La comisión del Congreso de los Diputados que aborda el pacto de Estado contra la violencia de género ha aprobado este lunes un informe para renovar este acuerdo. Ahora solo falta que el Pleno avale este documento, que plantea con 462 medidas los nuevos objetivos de este pacto de estado. Como novedades respecto del anterior pacto, se pretende castigar con penas de prisión la pornografía no consentida generada con inteligencia artificial (fenómeno conocido como deepfake), reconocer la violencia digital y económica como una forma más de ejercer violencia contra las mujeres, e intensificar la lucha contra la violencia vicaria. Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de esta hoja de ruta, excepto Vox.
Violencia económica
Una de las grandes novedades de este nuevo pacto de estado es el abordaje de la violencia económica, sin limitarla únicamente al impago de las pensiones. El documento plantea perseguir el control en el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios. Es decir, castigar a los agresores que fomentan la dependencia económica de la mujer respecto del hombre con el fin de retenerlas a ellas o a los hijos. Así el concepto violencia económica incluirá conductas como las estafas, las apropiaciones indebidas o la administración desleal del dinero. La dependencia económica es precisamente uno de los motivos que a menudo imposibilitan que una mujer escape del abuso.
Ciberdelincuencia: inteligencia artificial y 'deepfake'
Hay una novedad en este nuevo pacto de estado que se adapta a los nuevos contextos de ciberdelincuencia: se pretende que la violencia digital también sea tipificada como delito y que se castigue con pena de prisión el uso de la inteligencia artificial para crear pornografía falsa no consentida: el deepfake consiste, fundamentalmente, en colocar falsamente la cara de una persona sobre el cuerpo de un actor o actriz porno, o bien generar imágenes de falsa desnudez a partir de una foto verdadera de una persona. De la misma manera, el pacto pide que se preste asistencia a las víctimas de este tipo de delito, y que se apruebe una ley para proteger a los menores en el entorno digital.
Violencia vicaria
En el nuevo pacto, los hijos de las mujeres maltratadas son considerados también víctimas. Así, se pretende evitar que se acuerden o se mantenga la convivencia con el padre. El acuerdo reclama también que la red asistencial también les preste la misma atención que a las mujeres maltratadas, y que haya más mecanismos de detección precoz.
Violencia de género
El texto aprobado este lunes recomienda, en el ámbito de la pareja y la expareja, suprimir las atenuantes de confesión y reparación del daño, ampliar los criterios de riesgo para la concesión de órdenes de protección y permitir dictar prohibición de acercamiento cuando el agresor rompa la condena. También se pide un plan de intervención para aquellas víctimas que no denuncien o desistan a medio proceso. Otra medida es que todos los procesos se aglutinen en un único organismo judicial y que los juzgados de familia y primera instancia tengan que consultar antecedentes por violencia de género en procesos con menores.
Prostitución y colectivos vulnerables
El nuevo pacto de estado también exige adaptar todas estas políticas a la diversidad de las mujeres: personas con discapacidad, inmigrantes, trans, del entorno rural, con adicciones, problemas de salud mental, etc. El documento también pide que se apruebe una ley contra el tráfico de personas, que se desincentive el consumo de prostitución y que se luche contra el proxenetismo.