La tributación del Salario Mínimo Interprofesional vuelve a poner de manifiesto la división entre el PSOE y Sumar. La decisión de los socialistas de hacer tributar a algunos de los perceptores del SMI (dejando de adaptar el mínimo exento como se había hecho hasta ahora) levantó la crítica y los recelos de los de Yolanda Díaz y de los socios parlamentarios habituales. Como respuesta a la actuación del Ministerio de Hacienda, capitaneado por María Jesús Montero, el PP, Sumar y Podemos registraron tres proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para enmendar la posición de los socialistas. Y ahora hay un nuevo pulso entre Montero y Díaz. El Ministerio de Hacienda ha anticipado que, haciendo uso de las prerrogativas que le da la Constitución, la semana que viene vetará las proposiciones de ley que quieren eximir de tributación el SMI. La rama socialista del Gobierno pretende impedir que se tramitan. Ahora bien, en paralelo, Sumar anticipa que levantará el veto en la Mesa del Congreso sumando sus votos a los del PP. La pinza habitual al órgano de gobierno de la Cámara Baja es entre el PSOE y Sumar, que controlan los tempos parlamentarios a su antojo y cierran la puerta a las reiteradas demandas de los populares. Pero ahora las alianzas serán diferentes.

🔎 La batalla fratricida entre el PSOE y Sumar por el SMI erosiona la coalición y la relación con los socios

 

“Si consideramos que el Gobierno está persiguiendo que el SMI ya no sea un salario de subsistencia, sino que sea un salario acorde con las necesidades básicas de las familias, esto significa tener derechos y deberes respecto a estos salarios”, argumentó hace un mes María Jesús Montero, que abogó por la “pedagogía” para no incurrir en el “populismo fiscal”. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda defendió que el nuevo SMI es un “sueldo digno” que deja atrás los 735 euros de SMI de Mariano Rajoy, con los que las familias “apenas podían subsistir y llegar a fin de mes”. “Entonces, tenía sentido que ese salario tan exiguo se acompañara de una total exención fiscal y se tratara como si fuera una renta de inserción o una prestación”, verbalizó.

Ahora bien, lejos de los razonamientos del PSOE, Yolanda Díaz insiste en su apuesta para dejar el SMI fuera de la tributación del IRPF. “La pregunta no es si subir o bajar impuestos, la pregunta es quién tiene que pagar impuestos. Creemos que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo”, sostuvo hace semanas después del Consejo de Ministros. Y reconoció que se enteró de la decisión de Hacienda por la prensa. Fuentes de su entorno reiteraban el día siguiente en el patio del Congreso su apuesta por una “tributación justa” y reconocían “profundas discrepancias” con María Jesús Montero. “Nuestra posición es clarísima”, insistían. Y por ello Sumar presentó una proposición de ley como respuesta a un anuncio del PSOE “unilateral y sin consenso”. “Debería cambiar de opinión para garantizar que las personas que están en la parte más baja de la pirámide salarial no sufran mayor presión fiscal”, esgrimían fuentes de Sumar. Y esta es la ley que ahora el PSOE quiere hacer descarrilar.