La jueza que investiga por un presunto fraude a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha abierto una pieza separada para investigar unos posibles delitos relacionados con el Grupo Quirón, que disfruta de adjudicaciones de centenares de millones de la Comunidad de Madrid. En el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid estima un recurso presentado por PSOE y Más Madrid, que ejercen de acusación popular, y que pidieron ampliar la investigación por doble fraude fiscal y una falsificación de documentos en otros 5 delitos nuevos. La jueza rechazó ampliar la investigación, pero ahora ha aceptado un recurso de reforma y ha abierto una pieza separada para investigar la creación de una presunta empresa pantalla para beneficiarse económicamente, no declarando lo que percibía a Hacienda.
La ampliación de la investigación deja en el aire, lo que, hasta ahora, era el final más previsible del caso, ya que el empresario llegó a un pacto con la Fiscalía y Hacienda para reconocer su fraude fiscal, pagando una multa de medio millón de euros y así evitar la entrada en la prisión. En principio, la nueva pieza, no está vinculada con el caso principal y técnicamente no habría ningún impedimento para llegar a un acuerdo. Según revela elDiario.es, el primer contrato que González Amador firmó con Quirón Prevención fue el 2017 —4 años antes de iniciar su relación con la presidenta madrileña— aunque, desde que es pareja de Ayuso, la facturación del empresario y el grupo sanitario se ha multiplicado por cuatro.
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De fraude fiscal a corrupción
La Fiscalía denunció González Amador acusado de defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 usando un entramado de facturas falsas, con las que habría ganado varios millones de euros procedentes de comisiones en compraventa de material sanitario en los primeros meses de la pandemia y trató de pagar menos en el Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona, adjudicando gastos de centenares de miles de euros por trabajos que la empresa nunca ejecutó, pero que lo beneficiaron fiscalmente. Inicialmente, la defensa de la pareja de Ayuso trató de justificar los pagos mostrando facturas, aunque finalmente, cambiaron el rumbo de la estrategia y reconoció el delito ofreciendo un pacto en la Fiscalía. En el acuerdo, se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y más de medio millón de euros en deudas, multas e intereses a cambio de no pisar la prisión y cerrar el caso con una sentencia de conformidad. Sin embargo, el empresario todavía no ha comparecido al juez, y tampoco ha firmado el pacto, a consecuencia de las acusaciones particulares presentadas por PSOE y Más Madrid.
Los dos partidos iban un paso más allá del fraude fiscal —reconocido por González Amador— y pedían a la jueza que investigara los contratos del empresario y el Grupo Quirón, que según explica el digital, incluye facturas, trabajos, así como relaciones económicas directas con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. PSOE y Más Madrid denunciaba que algunas de las operaciones entre los dos empresarios eran porque Camino cobrara una comisión en las operaciones de compraventa de material sanitario. Ahora, la jueza ha decidido abrir una pieza separada. La segunda investigación puede abrir la puerta a un cumplimiento obligatorio de condena de prisión. Así pues, las próximas semanas serán clave para el futuro de González Amador.
González Amador y Grupo Quirón
El origen de la segunda investigación es en 2020, cuando la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, compró otra compañía, que hasta entonces se llamaba Circulo Belleza SL, y se dedicaba en venta de productos cosméticos. Después de la empresa cambió de nombre en Masterman & Whitaker, y solo unos meses después y sin que constara ningún empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para promover la expansión en Latinoamérica. Según apunta a la Fiscalía y Hacienda, en diciembre de 2021 se produjo un nuevo movimiento por beneficiarse fiscalmente. La empresa "pantalla" y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Posteriormente, y solo 24 horas después, la empresa principal transfirió todas las participaciones de la empresa "pantalla" al mismo González Amador. Así pues, desde este momento, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de las dos sociedades, "pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas".
La sospecha es que González Amador trabajó para Quirón y efectuó una "simulación relativa" de los servicios prestados utilizando las dos empresas. La empresa "pantalla", emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. Al escrito enviado a la jueza, PSOE y Más Madrid pedían investigar los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, así como la declaración del presidente de esta filial de Quirón.