Nueva fecha para debatir la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Los 27 Estados debatirán esta cuestión el próximo 12 de diciembre en una nueva reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea y se trata de la última oportunidad que tiene el Gobierno de sacar adelante la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera, teniendo la presidencia de turno de la UE, que acaba a finales de año. Según la agenda provisional de la reunión, que ha avanzado Catalunya Ràdio, habrá la opción que todos los Estados voten la oficialidad del catalán, que tiene que tener la unanimidad de los 27 Estados europeos. Sin embargo, todavía no tiene fecha el informe previo de la Comisión Europea sobre el coste de la medida que pidió el Gobierno hace unos meses y que es un requisito imprescindible para poder hacer las votaciones. El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, José Manuel Albares, ya subrayó que el coste total de las traducciones lo asumiría el ejecutivo español.

El Gobierno hizo llegar a los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados de la UE una propuesta adaptada para incluir el catalán, el vasco y el gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea durante la pasada reunión del 15 de noviembre. Sin embargo, hubo malestar entre los estados miembros, ya que Albares lo envió el día antes del encuentro y no tuvieron tiempo para analizarlo. El objetivo de Albares, con esta propuesta, era calmar las dudas de algunos países sobre la posibilidad de que otras lenguas minorizadas puedan utilizar este caso para pedir la oficialidad. Como el ejecutivo de Sánchez envió la propuesta "tarde", esta cuestión no duró ni dos minutos en la pasada reunión de noviembre.

La propuesta del Gobierno añadió un anexo al Reglamento 1 del Consejo de la Unión Europea, por el cual se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, y establecería seis condiciones esenciales para que cualquier lengua se pudiera incluir a posteriori: ser originarias de un Estado miembro, contar con reconocimiento constitucional en un Estado miembro, ser lenguas de trabajo en el parlamento nacional, haberse utilizado durante al menos diez años a las instituciones de la UE sobre la base de acuerdos administrativos, que los tratados se hayan traducido a estas lenguas con copia certificada al Consejo, y que sea un Estado quien pida la oficialidad y asuma el coste.

Todo porque varios ministros de Asuntos Exteriores se mostraron reticentes con la propuesta del Gobierno. En concreto, Lituania y Letonia se mostraron preocupadas por las reivindicaciones de sus minorías rusas, mientras que países como Suecia o Finlandia también se miraron la propuesta con recelo. "Soy un gran amigo de la cultura catalana. Juntos tenemos que defender la diversidad lingüística de la UE, pero también tenemos que conocer las consecuencias de nuestras decisiones. Es demasiado pronto para tomar una decisión hoy", advirtió el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Anders Adlercreutz, hablando en catalán el pasado octubre.

Asimismo, el pasado octubre, Albares ya admitió que podría tardar "meses" en conseguir la oficialidad del catalán en la Unión Europea y, es que, aseguró que los informes pedidos a la Comisión Europea sobre su coste suelen tardar "dos o tres meses" en realizarse. De hecho, recordó que el irlandés tardó hasta dos años en oficializarse como lengua de pleno derecho de la Unión Europea. "Lo más importante no es la velocidad, lo importante es conseguir la propuesta que incluya la luz verde de los 27", subrayó Albares, quien recordaba que en el caso del irlandés se tardó dos años.