La discriminación lingüística parece no tener límites y no se da solo en Catalunya, donde se suceden casos cada día, sino que afecta a todos los territorios de habla catalana en el Estado. El último caso de que ha denunciado Plataforma per la Llengua, entidad que recoge estas situaciones para denunciarlas públicamente, ha tenido lugar en el archipiélago balear, sin aclarar en cuál de las islas, cuando una abogada ha denegado a una clienta documentos jurídicos en catalán. La mujer que ha visto vulnerado sus derechos lingüísticos había contratado a la abogada en pleno proceso de divorcio. Tal como explica Plataforma per la Llengua, la afectada había pedido en el 2022 a la profesional un documento -el convenio regulador del divorcio-, pero esta le respondió que no le podía facilitar, sugiriéndole que si realmente lo quería en la lengua propia lo tenía que encargar a otro profesional, eso sí, abonando ella el dinero por|para este trámite. Hay que tener en cuenta, además, que el Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) ofrece gratis la traducción de este tipo de documentos, y, por lo tanto, la afectada no tendría que haber pagado, aunque la abogada la había informado del contrario.

Ante esta situación, la mujer decidió contactar con la entidad por los derechos lingüísticos, que ha dado a conocer diferentes casos de discriminación lingüística. A partir de aquí, según explican ellos mismos en un comunicado, Plataforma por la Llengua se puso en contacto con el ICAIB, la Direcció General de Consum y la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics. La respuesta de estas tres entidades ha sido radicalmente diferente entre ellas, y en algunos casos decepcionantes. Después de que la entidad lingüística instara el ICAIB a investigar la conducta de la abogada y aplicar las responsabilidades necesarias, esta organización ha considerado que la actuación profesional es adecuada según la normativa vigente y que no representa ninguna vulneración de los derechos de la cliente. Aunque Plataforma por la Llengua también informó a la letrada que había vulnerado los derechos lingüísticos de la cliente, la abogada todavía no se ha disculpado. Desde Consum, no ha habido respuesta a la reclamación de PxL.

Una oficina en peligro por la obsesión de PP y Vox

En cambio, la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, sí que informó a la abogada de las herramientas que proporciona el ICAIB. Según la respuesta, ella "ha expresado su intención, ahora que las conoce, de utilizarlas en su práctica profesional." Yendo más allá, también ha pedido al Col·legi que se asegure que los colegiados conocen la existencia de recursos como el servicio gratuito de corrección y traducción al catalán, que habría evitado que esta mujer viera vulnerados sus derechos lingüísticos. Hay que recordar que una de las obsesiones de Vox —y también del Partido Popular, que gobierna en las Illes Balears desde este verano—, es acabar con la Oficina de Derechos Lingüísticos. Según Plataforma per la Llengua, la tarea que hace la entidad en defensa del catalán en casos como estos es el motivo que se esconde detrás de la voluntad de la derecha y la ultraderecha balear.