El pasado 1 de agosto, en los tiempos de descuento del curso político, el Consejo de Ministros tramitó el anteproyecto de ley de secretos oficiales. En su momento se destacaron dos aspectos claves: por una parte, las nuevas categorías de secretos y, por otra, los fines a 50 años prorrogables de límite para desclasificar los altos secretos. Ahora, se dan a conocer más detalle. Según publica El Confidencial, la nueva ley fija multas de hasta tres millones de euros para cualquier particular o empresa que difunda información clasificada.
En el texto del anteproyecto se recogen sanciones para todos aquellos que se enfrentarán a estas sanciones, todos aquellos que difundan documentos que tengan las nuevas categorías de alto secreto, secreto, confidencial o restringido. Según señala El Confidencial, las sanciones incluirían los medios de comunicación que publicaran secretos en el marco de su trabajo, ya que la definición de particulares o empresas por ahora les apela. Desde el digital se descarta que la única vía para evitar las sanciones sería recurrir a los tribunales una vez la multa se haya interpuesto y recuerdan que la jurisprudencia ha protegido tradicionalmente el derecho a la información.
A pesar de eso, se trata de sanciones muy elevadas. Las sanciones previstas en el anteproyecto persiguen "la difusión de información clasificada en las categorías de alto secreto o secreto en que se haya tenido acceso oficial o fortuito". Además, también se perseguiría la negación a entregar los documentos en cuestión en el Gobierno o "el simple acceso a estos datos sin contar con la pertinente habilitación de seguridad".
Categorías y el protagonismo del Ministerio de Presidencia
Las cuatro categorías que se implantarán con la nueva ley marcan el tratamiento que recibirá cada información. La denominación será anteproyecto de ley de información clasificada, y fijará cuatro categorías de protección: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. En función de la etiqueta que se otorgue a cada información clasificada, los plazos para desclasificarla irán desde los cuatro años para la información restringida, hasta 50 para los altos secretos.
La ley establece una autoridad nacional para la protección de la información clasificada, con competencias, entre otros, de garantizar el cumplimiento de la normativa, de coordinación y apoyo de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales en la materia. Hasta ahora era Defensa la autoridad responsable de la información clasificada en España, pero el anteproyecto otorga ahora esta competencia al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, al frente de la cual está ahora Félix Bolaños.