El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena choca con una pared cada vez que intenta enfrentarse con la justicia belga. El pasado mes de abril, este tribunal daba por cerrado un contencioso que se inició en el Estado español en el 2018.

Pero ahora, Llarena vuelve a planear hacer lo imposible por tener la razón. La estrategia que prepara es llevar la batalla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, contra la interpretación que la justicia belga ha hecho de la euroorden. Y se acogería a la última denegación de la entrega del exconseller Lluís Puig a ser juzgado en España por presuntos delitos de malversación de fondos y desobediencia de la autoridad judicial.

En el caso de Puig, el pasado mes de enero, la Fiscalía belga no recurrió la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas que desestimó la euroorden sobre Lluís Puig porque el juez argumentó un riesgo de violación de derechos fundamentales, como son la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. Así lo argumentó la Fiscalía en un escrito que dirigió al juez instructor del Supremo, Pablo Llarena.

El TC también mete baza

La respuesta a los belgas no sólo ha venido del Supremo y Llarena sino también del Tribunal Constitucional español. ¿La última muestra? La sentencia por la cual desestima el recurso de amparo de la exconsellera Meritxell Borràs y reafirma la competencia del Supremo para investigar y juzgar a los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont. Con el posicionamiento del TC al lado del Supremo en el caso de Meritxell Borràs, se ha creado una doctrina que se podrá extender al resto de condenados. A su vez, el argumento pasa a ser que el TSJC, que era quien tenía que juzgarlos, queda en papel mojado.

Según adelanta el diario El Español, fuentes del alto tribunal indican que la cuestión prejudicial es "el mecanismo apropiado para conocer cuál es la interpretación correcta del derecho de la Unión y, específicamente, de las normas que regulan la euroorden", de manera que Llarena valora dirigirse a las partes para escuchar su criterio sobre la procedencia de plantearla. Esta audiencia es preceptiva y anterior a la decisión final de dirigirse o no al TJUE.

El precedente Junqueras en el TJUE

Llarena también valora cuestionar si lo que plantea la justicia belga tiene amparo en el derecho de la Unión Europea. Si le dan la razón, tendría efectos directos en la tramitación, nuevamente, de las euroórdenes contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. Ahora bien, Llarena tiene que recordar los precedentes del TJUE en relación al procés. Con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ya le reconoció la inmunidad después de ser elegido como eurodiputado como resultado de las últimas elecciones europeas del pasado 26 de mayo.

Pero también es cierto que posteriormente derivó la causa en España con respecto a sus efectos. La vicepresidenta del TJUE y magistrada española Rosario Silva de Lapuerta denegó devolver el escaño cautelarmente a Junqueras porque consideraba que la anulación del mandato era una decisión "exclusivamente" de las autoridades españolas y que la Eurocámara no tenía nada que decir. Así pues, de plantearse finalmente, esta cuestión prejudicial sería la segunda que la Sala de lo Penal del Supremo redacta en relación al procés.