La ley de amnistía sigue enfrentando el Partido Popular y el Gobierno. La Moncloa urge que el Tribunal Supremo aplique la norma del olvido penal “con arreglo a su tenor literal” a fin de que Carles Puigdemont pueda volver a Catalunya con libertad, mientras los populares siguen abanderando el posicionamiento del Alto Tribunal como principal ariete para evitar la exoneración del presidente en el exilio. Este lunes, el centro de todos los golpes procedentes de Génova ha sido el ministro Óscar Puente. En una entrevista a primera hora en Las Mañanas de RNE, Puente ha puesto en duda la interpretación que hace el Supremo de la amnistía: “No tiene por dónde agarrarse. Los tribunales no pueden extralimitarse a la hora de interpretar la ley diciendo que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que había costado la campaña de la independencia”, ha argumentado. Y ha recordado que “hay tribunales en España que se pronunciarán” sobre esta cuestión: “Espero que lo haga el Tribunal Constitucional”, ha subrayado, y ha apuntado que la maniobra del Supremo lo único que conseguirá es “retrasar la implementación” de la norma del olvido penal.
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Las palabras de Óscar Puente llegan a consecuencia de la decisión que tomaron los jueces del Supremo a principios de julio de no aplicar la amnistía a la malversación atribuida al referéndum del 1 de octubre. Pablo Llarena se negó a amnistiar a Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig y mantuvo en vigor las órdenes españolas de detención (de aquí el regreso misterioso y fugaz de Puigdemont la semana pasada) y la Sala Segunda, presidida por Manuel Marchena, también evitó extinguir las inhabilitaciones de Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Aunque el texto de la ley es meridianamente claro estableciendo que la malversación entra en el perímetro de la amnistía “siempre que no haya habido propósito de enriquecimiento”, el Supremo esgrimía que todos estos casos quedaban fuera porque los consellers del 1-O “decidieron cargar en los fondos públicos el coste” de unas iniciativas sin “ningún interés público” con el objetivo de “no tener que atender ellos el coste inherente a sus iniciativas personales” y “eludir sufragar sus deseos con detrimento de su fortuna personal”.
Y hoy el PP ha visto en las declaraciones de Óscar Puente una nueva brecha para armar la crítica contra el Gobierno. Esta mañana, la vicesecretaria de Organización Territorial, Carmen Fúnez, ha ofrecido una rueda de prensa para valorar la actualidad política sin pronunciar ninguna palabra sobre este tema. Ahora bien, justo cuando la ha acabado, la formación ha detectado la ventana de oportunidad que se le abría y Fúnez ha reaparecido en la sala de prensa pocos minutos después para posicionarse. La dirigente popular ha censurado que el ministro Puente se dedique a “insultar” y “descalificar” y a “decir a los jueces del Supremo y del Tribunal Constitucional lo que tienen o lo que no tienen que hacer”. “Puente es la voz de Sánchez, y ni Puente ni Sánchez tienen el más mínimo respeto ni por el Supremo ni por el TC, porque de sus palabras se desprende que consideran el TC patrimonio propio”, ha afirmado.
Carmen Fúnez ha reprobado que Pedro Sánchez “pretenda poner la Justicia al servicio de sus intereses y del mantenimiento de su sillón”. Por este motivo, el PP exige una “rectificación inmediata” al ministro Puente por un pronunciamiento que “no respeta a los jueces” y pide a Sánchez que “manifieste si comparte o no la opinión del ministro sobre el control que pretende ejercer” sobre el Supremo y sobre el TC. “Según el ministro, las resoluciones judiciales tienen que responder no a la Justicia ni a las leyes, sino a los intereses de Sánchez”, ha concluido Fúnez.
El PP reclama “menos fanfarronadas” y denuncia la “gravedad” y el “peligro” de las declaraciones de Puente
Las críticas también han ido llegando en cascada a través de Twiter, con mensajes que han combinado la crítica a las palabras de Óscar Puente con la reprobación de su actuación como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, después de los incidentes de los últimos días. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, ha utilizado la ironía: “Para Puente, es una extravagancia que alguien haga su trabajo, pero tendría que probarlo”. Y le ha pedido que haga “menos fanfarronadas contra los jueces” y dedique “más horas al despacho para arreglar los trenes”. En la misma línea, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, le ha lanzado que “no sabe gestionar su ministerio”, pero “dice a los jueces como aplicar la ley”. “Señor ministro, no se extralimite y ocúpese de lo suyo, que no va bien”, ha remachado.
Más críticas. Ester Muñoz, vicesecretaria de Sanidad y Educación, ha denunciado la “gravedad” y el “peligro” de las declaraciones de Óscar Puente y ha reprobado que el ejecutivo “utilice el Tribunal Constitucional para borrar el Poder Judicial”. Por su parte, Paloma Martín, senadora y vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, ha criticado que la Moncloa “vuelva a utilizar su bola de cristal” con el TC y ha alertado que vaya a “cara descubierta” evidenciando que “controla las instituciones del Estado a placer” para “conseguir sus objetivos, aunque implique su degradación.”
La diputada Miriam Guardiola ha considerado que el hecho de que Puente “anticipe” que el TC “corregirá” el Supremo es “lamentable” y “temerario”. Y la portavoz de Justicia del PP en el Congreso, María Jesús Moro, que participó en la tramitación de la ley de amnistía en la cámara baja, reclama que es “imprescindible” que alguien en el TC “defienda la institución”, ya que si “se mantiene en silencio ante estas afirmaciones de ministros del Gobierno”, estará “ratificando que actúa al dictado del ejecutivo”.
Junts anima a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a actuar contra los jueces del Supremo
Quien también se ha pronunciado sobre esta cuestión es uno de los principales actores implicados: Junts per Catalunya. En la rueda de prensa en la que ha anunciado que el partido celebrará un congreso a finales de octubre, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha apelado directamente al Gobierno y ha señalado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Mientras Óscar Puente ha afirmado que la Moncloa “ha hecho lo que podía y lo que tenía que hacer” con la tramitación y la aprobación de la ley de amnistía y ha señalado que “ahora toca a la Judicatura hacer lo que corresponde”, Jordi Turull considera que el Gobierno “podría hacer bastante más”.
“Cuando tú sabes que un juez no aplica una ley, que es muy clara, es un juez que no está cumpliendo la ley. Y, de la misma forma que se actúa jurídicamente contra aquel que dicen que no cumple la ley, tendrían que hacerlo también contra los jueces que han decidido no aplicar la ley contra determinadas personas”, ha esgrimido Jordi Turull. El secretario general de Junts ha recordado que “el estado y el Gobierno” tienen “mecanismos para actuar jurídicamente” y no hacerlo solo “contra jueces cuando afecta a algún familiar tuyo”, en relación con la querella que Pedro Sánchez presentó, a través de la Abogacía del Estado, contra Juan Carlos Peinado, el juez que está investigando Begoña Gómez. Turull ha reclamado a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado que actúen “hacia los jueces que se están riendo del Congreso de los Diputados”.