La crisis en el Parlament por las licencias de edad todavía colea. La secretaria general de la cámara catalana, Esther Andreu, ha decidido deshacer el traspaso de competencias que se hizo efectivo el pasado julio, cuando delegó la dirección de los servicios jurídicos del Parlament al letrado mayor, Miquel Palomares, y también la competencia de prestar asesoramiento jurídico especializado en cuestiones relacionadas con las funciones de la Mesa y la Junta de Portavoces al letrado raso Antoni Bayona. Todo, se enmarca dentro del último episodio de un largo serial derivado de un choque a raíz de un informe sobre las licencias de edad, una medida que permitía que los trabajadores cobraran a pesar de no trabajar a partir de los 60 años.
Con el estallido de la crisis por esta cuestión, Andreu encargó a los servicios jurídicos de la cámara un informe sobre las licencias de edad. En una reunión de los letrados, sin embargo, se constataron opiniones muy diversas, una situación que dificultaba la elaboración de un informe conjunto, por lo que Andreu pidió a otro letrado que hiciera una síntesis. Según la ACN, este compendio, que no estaba consensuado, fue registrado en la cámara, cosa que provocó unas escenas de tensión entre la secretaria general y Palomares a la reunión de la Mesa del miércoles, en la que el letrado se sentía cuestionado por Andreu. Es a partir de esta reyerta en la Mesa que la secretaria general decidió recuperar sus competencias.
El caso de Bayona tiene un poco más de recorrido. Y es que a finales de enero, Andreu y el letrado ya protagonizaron una disputa pública. Bayona envió un escrito a la Mesa en que cargaba contra la secretaria general, y pidió abrir una investigación interna contra ella. En el documento, el exletrado mayor también criticaba las trabas que se habían puesto a la investigación periodística de las licencias de edad del Parlament, y señalaba que se habría podido resolver de manera mucho más rápida si la petición inicial de la información se hubiera atendido correctamente. Y añadía que la información entregada era "notoriamente insuficiente", pero que, sin embargo, Andreu avaló que se hiciera así. La secretaria general negó estas acusaciones, e insinuó que Bayona era el responsable que la información no se diera.
La resolución, en el Boletín Oficial
Esther Andreu argumenta que ha tenido que tomar esta decisión después de haber comprobado que las delegaciones de funciones hechas inicialmente "no aseguraban poder cumplir satisfactoriamente con las atribuciones que corresponden a la Secretaría General". La medida ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) a través de dos resoluciones firmadas por la misma secretaria general. En ellas, Andreu resuelve "dejar sin efecto" la asignación de las funciones a Palomares y Bayona. Y lo hace amparándose, en los dos casos, en las competencias que le atribuyen los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlament de Catalunya.
Privilegios en la cámara
Desde el año 2008 el Parlament adoptaba la figura laboral de la licencia por edad. Se trataba de un permiso que permitía que las personas que hacía 15 años que trabajaban en la cámara pudieran dejar su puesto de trabajo y seguir cobrando el sueldo hasta que se jubilaran. Costaba 1,7 millones de euros anuales. Esta información publicada por el diario Ara levantó polvareda. Ernest Benach, quien era presidente de la cámara cuando esta licencia se aprobó, pidió tener en cuenta el contexto de hace 14 años para entender la medida. "El contexto del 2008 no es el del 2022", insistió. El expresidente del Parlament recordó que crear esta figura era aceptable entonces, y que seguramente las personas que lo avalaron entonces ahora ya no tomarían la misma decisión. En su momento, Benach recuerda que la medida generó un consenso unánime, que hoy sería diferente.
De hecho, la Mesa y la Comisión de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda aprobaron en 2017 cambiar las condiciones para aprobar las licencias y poder concederlas sin cuestionar políticamente la vigencia". Las pruebas que demuestran que los debates sobre las licencias y el acuerdo tuvieron lugar figuran en los acuerdos de las sesiones de la Mesa publicadas en la web del Parlament, el Boletín Oficial del Parlament y el Diario de Sesiones. Así, nueve años después de que se introdujeran durante la presidencia de Ernest Benach, las normas que regulaban estos privilegios fueron actualizadas. Tal como figura en los registros, todo el mundo votó a favor con una única abstención. Según este último registro, la aprobación de los cambios fue motivo de carcajadas.
Borràs acaba con las licencias
Bajo la presidencia de Laura Borràs, la Mesa del Parlament acordó el 25 de enero eliminar del todo las licencias de edad para funcionarios de la Cámara. Los mecanismos para eliminar esta anomalía se activaron la semana anterior, después de la primicia del diario Ara. La Mesa se comprometió a poner fin a esta anomalía: Laura Borràs propuso eliminar el artículo 79 del Estatuto del Régimen de Gobierno Interno que recogía este privilegio, y así lo suscribieron todos los secretarios, según fuentes parlamentarias y de la presidencia.