El 13 de marzo Pere Aragonès anunció su decisión de convocar elecciones para el 12 de mayo después de que el Parlament tumbara sus presupuestos para este 2024. El president, sin embargo, no firmó el decreto de convocatoria hasta el lunes siguiente y salió publicado en el DOGC al día siguiente, cuando faltaban los 54 días que marca la ley, ya que la cuenta atrás para las elecciones empieza en el momento en que se firma este documento. Pero, ¿qué ley? La catalana no, ya que el país es la única autonomía del Estado que no cuenta con una ley electoral propia y las elecciones en el Parlament se rigen por la ley española, la LOREG. Aunque existe el consenso entre los partidos políticos que este es una situación insostenible, ninguno de los numerosos intentos que se han hecho para intentar dotar el país de su propia ley electoral ha sido fructuoso. Las diferencias entre los partidos y sus intereses han evitado que haya un consenso en el Parlament para aprobarla, ya que se necesitan 90 diputados, dos tercios de la cámara, para hacerlo posible.
 

🗳️ Elecciones en Catalunya 2024: calendario, posibles candidatos y toda la información

 

 

La diferencia de precio entre un diputado por Barcelona y uno por Lleida

Según el profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra y experto en procesos electorales, Ignacio Lago, los cambios en las leyes electorales son muy complicados de conseguir, por el consenso que requieren y porque habrá partidos que se verían perjudicados perdiendo diputados si esta se modifica: "Si hay un partido que gana escaños por definición hay otro que pierde y, por lo tanto, se produce una situación de bloqueo. En Catalunya hay muchos partidos implicados y más actores que pueden vetar un cambio en la ley electoral, haciéndolo todavía más improbable", señala Lago, que también apunta que los cambios en los sistemas electorales son muy poco frecuentes y que cuando se producen se suelen modificar pequeños puntos en lugar de hacerse leyes nuevas. De las 17 comunidades autónomas que tiene España, Catalunya es la única que todavía no tiene una propia, mientras el resto elaboró la suya en la década de los 80, poco después de conseguir su Estatuto de Autonomía. Precisamente este es uno de los errores que se cometieron en Catalunya, según Lago: "Este es el problema de no hacer las cosas al principio, cuanto más tiempo pasa más difícil es llegar a un acuerdo para cambiar el statu quo. Con el paso de los años cada vez hay más intereses creados y hace que el cambio sea bastante improbable".

En el escenario actual, los partidos que salen mejor parados son los grandes -actualmente PSC, ERC y Junts- y más concretamente aquellos que obtienen un buen resultado en las circunscripciones más pequeñas, es decir, Lleida. ¿Por qué? Pues porque en esta demarcación los votos de los electores valen mucho más que en Barcelona. Concretamente, en Lleida, la provincia más sobre-representada, se escogen 15 escaños para 447.343 habitantes, que se traducen en uno por cada 29.822 habitantes, mientras que en Barcelona (dónde se escogen 85) hay una ratio de un diputado por 68.204 habitantes. Con este escenario, en las elecciones del 14-F, ERC y Junts consiguieron 5 diputados a cada uno en Lleida con 42.455 y 44.787 votos. En Barcelona, la CUP y Ciudadanos necesitaron en torno a 130.000 votos por conseguir el mismo número de diputados que republicanos y juntaires en Lleida.

"Quién quiere, no puede y quién no quiere, puede"

Con este reparto de escaños, Lago describe el problema de la no ley electoral con una sola frase: "El que quiere cambiar el sistema electoral no puede, el que puede cambiar el sistema electoral no quiere". Los partidos grandes que son los que tienen los diputados necesarios para introducir modificaciones ya les va bien continuar así, mientras que los pequeños son al mismo tiempo los que más perjudicados están y a quienes más les interesaría poder cambiar la ley. El experto en procesos electorales añade que si bien la sobrerrepresentación en Catalunya no supone "un premio brutal" para los partidos más beneficiados por ella, si que supone "un pequeño premio que puede ser la diferencia entre tener mayoría absoluta o no".

Poniendo como ejemplo las elecciones del 2021 y manteniendo los 135 escaños que hay ahora en el Parlament, si la distribución se limitara a la máxima de "una persona, un voto" con las mismas circunscripciones, la suma de Esquerra, Junts y la CUP (que permitió la investidura de Pere Aragonès) sufriría un retroceso en su representación, pasando de los 74 diputados actuales en 72, hecho que no habría modificado las mayorías. Esto se explica, principalmente, por el hecho de que, en función del peso de su población, la provincia de Barcelona escogería a 101 representantes (por los 85 actuales), mientras el resto perderían representantes: Tarragona pasaría de 18 a 14 diputados, Girona de 17 en 13 y Lleida sería la más perjudicada, con un descenso de los 15 hasta los 7. Junts, que se impuso en Girona y Lleida, se convertiría en el partido más afectado con este sistema de proporcionalidad pura, ya que perdería a dos diputados.

Llamamientos recurrentes a la ley electoral que se convierten en papel mojado

En este sentido, Lago hace referencia a los diferentes intentos que ha habido en el país por conseguir una ley electoral propia que en todos los casos han acabado siendo un fracaso. Es un tema recurrente y cada poco tiempo un partido pide unir esfuerzos e intentar llegar a un consenso que nunca se acaba de materializar. Sin ir más lejos, en esta legislatura se ha puesto sobre la mesa desde diferentes partidos, pero las propuestas no han llegado a ningún sitio. En el debate de política general de septiembre de 2022, que fue la antesala de la ruptura del Govern ERC-Junts, los republicanos presentaron una propuesta de resolución reclamando una ley electoral propia del país. A pesar de aprobarse quedó en papel mojado pocos días más tarde, cuando los militantes de Junts per Catalunya decidieron que el partido tenía que salir del Govern. Victòria Alsina, hasta entonces consellera de Exteriors, había manifestado su intención como responsable también de procesos electorales de abrir la "caja de pandora" que es para Catalunya la ley electoral y  justo al principio de la legislatura, el Parlament reanudó la tramitación de la Proposición de la ley electoral, aprobando la comparecencia de expertos en la ponencia parlamentaría. Tras su salida del Govern, las expectativas se rebajaron hasta el punto que Pere Aragonès la excluyó de su plan normativo por lo que quedaba de legislatura que entonces contemplaba agotar gobernante en solitario.

De provincias a veguerías

Esta voluntad del Govern y de los diferentes grupos en el Parlament, que no se ha acabado concretando en nada, es el último intento para que Catalunya tenga una ley electoral en una larga lista de fracasos durante los últimos 45 años. Uno de los momentos en que esta pareció más cerca fue el 2007, cuando por un acuerdo de Govern se creó una comisión de expertos con el objetivo de elaborar el informe que sirviera de base para la futura ley. Este contemplaba los diferentes elementos que se tenían que tener en cuenta, siempre en mente que solo sería posible una ley electoral si esta generaba bastante consenso. Incorporaba propuestas como urnas móviles (al menos una por circunscripción) o la posibilidad de votar en remoto a través de internet. Con respecto a la representación, uno de los elementos que creó polémica fue la posibilidad de establecer una circunscripción única que supondría igualar el valor de los votos de los catalanes. Esta sin embargo, no generaba consenso entero a los expertos de la comisión y quedó descartada, mientras se acabó apostando para que las circunscripciones electorales fueran las veguerías.

Para el profesor Ignacio Lago, este cambio que se proponía, de pasar de las cuatro demarcaciones a las veguerías iba en la "buena dirección" y servía para hacer que los políticos "fueran más responsables individualmente". "En un distrito donde se reparten 85 escaños nadie sabe quién se presenta y eso supone un gran problema porque los diputados son personas con responsabilidades individuales. ¿Los políticos son responsables de sus acciones pero quienes sabe quién es el número 30 de la lista por Barcelona"?, apunta Lago. Otro cambio que iba en esta dirección era la lista abierta o desbloqueada, que permite que los electores voten la lista de su preferencia y marcas una cruz al lado de sus candidatos preferidos. Los que obtuvieran más serían elegidos diputados, independientemente de la posición que ocupen en la lista electoral. Esto también es bien visto por el experto: "Los votantes no tenemos ninguna capacidad en unas elecciones al Congreso o al Parlament de decir a este candidato me gusta o no, nos tenemos que comer toda la lista que escogen los partidos y cambiarlo tendría que ser una prioridad en la reforma electoral", valora Lago, a pesar de ser muy pesimista respeto que esta se acabe produciendo.

Debate sin acuerdo en el Parlament en el 2015

Tres años después y a las puertas de unas nuevas elecciones, la hipotética ley electoral fracasó, entre reproches mutuos de los partidos por las diferencias sobre el sistema que se tenía que escoger, con las circunscripciones y el reparto de escaños al punto de mira. En paralelo, en el 2009, se abrió la tramitación de la ILP "por una ley electoral de Catalunya", promovida por el grupo Ciutadans pel Canvi Cambio, después de que este consiguiera recoger 90.000 firmas. Y si bien sus autores consideraban que esta tenía que ser la base de la nueva ley electoral, hasta el 2015 no llegó al Parlament. Donde , como no podía ser de otra manera, también fracasó aunque su debate en la cámara catalana fue todo un récord, entonces los políticos ya utilizaban términos coma "oportunidad histórica", ya que nunca se había llegado tan lejos.

Este optimismo hacía que algunos partidos se plantearan poder tener aprobada la ley para las elecciones del 27 de septiembre. El texto que se aprobó a la ponencia incorporaba elementos como la creación de una junta electoral catalana u obligar al hecho a que los candidatos de las circunscripciones estuvieran censados pero no hacía referencia al sistema electoral, la patata caliente del debate y una herida que hoy continúa abierta. Entonces, el PSC proponía que las provincias de Lleida, Tarragona y Girona conservaran los mismos escaños pero que los votos de los catalanes contaran lo mismo. Es decir, que se hiciera un recuento a nivel catalán como punto de partida por el reparto de los 135 diputados y minimizar así la sobrerrepresentación. En la cámara catalana, la ley electoral superó el debate a la totalidad tras un pacto entre CiU, ERC, ICV y la CUP, pero estos no tenían los 90 diputados necesarios para aprobar la reforma electoral. Las conversaciones entre partidos para intentar llegar a un acuerdo sobre el sistema que esta tenía que tener continuaron sin éxito. En julio, la ponencia cerró sus trabajos sin haber llegado a un texto que generara bastante consenso para contar con dos tercios de la cámara. El 3 de agosto Artur Mas firmó el decreto de convocatoria de elecciones y el Parlament se disolvió. La ILP, sin embargo, continúa con vida, guardada en un cajón, ya que estas iniciativas son lo único que no decaen aunque se convoquen elecciones.

Equilibrio complicado del prorrateo de escaños

Siendo el reparto de escaños el gran impedimento para llegar a un consenso entre aquellas formaciones fuertes en los territorios más sobre-representados (hoy Junts y Esquerra Republicana) y el PSC que es especialmente fuerte en el área metropolitana de Barcelona (donde se concentran la mayoría de electores del país), Ignacio Lago cree que en Catalunya, donde la población se reparte de forma tan desigual, esta desviación del prorrateo de escaños tiene una razón de ser. "En Catalunya los votos de la gente de un determinado territorio tienen más importancia que los votos de otra persona en otro sitio. Eso es una violación del principio "una persona un voto", pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta el problema de la despoblación, que le des más peso en las zonas rurales puede ser un mensaje positivo", apunta.

"Si hubiera un sistema 100% proporcional eso querría decir que Barcelona escogería por Catalunya. Por eso en este contexto se le tiene que dar un peso adicional en las zonas rurales para que tengan voz en el Parlament", insiste el profesor en que cree que la solución sería encontrar un equilibrio: "Los grupos tendrían que llegar a un umbral de prorrateo que consideren aceptable". Eso tan sencillo hasta ahora ha sido una misión del todo imposible y no parece que ni a corto ni a medio plazo se pueda encontrar una solución con que permita en Catalunya y los catalanes tener una ley electoral.