Antes de finalizar el año, València será escenario de una nueva protesta contra la gestión que ha hecho el gobierno de la Generalitat Valenciana por la DANA. Una cincuentena de entidades cívicas, sociales y sindicales han convocado una nueva manifestación este domingo, 29 de diciembre, a las 18 horas, a València, bajo el lema "Mazón, dimisión". Un total de 52 entidades sociales más 183 adheridas han vuelto a hacer un llamamiento para protestar contra Carlos Mazón. Los convocantes exigen responsabilidades políticas por la mala gestión del gobierno valenciano antes, durante y después de la DANA que golpeó el País Valencià el 29 de octubre pasado y provocó hasta 223 muertos y 3 desaparecidos.
Tercera manifestación
La movilización, que se celebrará justo dos meses después de la barrancada, se iniciará en la plaza de Sant Agustí y concluirá en la plaza de América. La celebración de actos navideños por estas fechas ha llevado a un cambio de recorrido de la protesta por exigencia de Delegación del Gobierno en el País Valencià, según han informado los organizadores de la manifestación. Se trata de la tercera manifestación después de las protestas masivas del 9 y el 30 de noviembre.
Poblaciones abandonadas
Anna Oliver, coportavoz de las entidades convocantes, ha denunciado al presentar la protesta que "el gobierno de Mazón no ha dado respuesta a las necesidades básicas de la ciudadanía ni ha presentado soluciones para evitar futuras catástrofes". Así, la falta de viviendas, la proliferación de enfermedades, y las trabas burocráticas que encuentran a los damnificados son algunas de las problemáticas denunciadas. Oliver ha explicado que poblaciones de la Foia de Bunyol, la Ribera y l’Horta Sud "continúan completamente abandonadas, sin ningún proyecto de futuro y sin poder recuperar sus vidas". Eso demuestra, según su opinión, la incapacidad del gobierno valenciano para pilotar una reconstrucción efectiva.
"Mazón, dimisión"
Igualmente, las entidades cargan contra la militarización de la respuesta a la catástrofe, la falta de medidas para asegurar los derechos laborales de los trabajadores afectados y la adjudicación de contratos a empresas involucradas en casos de corrupción. Así reclaman, entre otras cuestiones, la dimisión inmediata de Carlos Mazón y su Consell, que se garantice una vivienda a las personas afectadas y la prohibición de construcción en zonas inundables.