El pulso de los políticos independentistas con el Tribunal de Cuentas no se limita a los avales por las fianzas. La defensa de Carles Puigdemont, que encabeza Gonzalo Boye, ha presentado un escrito ante la sección de enjuiciamiento de este organismo en que reclama información sobre "anomalías" en el procedimiento que habrían sido denunciadas por dos de los consejeros del propio tribunal.

El escrito presentado por Boye se refiere a una noticia que publicó Infolibre a principios de julio. Según esta información, consejeros del Tribunal de Cuentas adscritos al sector progresista advirtieron sobre anomalías e incumplimientos con la legislación vigente en el informe de la causa abierta contra los 34 ex altos cargos del Govern a los cuales se responsabiliza de promocionar el procés con la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017.

Tres miembros progresistas

En concreto, según este medio, alertaron de que el informe aprobado en marzo del 2019 por el Tribunal de Cuentas se presentó ante el pleno con "incomprensible urgencia", sin tiempo para examinarlo y sin que se les ampliara el plazo para el análisis del documento.

Se advirtió, además, que no se había dado posibilidad a la presentación de alegaciones por parte de las entidades públicas de la Generalitat con personalidad jurídica propia, lo cual contradice la doctrina de TJUE, y se cuestionó el hecho de que se incorporaban hechos sustentados en notas de prensa y no en documentos oficiales.

Estas circunstancias provocaban, según la consejera Enriqueta Chicano, escogida a propuesta del PSOE, "incertidumbre e inseguridad jurídica".

Dos votos concurrentes

De hecho, en el informe final del Tribunal de Cuentas figura un voto particular de Dolores Genaro, muy contundente, sin embargo, según esta información de Infolibre, dos miembros más, Enriqueta Chicano y Felipe García, a pesar de votar con la mayoría, presentaron votos recurrentes, es decir, un texto donde exponían sus discrepancias, a pesar de apoyar la aprobación del informe.

Son estos votos recurrentes los que reclama Boye. El abogado pide que se les indique en qué parte de la documentación que se les entregó figuran; reclama que, en caso de que no estén incorporados, se les haga llegar copia; y que, además, se les den explicaciones sobre la razón por la cual no se les facilitaron los votos recurrentes de Enriqueta Chicano y Felipe García.

Fianzas

La defensa de Puigdemont ha impulsado este recurso mientras el Tribunal de Cuentas se encuentra ya en pleno proceso de presentación de las fianzas de los 34 ex altos cargos del ejecutivo investigados por la acción exterior del Govern. Entre los investigados figuran los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, los consellers Raül Romeva, Francesc Homs y Andreu Mas Colell, o el exsecretario general del Diplocat Albert Royo.

El Institut Català de Finances aprobó ayer por la noche cubrir el Fondo Complementario de Riesgos del Govern y ha hecho llegar la documentación pertinente a 29 de los encausados para que la presenten ante el Tribunal. Otros cuatro exmiembros del Govern han presentado sus propios avales ―dos de ellos con fianzas y dos con propiedades―. El Tribunal de Cuentas les reclama 5,4 millones, a los cuales tienen que responder de manera solidaria. Aunque el plazo para presentar las fianzas acababa ayer a las 12 de la noche, el tribunal ha aceptado otorgar dos días más de margen para poder concretar la documentación del ICF.

 

En la imagen principal, Carles Puigdemont y el abogado Gonzalo Boye en una imagen de archivo / Sergi Alcàzar