El imán de Ripoll cobraba 500 euros al mes como confidente del CNI cuando se produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017. Se trata de un nuevo escándalo que vuelve a poner a la inteligencia española en evidencia porque hasta ahora negaba que Abdelbaki es-Satty trabajara por los servicios secretos del Estado. Esquerra Republicana ya ha pedido que el Congreso vuelva a interrogar al exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, que hace unas semanas tachaba de "infamia y maldad" sostener que podrían haber hecho la vista gorda durante los preparativos de los atentados. Paralelamente, Junts per Catalunya ha pedido desclasificar más documentos sobre los ataques terroristas perpetrados a las puertas del referéndum del 1-O. A pesar de las informaciones publicadas, la Moncloa opta por guardar silencio.
El ABC ha publicado este miércoles que Abdelbaki es-Satty era confidente del CNI en el momento de los atentados y cobraba medio millar de euros mensuales a través de la oficina de Girona. El periódico relata, después de hablar con fuentes del servicio de inteligencia español, una serie de negligencias que desencadenaron en los ataques terroristas del 17-A. El oficial de relación que controlaba al imán de Ripoll elaboraba informes que "no tenían ningún valor" y evitaba tener los encuentros pertinentes con el imán de Ripoll; solo se reunía con él cuando le tocaba pagar los 500 euros. El rotativo también sitúa en la diana a los superiores de aquel agente, que no se dieron cuenta de que tenían a un trabajador emitiendo con dejadez informes intranscendentes sobre un yihadista. En el punto de mira se encuentra ahora Luis Garcia Terán, que entonces era jefe de la división de contraterrorismo de Girona y actualmente es el subdirector general del CNI. Es decir, se trata de la mano derecha de la actual directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro.
Hasta ahora, los servicios secretos españoles habían negado que el imán de Ripoll fuera uno de sus confidentes. El pasado mes de noviembre, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán compareció en la comisión del Congreso que investiga los atentados del 17-A y afirmó que es-Satty "no fue ni colaborador ni informador". Entonces aseguró que los contactos entre agentes del Centro Nacional de Inteligencia y el imán en la prisión de Castellón solo tenían como objetivo hacer tareas de control del yihadismo, y defendió que vincular al CNI con los atentados es "una infamia".
ERC y Junts piden volver a interrogar a Roldán y desclasificar más documentos
En resumen: según la información publicada este miércoles, Félix Sanz Roldán mintió. Es por eso que Esquerra Republicana ya ha registrado un escrito para que la Mesa de la comisión del Congreso que investiga el 17-A lo vuelva a citar como compareciente. En el texto, ERC defiende que "tiene que dar explicaciones en relación con las nuevas informaciones que acreditarían la presunta falsedad de sus exposiciones". "El peor atentado de la historia reciente del sur de Europa fue financiado en parte con el dinero público que se pagaba a un confidente que resultó ser un terrorista yihadista; los responsables son unos inútiles y negligentes más preocupados en buscar urnas que en hacer su trabajo", ha denunciado en Twitter (X) el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián.
Fuentes parlamentarias del PSOE consultadas por ElNacional.cat se inclinan por aceptar esta solicitud de comparecencia; tal como han hecho siempre en esta comisión. Junts per Catalunya, de hecho, también quiere volver a interrogar a Roldán. Ahora bien, el partido de Carles Puigdemont advierte que antes necesita tener más información. Es por eso que ha solicitado la desclasificación de la documentación de la oficina del CNI en Girona y tres nuevas comparecencias: la del actual subdirector general del CNI, Luis Garcia Terán; la del oficial de relación en contacto con el imán de Ripoll, y la de su superior en el momento del seguimiento.
Uno de los terroristas aseguró que el CNI "tenía conocimiento de las intenciones del imán"
El pasado mes de febrero compareció en esta comisión de investigación uno de los condenados por la Audiencia Nacional por los atentados del 17-A y señaló directamente a la inteligencia española: "El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos calentara la cabeza", aseguró Mohamed Houli, que actualmente cumple la condena en la prisión de Córdoba.
"Lo digo ahora y no lo decía antes por miedo de las represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder", añadió. Posteriormente, a preguntas de los diputados, Houli detalló los motivos que lo llevaron a esta conclusión: Mohamed Hichamy (que murió abatido en Cambrils y era el conductor del vehículo en el que iban los autores materiales cuando embistieron a una patrulla de los Mossos d'Esquadra) les dijo que, a veces, cuando "quedaban con el imán, les decía que se tenían que marchar porque venían agentes del CNI".
Silencio sepulcral del Gobierno
Paralelamente, el silencio por parte del Gobierno es sepulcral. Este periódico se ha puesto en contacto con la Moncloa, pero el ejecutivo ha rechazado valorar la información que sitúa al imán como confidente del CNI. El pasado febrero no quisieron dar ninguna credibilidad a las declaraciones de Houli. El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, señaló que dar credibilidad a delincuentes "no es un buen camino"; y se pronunció de forma similar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando pidió "no hacer ningún caso de las manifestaciones de un terrorista condenado".
También aquel día, la ministra de Defensa —de quien depende el CNI— consideró que la acusación del terrorista era "inaceptable" y lamentó que se creen teorías de la conspiración sobre unos atentados que se perpetraron solo un mes y medio antes del referéndum del 1-O. Entonces, Margarita Robles elogió la tarea de los "auténticos profesionales" del CNI. "Su único afán es proteger España", sentenció.