El nuevo fiscal General del Estado, José Manuel Maza, está dispuesto a combatir el escepticismo de algunos hacia la justicia. Pero en su camino, será escrutado por la mirada expectante del independentismo catalán. Maza ha comparecido este jueves en el Congreso como trámite prescriptivo antes de ser nombrado oficialmente. Es ahí donde ha esquivado las preguntas del PDECat y ERC sobre "judicialización de la política", un día después de que se aprobara el suplicatorio para juzgar al exconseller de la Presidència, Francesc Homs, por el 9-N. Así las cosas, Maza calla: "Yo ahora no me puedo pronunciar", ha cerrado.
El silencio "inquieta y hace sospechar", según fuentes parlamentarias del espectro soberanista han explicado a El Nacional. Eso, después de que la diputada del PDECat, Lourdes Ciuró, haya pedido a Maza sobre la presunta "afinación" de expedientes en la Fiscalía o sobre cómo garantizaría la autonomía, ante la voluntad de su predecesora, María Consuelo Madrigal, de asumir personalmente querellas a políticos independentistas. Ello vino por la disparidad de criterios del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, quien no vio delito en la causa de Homs, pero más tarde el Supremo sí.
A sus preguntas, se han sumado las de la diputada de ERC, Ester Capella, interpelando sobre las querellas a las alcaldías independentistas, la "catalanofobia" o la presunta voluntad de persecución de aquellos que pongan "las urnas" en el marco del proceso.
Así y todo, Maza se ha mostrado imperturbable en todo momento. "Esperen ustedes por mi actuación. A cada ámbito le corresponderá su escenario, formas y soluciones", ha dicho ante la insistencia de las diputadas. En este sentido, se ha comprometido a estudiar aquello de la "catalanofobia, los alcaldes, las urnas", como ha dicho. Pero no es de esperar un cambio de rumbo, más que de persona, en tanto que ha alabado la acción de Madrigal. De ella ha dicho que había dotado la Fiscalía "de amplio capital de respeto" y que su ámbito de actuación, como sucesor, también sería el de la ley.
Sin embargo, no es la primera vez que el nuevo fiscal general esquiva las preguntas sobre cuál será su gestión en materia de soberanismo. Ya el día que fue nombrado por el Consejo de Ministros había evitado pronunciarse. "Ahora no puedo hablar", dijo entonces. Así y todo, dos semanas después de que incluso el Consejo General del Poder Judicial haya emitido un informe de idoneidad, ha tenido tiempo de digerir el encargo. La estrategia respondería quizás al intento de no causar el revuelo de Madrigal en la inauguración del año judicial, cuando dijo que "la única libertad nacía de la ley".
De hecho, las fuentes consultadas ven en Maza y el aparato judicial un papel clave, después del episodio de aprobar suplicatorio de Homs. Éstas piensan que los tempos que regirán en adelante serán sintomáticos de la estrategia que quiere seguir el Estado. Es decir, que para las fuentes, el Gobierno habría entrado en un callejón del que creen que difícilmente podrá salir sin perder "autoridad", si no se congela la interposición de las querellas.
Pero es precisamente en la autonomía donde ha puesto la tónica en su discurso y respuestas a los diputados de la comisión de justicia. "En mi persona, está completamente garantizada. Tanto el Gobierno, como el ministro de Justicia me respetarán. Yo he hablado con él (Rajoy) y me ha transmitido esta sensación. Llevo muchos años haciendo juicios y sé cuando alguien me está mintiendo. No pretendamos que el Gobierno sea amigo del fiscal, ni el fiscal amigo del Gobierno, la colaboración entre ellos tiene que ser sólo desde el respeto institucional", ha concluido a las interpelaciones.