Propuestas contra reloj del Govern para conseguir que la CUP retire la enmienda a la totalidad a los presupuestos antes del pleno que se iniciará el lunes a las 14.00 horas. Después de que el fin de semana pasado las bases anticapitalistas decidieran enmendar a la totalidad pero seguir negociando, la coordinadora de la organización se reunirá el sábado para valorar si la retiran o la mantienen. En el encuentro, los cupaires debatirán en base a un documento: el de las peticiones de la CUP y el de la respuesta del Govern, que entre otras cuestiones, ofrece ahora a los cupaires la creación de un grupo de trabajo donde abordar la propuesta para la realización de un referéndum de autodeterminación a lo largo de esta legislatura.

El documento del Govern, firmado a fecha del 18 de noviembre, se compromete también, durante la primera mitad del 2023, a analizar si el proceso de negociación de la mesa de diálogo ha dado sus frutos e, incluso, la posibilidad de suspender esta negociación. En concreto en su documento, la CUP pedía un compromiso del Govern para generar las condiciones de este referéndum y también "explicitar el límite temporal de la mesa de diálogo".

 

 

La propuesta del Govern también incorpora, como ha anunciado hoy el presidente Pere Aragonès desde París, incrementar a 1.000 millones de euros la partida de vivienda. La dotación inicial era de 749 millones de euros, y ahora el Ejecutivo se compromete a destinar los 251 millones añadidos a vivienda pública y a políticas públicas de vivienda, tal como reclamaban también los anticapitalistas.

Con respecto a la petición de los cupaires que la Generalitat se retire de las acusaciones particulares y la eliminación de la Ley Mordaza, el Ejecutivo promete que el departamento de Interior hará un proceso de revisión de los procedimientos sancionadores con el fin de garantizar el derecho a la manifestación: "Con respecto a los nuevos procedimientos que se puedan incoar mientras continuie vigente la Ley 4/2015, la tramitación de la sanción pasará a ser encargo de la dirección general competente en la administración de la seguridad del departamento de Interior, corrigiendo la anomalía actual consistente en quee la unidad sancionadora ees hoy la misma que emite la denuncia y garantizando, además, que en todos los casos se produce la ponderación de los hechos denunciados con el ejercicio de los derechos fundamentales", pone el documento.

En materia de fiscalidad, en la cual la CUP pide modificaciones de impuestos para la "redistribución de la riqueza", el Ejecutivo se compromete a crear un grupo de trabajo formado por expertos y consensuado con la CUP para ampliar y profundizar "en los ámbitos social, de las adiciones y en la especulación financiera", y asegura que el Gobierno presentará al Parlamento, en el plazo de 9 meses, un anteproyecto de ley con las propuestas fiscales acordadas por el grupo de trabajo.