el recurso.

Entre otras cuestiones, el escrito alega que se ha rechazado la declaración de testigos clave en la defensa, entre los cuales el expresidente español Mariano Rajoy, así como la presentación de pruebas documentales; y recuerda que se rechazó suspender la ejecución de la sentencia aunque le obligó a abandonar el escaño en el Congreso, con lo cual se alteró la composición de la Cámara baja.

Asimismo, advierte que la defensa de Homs se vio perjudicada por la negativa a que pudiera disponer de testigos de descargo relevantes y de un informe de la fiscalía que lo exculpaba; sin embargo, además, denuncia que esta negativa se hizo sin fundamentar la decisión y de manera arbitraria.

Homs fue condenado a un año y un mes de inhabilitación especial, lo cual le obligó a abandonar su escaño en el Congreso de los diputados. Posteriormente, también el Tribunal de Cuentas investigó a los responsables del 9-N y les condenó a devolver 4,9 millones. El president Artur Mas y sus consellers tuvieron que cubrir esta suma con sus viviendas para evitar un embargo hasta que la Caixa de Solidaritat pudo aportar el dinero reclamado.

 

En la imagen principal, el exconseller de la Presidencia, Francesc Homs / ACN