El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha defendido que España no puede encerrar a los demandantes de asilo en los Centros de Internamiento de Extranjeros por falta de plazas en centros de acogida. A raíz de una pregunta prejudicial de un juzgado de Las Palmas por el caso de 26 subsaharianos que pidieron protección internacional, el letrado del TJUE ha asegurado que es "inadmisible" internar a personas que han pedido protección sólo por falta de espacio, ya que se trata de una "grave injerencia" en su derecho a la libertad, en contra de lo que defendía la fiscalía española.
También en contra del criterio de las autoridades españolas, el letrado ha concluido que los juzgados de instrucción son autoridades competentes para recibir solicitudes de asilo. Y considera que no es razonable excluir a los jueces de instrucción de este procedimiento porque son una de las primeras autoridades ante las cuales los extranjeros tienen la oportunidad de pedir el asilo. Ahora queda en manos del TJUE decidir sobre este caso en los próximos meses.
Los hechos se remontan adiciembre del 2019, cuando la policía española detuvo a 45 personas de origen subsahariano que intentaban llegar a Gran Canaria y, como no pudieron ejecutar inmediatamente su devolución, pidieron al juzgado de instrucción su internamiento. Los detenidos expresaron su deseo de pedir protección internacional en España y el magistrado ordenó a las autoridades policiales que registraran las solicitudes y fueran alojados en centros de acogida humanitarios. Pero sólo había 12 plazas libres y 14 de ellos acabaron en Centros de Internamiento para Extranjeros.
La Fiscalía recurrió la decisión alegando que el juez de instrucción no es competente para recibir una solicitud de protección internacional y que se había excedido. Además, argumentaba que la petición de asilo no podía obstaculizar su petición para internarlos a todos en un CIE. Por su parte, la abogada de uno de los afectados también recurrió la decisión denunciando que las autoridades no le podían encerrar en un CIE de acuerdo con la legislación europea.