Por si faltaban frentes de fractura y división entre los dos socios del Gobierno, este lunes se ha sumado otro. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en primera vuelta la ley de equidad sanitaria, que en palabras de la ministra Carolina Darias pondrá fin al copago introducido por el gobierno de Mariano Rajoy. Pero el socio pequeño, Unidas Podemos, ya amenaza con votar en contra de esta, al considerar que no revierte el proceso de privatización de la sanidad pública, sino más bien todo lo contrario. Darias ha rehuido las discrepancias y ha defendido que es una iniciativa del conjunto del ejecutivo.
En la presentación de la ley desde La Moncloa, la ministra de Sanidad ha asegurado que el objetivo de la norma es "consolidar la equidad, la cohesión y la universalidad" del sistema sanitario español. La voluntad, ha defendido a Carolina Darías, es limitar la reforma del PP del 2012, que introdujo el copago farmacéutico o en otros productos y servicios como el transporte sanitario no urgente, los productos dietoterápicos y los productos ortoprotésicos, apelando a la sostenibilidad del sistema. Por otra parte, el anteproyecto también introduce un enfoque de salud en todas las políticas públicas, que implicará memorias de impactos normativo que recojan el impacto en la salud de la población.
Pero desde Podemos ya han adelantado este mismo mediodía su oposición al actual anteproyecto. El principal conflicto, la privatización de la sanidad pública. En rueda de prensa posterior a la ejecutiva, el portavoz Pablo Fernández ha avisado de que "en estos términos no podemos estar de acuerdo" y que esperan que el PSOE "se avenga a modificarla". En esta misma línea, Fernández ha insistido en que el actual texto "sigue el camino" de la ley 15/97, aprobada por el gobierno Aznar, que "privatizó la sanidad" al permitir la colaboración publicoprivada. Por eso solicitarán una "revisión" de la iniciativa en el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados.
Darias ha sido preguntada de forma reiterada por estas discrepancias dentro del gobierno, que ha rehuido. La ministra socialista de Sanidad ha insistido en que es una "ley de todo el gobierno", que se adecua al acuerdo de gobierno de coalición y que establece la "prioridad" de la gestión pública de la sanidad ante otras fórmulas. "Es una ley que amplía y consolida derechos y blinda que no se puedan repetir situaciones del pasado", ha asegurado, remarcando que se han tenido en cuenta las aportaciones de otros ministerios.