El caso Blanquerna no para de dar vuelcos por los tribunales. Y siempre salen ganando los ultras asaltantes de la Delegación de la Generalitat en Madrid, que parecen tener más privilegios que otros condenados a prisión firme. Ahora ha sido la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid que ha aceptado aplazar la entrada en prisión de dos de los condenados. Según confirman fuentes judiciales, uno de ellos es Pedro Chaparro, líder del partido neonazi Democracia Nacional, porque será padre en las próximas semanas y se le aplaza hasta el 9 de marzo. La otra es Paula Mijares, "por motivos laborales", y tendrá margen hasta el próximo 26 de enero.
En estos momentos, el balance es el siguiente. De los 14 condenados por el asalto a Blanquerna, a día de hoy, sólo hay tres que hayan entrado en la cárcel, en los centros Victoria Kent, Alcalá y Aranjuez. Uno de ellos es Íñigo Pérez de Herrasti, el cuñado del exministro Íñigo Méndez de Vigo. Hay cuatro que están pendientes de su ingreso en prisión y cuatro más que están pendientes de la tramitación de su indulto en el Tribunal Supremo, aunque el alto tribunal ya ha informado en contra. Aparte, hay otro que sigue huido, en busca y captura. A estos se le suman los dos aplazamientos concedidos en las últimas horas.
Justamente ahora hace un mes, Pedro Chaparro ofreció una rueda de prensa en Barcelona, una vez conocidas las órdenes de ingreso voluntario en prisión. Lejos de arrepentirse, el líder del partido neonazi aseguró que en España "está perseguido defender la unidad nacional", aunque para el ultra "no es ningún delito y lo volvería a hacer". Chaparro reivindicó que "los presos políticos somos nosotros (los asaltantes de Blanquerna)", en contraposición con los presos políticos independentistas.
Ocho años de espera
El caso Blanquerna dio muchas vueltas por los tribunales, pero hay sentencia firme del Tribunal Supremo desde el 23 de julio del año pasado, desde hace casi un año y medio. Llegó después de que el Tribunal Constitucional obligara al Tribunal Supremo a volver a redactar la sentencia, haciendo suprimir el agravante por discriminación ideológica. Esta supresión supuso una rebaja considerable de las penas para los catorce condenados: ahora van de los dos años y siete meses a los dos años y nueve meses de prisión por un simple delito de desórdenes públicos. El mismo tribunal que les juzgó en segunda instancia, el Tribunal Supremo, también ha rechazado la petición de indulto.
Ya han pasado ocho años desde que los ultras irrumpieron violentamente en la delegación de la Generalitat en Madrid para sabotear los actos la Diada del 2013. No obstante, aún siguen los obstáculos para que cumplan las condenas.